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Querellantes critican inacción del SII y la Fiscalía en Caso Endesa

La petición de la Fiscalía de España a que en Chile se investigue a Endesa por dineros pagados a campañas políticas, ha generado reacciones adversas al actuar tanto del Ministerio Público, como del SII, debido a que los antecedentes existían desde hace más de 15 meses. Parlamentarios de Chile Vamos acusaron parcialidad en el trato del SII, en tanto el abogado Mauricio Daza criticó la "inacción" de las instituciones fiscalizadoras.

Claudio Garrido

  Martes 20 de septiembre 2016 20:40 hrs. 
endesa

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Una nueva empresa ha sido vinculada a pagos irregulares en campañas políticas. Se trata de Endesa, firma española, cuyo país de origen ha solicitado a Chile investigar posibles casos de corrupción cometidos por las filiales nacionales de aquella compañía.

Esto está enmarcado en pagos que ascienden a los 3,5 millones de dólares efectuados desde Enersis y Endesa Chile a operadores políticos de diversos sectores en la campaña electoral de 2013, principalmente de la Nueva Mayoría.

Según indica un oficio emitido por la Fiscalía Contra la Corrupción y Criminalidad Organizada española, los dineros tuvieron como fin conseguir “determinados permisos para la implementación de una central hidroeléctrica en el territorio de Neltume”, en la Región de Los Ríos.

Dentro de las personas involucradas que recibieron estos pagos, se nombran a Giorgio Martelli, el ex senador de RN Ignacio Pérez Walker y el yerno y ex recaudador de campaña de Eduardo Frei, Pedro Yaconi. Todo esto, mientras presidía la compañía en Chile Jorge Rosenblut.

La fiscalía española ha solicitado a Chile antecedentes de posibles acciones constitutivas de delito, por lo cual la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte ha decidido abrir una investigación para confirmar posibles delitos de cohecho.

Actualmente las diligencias quedaron en manos de la fiscal Ximena Chong.

Sin embargo, estos antecedentes estuvieron en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos al menos desde junio del año pasado, y hasta la fecha no se había llevado adelante ninguna acción judicial para perseguir responsabilidades, lo que implicó que la causa quedara paralizada en Fiscalía hasta ahora.

En tanto, abogados querellantes critican la inacción de Impuestos Internos y agregaron que estos antecedentes estaban en conocimiento también de la investigación del caso Soquimich, liderada por el fiscal Pablo Gómez, del cual también fustigaron la lentitud en avanzar en esta arista.

El abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente Mauricio Daza calificó de impresentable esta situación, criticando la inacción de las instituciones fiscalizadoras.

“Es claro que ni el Servicio de Impuestos Internos ni el fiscal nacional están cumpliendo con lo que es su deber institucional, en cuanto a que se indaguen estas aristas. Por el contrario, solamente escuchamos excusas para los efectos de señalar los motivos de una inacción que es realmente impresentable en el contexto de un Estado democrático de derecho en forma.”, expresó Daza.

El abogado, quien también es querellante en el caso Penta, agregó que “la verdad que en esta materia nuestras instituciones no funcionan cuando se trata de investigar a personas que están vinculadas al poder político y económico en nuestro país y que habría cometido actos ilegales”.

El jurista también deslizó responsabilidades personales, y dijo que tanto el Fiscal Nacional, como el Director del Servicio de Impuesto Internos no están haciendo el trabajo encomendando por la ley.

“Es claro que Jorge Abbott, fiscal nacional del Ministerio Público, no está a la altura del cargo que ostenta, específicamente a partir de las obligaciones que establece para el jefe del Ministerio Público tanto la constitución como la ley, lo mismo que el director del Servicio de Impuestos Internos, el señor (Fernando) Barraza” indicó el abogado.

“Desde esa perspectiva acá, a la vista y paciencia de toda la comunidad se observa como dos autoridades de alta jerarquía sencillamente no cumplen con su obligación cuando se trata de investigaciones sobre casos vinculados al financiamiento ilegal de campañas políticas de diversos sectores por parte de grupos económicos”, dijo Daza.

A juicio de Mauricio Daza no hay mucha esperanza de que se pueda esclarecer la verdad lo sucedido, debido la conducta del Fiscal Nacional en casos de esta naturaleza. Concluyó que en un organismo jerarquizado como el Ministerio Público, “las instituciones funcionan a veces y solamente cuando personas que no estén ligadas al poder se encuentren involucradas”

Chile Vamos acusa parcialidad de Impuestos Internos

Consultada acerca de esta situación, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) expresó que la inacción de Impuestos Internos frente a un caso que nuevamente toca a la Nueva Mayoría es una muestra más de la parcialidad con la que estaría actuando el servicio frente a estos hechos.

“Yo creo que eso lo que demuestra es la diferencia de trato que ha habido del ministerio público y de los fiscales, en la investigación de los casos, dependiendo a quien se le acusa de estos eventuales delitos o faltas”, dijo la senadora.

Jacqueline Van Rysselberghe agregó que “Es parte de lo mismo, el Servicio de Impuestos Internos también ha tenido una acción súper parcial. Y esto es una muestra más de lo que nosotros venimos anunciando desde un comienzo. Nosotros no decimos que no se investigue. Pero que se investigue con el mismo rigor a todos” indicó la parlamentaria.

Por su parte, el diputado Diego Paulsen (RN) expresó que “claramente el Servicio de Impuestos Internos es un servicio que se ha politizado bastante, y ha servido en estos casos de financiamiento irregular para poder proteger a la familia presidencial, a la propia Presidenta de la república, y más aún yo me atrevería a decir que a la propia Nueva Mayoría, porque los casos de financiamiento irregular de la Nueva Mayoría se han omitido las acciones correspondientes. En cambio a quienes han sido vinculados -y me parece bien que así sea- de la oposición, inmediatamente las querellas son presentadas”.

El diputado Paulsen concluyó que la omisión del SII es impresentable y que reafirma los cuestionamientos a la entidad estatal, que se ven agravados al tener que haber sido un organismo internacional quien solicitara que se investigara este caso en particular.

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