Fuerza Aérea vende imágenes satelitales al Gobierno por más de 700 millones anuales

Una más de las irregularidades que la dictadura legalizó es la administración y usufructo de uso satélital, el cual se encuentra bajo la potestad del Grupo de Operaciones Especiales y que trata al Estado como un privado.

Una más de las irregularidades que la dictadura legalizó es la administración y usufructo de uso satélital, el cual se encuentra bajo la potestad del Grupo de Operaciones Especiales y que trata al Estado como un privado.

“Por ley quien administra (los satélites) pone a la venta imágenes para particulares u organizaciones del Estado. Lo que nosotros queremos en este momento con la revisión de esta política pública, justamente es poner en duda ese tipo de figuras y si es necesaria o no la venta (de imágenes). Lo que hay que tener en cuenta es que hoy no existía esta institucionalidad que estuviera a cargo del tema espacial. Es un tema donde uno percibe cierta incoherencia en la administración de recursos públicos”, expresó el Subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf cuando se le preguntó por la administración y venta de imágenes satelitales que hace la Fuerza Aérea al Estado Chileno.

Las imágenes satelitales son un insumo fundamental para la toma de decisiones en el ámbito de la agricultura, planificación social, medición de aguas, desastres socio-naturales, erosión de territorios, estudios mineros, planeación urbana, por nombrar algunos. Y toda esta información está en manos de la Fuerza Aérea que amparada por la Ley 15.284 modificada por última vez en 1980, crea el servicio aerofotogramétrico, fija sus funciones y señala su organización.

Institucionalidad para la administración espacial

El Consejo de Ministros para el Desarrollo Espacial está conformado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y los Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, de Economía, Fomento y Turismo, de Desarrollo Social, de Educación, de Agricultura y de Bienes Nacionales. Toda una organización que busca dar forma a una política pública que logre salir del modelo impuesto por Pinochet.

Además, desde 2015 los secretarios de Estado cuentan con un Consejo Asesor de 9 expertos. Según indican los planes del Gobierno, la idea es que la entidad pase a depender del próximo  Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que exista una agencia espacial autónoma que pueda funcionar con recursos propios y no Ad honorem como lo hace hasta este momento.

Sin embargo, hoy eso es un proyecto. En la actualidad, las imágenes espaciales están regidas por el Artículo 5° de la Ley 15.284 que dice que “el servicio aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea cobrará por los trabajos o estudios que ejecute, los precios que por ellos fije, los que en ningún caso podrán ser inferiores al costo”.

“El actual modelo de explotación enfrenta ciertas dificultades que es importante mencionar. En primer lugar y de acuerdo a un estudio realizado por la Fundación Chile, existe en las instituciones del Estado la expectativa de que las imágenes satelitales que sean adquiridas del FASat-charlie deberían ser suministradas sin costo, pero en ausencia de una normativa específica que defina las condiciones bajo las que se deben entregar dichas imágenes, la explotación de estos productos actualmente se rige por la normativa propia de SAF”, esto se expone como una de las debilidades declaradas en el “estudio de necesidades satelitales, área de telecomunicaciones y percepción remota” entregado el tres de septiembre de 2014, por quien hoy es Subsecretario de Telecomunicaciones.

Algo preocupante si pensamos que hace dos años que esta irregularidad de cobros entre entidades púbicas fue dada a conocer oficialmente al gobierno de Sebastián Piñera, que insistía en que la política pública espacial debía ser tratada como un nuevo mercado para Chile.

Según el mismo estudio, en 2012 la compra de imágenes satelitales aerofotogrametría y mapas realizados por instituciones públicas alcanzaron un total de un millón tres mil dólares, equivalente a 702 millones cien mil pesos. Una cifra que se suma a los aportes de la Ley Reservada del Cobre, que desvía dineros a las arcas de las Fuerzas Armadas.

Democratización de la información

¿Por qué las imágenes deben ser liberadas? Los desastres naturales que azotan constantemente a nuestro país hacen imprescindible disponer de forma oportuna de las lecturas satelitales, cuya función es ayudar a comprender cómo distribuir el territorio, analizar los flujos acuíferos, comprender las dimensiones de una fumarola en una erupción volcánica o desarrollar planes de mitigación para desastres socio-naturales, entre muchas otras posibilidades de análisis.

“Al disponer de imágenes satelitales, tú puedes ver el impacto socioeconómico, cultural y ambiental, entonces cuando hay desastres naturales uno inmediatamente puede recurrir a modelos digitales de terreno, porque, por ejemplo, bajo cierta pendiente puede que haya una inundación de ese terreno, pero bajo esa cota (altura) no va a haber inundación, entonces la población va a tener los elementos y planificadores urbanos para decidir dónde conviene que una comunidad se emplace en un sector. Con esto, por ejemplo, se puede convertir zonas inundables en lugares de amortiguación para las catastrofes”, así explica Sergio Maldonado, Gerente de Gomática del centro de Información de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, como utilizar la percepción remota satelital, para la planificación territorial en momentos de emergencia.

Nueva licitación

No solo las imágenes satelitales preocupan al Gobierno. “Son cien millones dólares los que están hoy en licitación para construir una carretera de fibra óptica que comunique Puerto Montt con Puerto Williams, que representan un 30 % del territorio nacional”, dijo el Subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf.

Una jugosa oferta es la que está disponiendo el Ministerio de Telecomunicaciones para que un privado construya esta carretera digital que tanto anunciaba Sebastián Piñera en su programa globalizador. El 25 de octubre se presentarán las empresas que postulan a adjudicarse este suculento monto que estará repartido para el 29 de diciembre de 2016.

“La capacidad estratégica de Magallanes para generar rastreos satelitales es fundamental, ya que se encuentra cercano al polo sur y eso facilita la observación desde el espacio. Por lo mismo, con la carretera digital esos datos que se recojan en la próxima base espacial chilena ubicada en la Antártica se podrán traficar datos a todas partes del país”, finalizó el Subsecretario.

 

 





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