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Año XII, 5 de agosto de 2020

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Grandes agricultores en campaña del terror por derechos de agua

Diputados y organizaciones sociales calificaron como “campaña del terror” los dichos del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, en los que aseguró que de aprobarse la reforma al Código de Aguas, el Estado deberá desembolsar 27 mil millones de dólares en concepto de indemnizaciones.

Gonzalo Castillo

  Miércoles 28 de septiembre 2016 20:20 hrs. 





“Si el proyecto se aprueba, el Estado deberá desembolsar alrededor de US$27 mil millones por conceptos de indemnizaciones a agricultores y gestión del recurso”. Con estas palabras, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, se refirió a una eventual aprobación del proyecto de reforma al Código de Aguas, que se tramita en el Congreso.

Las declaraciones de Crespo fueron realizadas este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, que está analizando el proyecto, y en ellas además reiteró la, a su juicio, inconstitucionalidad de la iniciativa ya que “busca limitar la perpetuidad de los derechos de aprovechamiento de agua, cambiando radicalmente su naturaleza jurídica”.

“Es una expropiación encubierta de esos derechos”, concluyó el dirigente de la SNA.

Tanto parlamentarios como organizaciones sociales criticaron duramente estas declaraciones, coincidiendo en que se trata de una “campaña del terror” que estarían instalando los grandes poderes económicos, para evitar que se regulen los derechos de agua frente a la crisis hídrica que está sufriendo el país.

El diputado del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Daniel Núñez, señaló que las declaraciones de Crespo “recuerdan las campañas del terror que, a veces, a uno le parece que estamos viviendo los tiempos de la Guerra Fría o lo que se hacía en el período de la Unidad Popular en contra del gobierno de Allende”.

“Es algo que no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna racionalidad, no responde a ningún análisis y cálculo serio y sobre esta base lo que hay que señalar es que este proyecto de reforma al Código de Aguas es una reforma acotada, lo que hace es limitar el derecho de propiedad sobre un bien nacional de uso público que es el agua, por lo tanto no tiene ningún carácter expropiatorio”, agregó.

Para Daniel Núñez, estas posturas sólo buscan perpetuar el actual modelo de propiedad del agua y el uso “absolutamente irracional” del recurso que no se condice con la escasez que está sufriendo nuestro país, por lo que considera “absurdos” estos planteamientos de la SNA.

De hecho, el actual director general de Aguas, Carlos Estévez, refutó los dichos de Crespo y aseguró que la iniciativa legal “no es retroactiva”, por lo tanto no afectaría los intereses de quienes ya detentan derechos de agua.

Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento por la Defensa del Agua, consideró “impropias” estas declaraciones, ya que, a su juicio, tanto la SNA como el Consejo Minero, “han actuado como poderes fácticos al interior de las comisiones de la Cámara (…) y ambos han insistido en que el Gobierno debe dar certeza jurídica acerca de la propiedad privada del agua no se va a tocar”.

Mundaca enfatiza en que el proyecto que se tramita en la Cámara sólo concierne al 10 por ciento del agua que falta por entregar, sobre la cual se entregarán “concesiones” a 30 años plazo, “es decir no toca el 90 por ciento del agua ya entregada, ni la gratuidad ni perpetuidad con la que fueron entregados esos derechos de aprovechamiento entregados en Dictadura”, por lo que la iniciativa no apunta a desprivatizar las aguas.

“Dicho esto, y con todas sus letras, a mí me parece que las declaraciones de Patricio Crespo son de un carerrajismo total puesto que transcurridos 35 años el modelo privado de aguas se mantiene, y los conflictos que existen en el territorio que enfrentan a las comunidades del norte con la mega minería química a cielo abierto por agua, a las comunidades del centro con el modelo agroexportador por agua, a las comunidades del sur con las hidroeléctricas y forestales por agua, es decir hoy día el Estado chileno es responsable o quienes han administrado el Estado, de la perpetuación de este modelo de aguas”.

Otro personero que intervino en la sesión de la Comisión de Hacienda fue el abogado y ex director de la Dirección General de Aguas en el primer gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Weisner, quien también criticó la iniciativa y que de aprobarse el cuerpo legal podría afectar los derechos de aprovechamiento ya inscritos, además de aseverar que sería muy complejo implementar los cambios al Código de Aguas que plantea el proyecto.

Daniel Núñez manifestó su extrañeza por los planteamientos de Weisner, quien siendo ex director de la DGA, “sabe que esta norma que tenemos no responde a la realidad actual que existe en Chile de escasez de recursos hídricos”, por lo que calificó como “lamentable” que Weisner “se sume al coro de los intereses privados” en esta materia.

“Por lo tanto, a mí me extraña mucho, y más bien podría haber un conflicto de intereses porque él, como abogado, está trabajando para una serie de empresas y dueños de tierra que usan el agua en la forma actual que, derechamente, creen que algunas de estas normativas pueden, a futuro, perjudicar sus intereses”, señaló el parlamentario comunista.

En tanto, para Rodrigo Mundaca el hecho que Weisner “defienda los intereses de privados” en la Comisión de Hacienda, “en la práctica lo que hace es reflejar que nunca tuvo las atribuciones, ni la capacidad ni las competencias, ni la calidad ética y moral para estar al frente de la DGA durante el primer mandato de Bachelet”.

Cabe recordar que Rodrigo Weisner fue cuestionado además por ser abogado patrocinante del proyecto de instalación de una planta de la CCU, del Grupo Luksic, en Paine la cual solicitaba la extracción de grandes cantidades de agua desde los ya agotados acuíferos de la zona, para sustentar sus procesos productivos.

Finalmente, Rodrigo Mundaca señaló que ninguna reforma al Código de Aguas podrá ser realmente efectiva en cambiar la estructura de la propiedad de estos derechos, mientras no se hagan cambios sustantivos en la Constitución, la cual consagra el carácter privado de las aguas en Chile.

Ex director DGA aclara sus dichos en la Comisión de Hacienda

El abogado y ex director general de Aguas, Rodrigo Weisner señaló a Diario y Radio Universidad de Chile que su asistencia a la Comisión de Hacienda respondió a una invitación cursada por la misma instancia, en su calidad de experto en el tema, y por haber trabajado en la anterior reforma de 2005 al Código de Aguas.

Weisner señala que en su alocución ante los diputados les planteó tres temas: “Primero les hice presente que nuestra legislación, en materia de aguas dulces, tiene un déficit y es que el Código de Aguas sólo se preocupa del uso extractivo, es decir el uso que se hace para consumo humano, agricultura, celulosa, agua potable, etc., pero tiene un problema, que es que el agua tiene otras funciones, y tiene una función ambiental, escénica, turística y de ordenamiento territorial, y la reforma que se está proponiendo tiene algunas normas en el camino de subsanar” este déficit.

“Lo segundo que planteé, fue que el proyecto tiene problemas técnicos, errores de redacción graves, por ejemplo, es que en la Comisión de Recursos Hídricos, y también en la de Agricultura, se aprobó una norma que impide a los que tengan juicios pendientes por extracción ilegal de agua, hacer cambios de punto de captación, y yo les expliqué a los diputados que ese es un error, porque juicios pendientes uno puede tener como demandante o demandado, entonces si lo que queremos es castigar a los usurpadores de agua -que me parece bien- la redacción debió haber sido ‘aquellos que hayan sido condenados por el delito de usurpación de agua no podrán hacer cambios de punto de captación’. Y ejemplos hay 30 o 40 en el proyecto, sólo di tres”.

En tercer término, el abogado señala que, al contrario de lo que ha planteado la Dirección de Presupuestos, la iniciativa legal sí implica mayores gastos para la DGA: “Ahí van a pasar dos cosas: O van a quitarle presupuesto a otras funciones, o va a pasar lo que pasa siempre, y es que se les dan nuevas atribuciones y no se les da financiamiento, y quienes terminan siendo responsables son los funcionarios públicos, y los diputados que aprueban los proyectos, o las personas que empujan estas modificaciones, no se preocupan y no los van a ir defender a esos funcionarios públicos en los sumarios administrativos, o incluso en las querellas criminales por prevaricación porque les dieron facultades, pero no los presupuestos para hacerlo”.

Finalmente, el abogado planteó que en el proyecto, en la práctica, sí contiene normas que pudieran ser retroactivas, a pesar que la intención que ha manifestado el Gobierno es que esta iniciativa no tendría este efecto.

“Si esta norma se transforma en ley, van a haber 280 mil derechos de agua que no van a estar reconocidos a la fecha de publicación, y por lo tanto si se reconocen después de la fecha de publicación les va a regir las normas nuevas y no las antiguas, entonces lo que dicen que va a ocurrir, en la práctica, no va a ocurrir como está redactado, entonces les dije ‘si ese es el objetivo, entonces mejoren la norma como está redactada'”.