La Contraloría General de la República elaboró un informe sobre la gestión de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) entre 2011 y 2015, respecto al cumplimiento de las funciones contempladas en la Ley de Pesca aplicadas desde la región de Los Lagos a la región de Magallanes.
La auditoría evaluó los estudios, reportes e informes técnicos que impulsó el organismo para proteger los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente. También, analizó si efectivamente se terminaron aquellas concesiones que no se ajustaban a la normativa medioambiental.
Dentro de sus principales resultados, se estimó que Subpesca no cuenta con un catastro actualizado y completo sobre las resoluciones de calificación ambiental que aprueban proyectos acuícolas. Además, que no ha dictado el reglamento específico para establecer las condiciones sobre el tratamiento y la disposición final de los desechos sólidos y líquidos, orgánicos e inorgánicos de esta actividad, luego de seis años de dictarse la Ley de Pesca.
Para el vocero del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condep), Cosme Caracciolo, este es un informe acotado porque debería evaluar la gestión del organismo durante los últimos veinte años, y revisar todas las denuncias que han realizado las organizaciones de pescadores artesanales por irregularidades de las empresas pesqueras.
“Se han hecho muchas denuncias por ejemplo en el caso de sobreposiciones. Se entregan ciertas coordenadas donde la industria debe instalar su balsa-jaula y tú vas al lugar y no se encuentran ahí, se corren de acuerdo a la capacidad de carga que tienen. Ante esto, la Subsecretaria nada ha dicho, no han controlado porque reclaman que no tienen los medios para hacerlo”, comentó.
El diputado del PPD e integrante de la comisión de pesca de la Cámara Baja, Cristián Campos, aseguró que este es un llamado de atención para el subsecretario Raúl Súnico.
En ese sentido, el parlamentario reconoció algunas medidas de fiscalización en las que se hace urgente avanzar. “Estamos muy atrasados porque debe haber un monitoreo mucho más flexible. El sector artesanal muchas veces existiendo especies en el mar solicitan flexibilidad y si no se están realizando de manera adecuada, entonces, seguimos al debe”, recalcó.
Para la directora ejecutiva de Oceana, Lisbeth Van der Meer, preocupa el número de concesiones emplazadas en lugares saturados donde Subpesca no ha establecido su cuota máxima de productividad.
Esto ha generado grandes cambios en los ecosistemas sobre todo en las zonas australes que han sido muy poco estudiadas, reconoció la especialista.
“Un 53 por ciento de las concesiones se encuentran en estado anaeróbico en la región de Magallanes y un 32 por ciento en Aysén, lo que quiere decir que esas concesiones que en algún momento se entregaron ya no se pueden utilizar porque los sedimentos taparon de tal forma el ecosistema que en esos fiordos ya no queda oxígeno”, explicó.
Además, el informe consigna que el Comité de Defensa del Borde Costero de Puerto Montt ya había solicitado a la Contraloría que se investigara sobre eventuales infracciones ambientales en centros acuícolas de la Región de Los Lagos.
Estas instalaciones no estarían operando conforme a la ubicación estipulada en las resoluciones que las autorizan, específicamente, en materias relacionadas a la localización de las balsas-jaulas de producción.
En definitiva, el órgano contralor recalcó la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de las funciones definidas en la Ley de Pesca a todos los organismos que intervienen en estos procesos donde el resguardo del medio ambiente debe ser el principal factor a considerar.
La Contraloría otorgó un plazo de 60 días para que Subpesca responda a estos puntos cuestionados donde también se plantean sugerencias para mejorar la labor del organismo.
La Contraloría General de la República elaboró un informe sobre la gestión de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) entre 2011 y 2015, respecto al cumplimiento de las funciones contempladas en la Ley de Pesca aplicadas desde la región de Los Lagos a la región de Magallanes.
La auditoría evaluó los estudios, reportes e informes técnicos que impulsó el organismo para proteger los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente. También, analizó si efectivamente se terminaron aquellas concesiones que no se ajustaban a la normativa medioambiental.
Dentro de sus principales resultados, se estimó que Subpesca no cuenta con un catastro actualizado y completo sobre las resoluciones de calificación ambiental que aprueban proyectos acuícolas. Además, que no ha dictado el reglamento específico para establecer las condiciones sobre el tratamiento y la disposición final de los desechos sólidos y líquidos, orgánicos e inorgánicos de esta actividad, luego de seis años de dictarse la Ley de Pesca.
Para el vocero del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condep), Cosme Caracciolo, este es un informe acotado porque debería evaluar la gestión del organismo durante los últimos veinte años, y revisar todas las denuncias que han realizado las organizaciones de pescadores artesanales por irregularidades de las empresas pesqueras.
“Se han hecho muchas denuncias por ejemplo en el caso de sobreposiciones. Se entregan ciertas coordenadas donde la industria debe instalar su balsa-jaula y tú vas al lugar y no se encuentran ahí, se corren de acuerdo a la capacidad de carga que tienen. Ante esto, la Subsecretaria nada ha dicho, no han controlado porque reclaman que no tienen los medios para hacerlo”, comentó.
El diputado del PPD e integrante de la comisión de pesca de la Cámara Baja, Cristián Campos, aseguró que este es un llamado de atención para el subsecretario Raúl Súnico.
En ese sentido, el parlamentario reconoció algunas medidas de fiscalización en las que se hace urgente avanzar. “Estamos muy atrasados porque debe haber un monitoreo mucho más flexible. El sector artesanal muchas veces existiendo especies en el mar solicitan flexibilidad y si no se están realizando de manera adecuada, entonces, seguimos al debe”, recalcó.
Para la directora ejecutiva de Oceana, Lisbeth Van der Meer, preocupa el número de concesiones emplazadas en lugares saturados donde Subpesca no ha establecido su cuota máxima de productividad.
Esto ha generado grandes cambios en los ecosistemas sobre todo en las zonas australes que han sido muy poco estudiadas, reconoció la especialista.
“Un 53 por ciento de las concesiones se encuentran en estado anaeróbico en la región de Magallanes y un 32 por ciento en Aysén, lo que quiere decir que esas concesiones que en algún momento se entregaron ya no se pueden utilizar porque los sedimentos taparon de tal forma el ecosistema que en esos fiordos ya no queda oxígeno”, explicó.
Además, el informe consigna que el Comité de Defensa del Borde Costero de Puerto Montt ya había solicitado a la Contraloría que se investigara sobre eventuales infracciones ambientales en centros acuícolas de la Región de Los Lagos.
Estas instalaciones no estarían operando conforme a la ubicación estipulada en las resoluciones que las autorizan, específicamente, en materias relacionadas a la localización de las balsas-jaulas de producción.
En definitiva, el órgano contralor recalcó la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de las funciones definidas en la Ley de Pesca a todos los organismos que intervienen en estos procesos donde el resguardo del medio ambiente debe ser el principal factor a considerar.
La Contraloría otorgó un plazo de 60 días para que Subpesca responda a estos puntos cuestionados donde también se plantean sugerencias para mejorar la labor del organismo.
La Contraloría General de la República elaboró un informe sobre la gestión de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) entre 2011 y 2015, respecto al cumplimiento de las funciones contempladas en la Ley de Pesca aplicadas desde la región de Los Lagos a la región de Magallanes.
La auditoría evaluó los estudios, reportes e informes técnicos que impulsó el organismo para proteger los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente. También, analizó si efectivamente se terminaron aquellas concesiones que no se ajustaban a la normativa medioambiental.
Dentro de sus principales resultados, se estimó que Subpesca no cuenta con un catastro actualizado y completo sobre las resoluciones de calificación ambiental que aprueban proyectos acuícolas. Además, que no ha dictado el reglamento específico para establecer las condiciones sobre el tratamiento y la disposición final de los desechos sólidos y líquidos, orgánicos e inorgánicos de esta actividad, luego de seis años de dictarse la Ley de Pesca.
Para el vocero del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condep), Cosme Caracciolo, este es un informe acotado porque debería evaluar la gestión del organismo durante los últimos veinte años, y revisar todas las denuncias que han realizado las organizaciones de pescadores artesanales por irregularidades de las empresas pesqueras.
“Se han hecho muchas denuncias por ejemplo en el caso de sobreposiciones. Se entregan ciertas coordenadas donde la industria debe instalar su balsa-jaula y tú vas al lugar y no se encuentran ahí, se corren de acuerdo a la capacidad de carga que tienen. Ante esto, la Subsecretaria nada ha dicho, no han controlado porque reclaman que no tienen los medios para hacerlo”, comentó.
El diputado del PPD e integrante de la comisión de pesca de la Cámara Baja, Cristián Campos, aseguró que este es un llamado de atención para el subsecretario Raúl Súnico.
En ese sentido, el parlamentario reconoció algunas medidas de fiscalización en las que se hace urgente avanzar. “Estamos muy atrasados porque debe haber un monitoreo mucho más flexible. El sector artesanal muchas veces existiendo especies en el mar solicitan flexibilidad y si no se están realizando de manera adecuada, entonces, seguimos al debe”, recalcó.
Para la directora ejecutiva de Oceana, Lisbeth Van der Meer, preocupa el número de concesiones emplazadas en lugares saturados donde Subpesca no ha establecido su cuota máxima de productividad.
Esto ha generado grandes cambios en los ecosistemas sobre todo en las zonas australes que han sido muy poco estudiadas, reconoció la especialista.
“Un 53 por ciento de las concesiones se encuentran en estado anaeróbico en la región de Magallanes y un 32 por ciento en Aysén, lo que quiere decir que esas concesiones que en algún momento se entregaron ya no se pueden utilizar porque los sedimentos taparon de tal forma el ecosistema que en esos fiordos ya no queda oxígeno”, explicó.
Además, el informe consigna que el Comité de Defensa del Borde Costero de Puerto Montt ya había solicitado a la Contraloría que se investigara sobre eventuales infracciones ambientales en centros acuícolas de la Región de Los Lagos.
Estas instalaciones no estarían operando conforme a la ubicación estipulada en las resoluciones que las autorizan, específicamente, en materias relacionadas a la localización de las balsas-jaulas de producción.
En definitiva, el órgano contralor recalcó la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de las funciones definidas en la Ley de Pesca a todos los organismos que intervienen en estos procesos donde el resguardo del medio ambiente debe ser el principal factor a considerar.
La Contraloría otorgó un plazo de 60 días para que Subpesca responda a estos puntos cuestionados donde también se plantean sugerencias para mejorar la labor del organismo.
