En las últimas semanas han surgido voces desde la sociedad civil y desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, manifestando su rechazo a los nuevos reality shows que tienen por escenario y protagonista a las cárceles de nuestro país y a las personas allí privadas de libertad. Si bien con diverso formato, programas como Alerta Máxima y Nadie está libre, utilizan los espacios carcelarios y a los presos y presas como objetos de entretenimiento para la audiencia televisiva de Chile, afectando fuertemente su derecho a la privacidad y, en especial, su dignidad como personas.
Es importante insistir y educar a la ciudadanía, en que las personas privadas de libertad, incluyendo a las personas que cumplen condena, siguen siendo titulares de derechos, es decir, conservan todos los derechos de un ciudadano libre, salvo los limitados por el fallo condenatorio. Ello implica, naturalmente, que siguen teniendo derecho a la vida; a la integridad física y psíquica; a la intimidad; a la privacidad; entre otros, y especialmente, a la dignidad. El derecho internacional de los Derechos Humanos y los mecanismos de protección –entre ellos la Comisión y la Corte Interamericana de DD.HH.- han puesto especial énfasis en que las personas privadas de libertad deberán ser tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
A pesar de dicha protección y de que Chile ha suscrito diversos tratados que lo obligan a aquello, es de público conocimiento el estado actual de las cárceles chilenas –con altas tasas de hacinamiento, gran violencia, insuficiente y deficiente acceso a la salud, escasas actividades para la reinserción social, etc., – circunstancias que por sí solas constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, prohibido de manera absoluta por el derecho internacional. Las cárceles chilenas se insertan en un sistema que discrimina estructuralmente a las y los privados de libertad, ya que el ingreso a ellas no solo implica perder la libertad, sino que convertirse en ciudadanos/as de segunda o tercera categoría, al que se le violan diariamente sus garantías constitucionales.
Como si lo anterior fuera poco, ahora los presos y presas son exhibidos por los canales de televisión- que han encontrado en las cárceles una nueva fuente de rating- como verdaderos objetos para entretener. Con voces en off, la televisión muestra imágenes, por ejemplo, de procedimientos de allanamiento de los dormitorios de los presos en busca de objetos prohibidos en poder de aquellos, en las cuales se muestran acciones de “caza bobos” –trampas tendidas a los presos para mostrar su posible culpabilidad- seguidas de expresiones burlescas, que los denigran y menosprecian. O imágenes frecuentemente captadas y reproducidas y que transcurren en el “óvalo” del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur -ex penitenciaria- en las cuáles las personas recluidas aparecen como verdaderos luchadores de circo romano, combatiendo entre ellos con estoques.
Más allá de un derecho a informar, e incluso a captar y exhibir imágenes de la vida privada con el consentimiento de las personas –consentimiento que en el caso de presos y presas se da muchas veces sin un real conocimiento del contexto en que las imágenes serán exhibidas- existe un límite que el Estado está obligado a respetar y a hacer respetar: la dignidad como valor intrínseco del ser humano.
La pena privativa de la libertad es, por naturaleza, un castigo, que causa sufrimiento e infinita privaciones a quien se le impone. No es un espacio de ficción, es una cruda realidad que miles de personas viven diariamente durante muchos años y que no solo afecta a quién la padece, sino que también a sus familias e hijos/as.
Cabe preguntarse entonces: ¿qué nos entregan programas como éstos?; ¿somos los televidentes conscientes del dolor de los demás y de la violación de su dignidad? -no sólo por las imágenes exhibidas sino también por las condiciones de reclusión; ¿qué justifica tratar la realidad de las personas vulneradas con displicencia, burla y desprecio?; ¿qué le toca al Estado?, y ¿qué nos toca como sociedad primero, ciudadanos segundo, y público, en tercer lugar, frente a esta realidad?
Existen límites, no solo legales, sino también éticos. La dignidad humana es un derecho de todos y todas, y también de las personas recluidas, que siguen siendo personas y, por tanto, sujetos de protección. Podrán perder la libertad y muchos otros derechos, pero su dignidad como seres humanos debe ser siempre respetada.
En las últimas semanas han surgido voces desde la sociedad civil y desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, manifestando su rechazo a los nuevos reality shows que tienen por escenario y protagonista a las cárceles de nuestro país y a las personas allí privadas de libertad. Si bien con diverso formato, programas como Alerta Máxima y Nadie está libre, utilizan los espacios carcelarios y a los presos y presas como objetos de entretenimiento para la audiencia televisiva de Chile, afectando fuertemente su derecho a la privacidad y, en especial, su dignidad como personas.
Es importante insistir y educar a la ciudadanía, en que las personas privadas de libertad, incluyendo a las personas que cumplen condena, siguen siendo titulares de derechos, es decir, conservan todos los derechos de un ciudadano libre, salvo los limitados por el fallo condenatorio. Ello implica, naturalmente, que siguen teniendo derecho a la vida; a la integridad física y psíquica; a la intimidad; a la privacidad; entre otros, y especialmente, a la dignidad. El derecho internacional de los Derechos Humanos y los mecanismos de protección –entre ellos la Comisión y la Corte Interamericana de DD.HH.- han puesto especial énfasis en que las personas privadas de libertad deberán ser tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
A pesar de dicha protección y de que Chile ha suscrito diversos tratados que lo obligan a aquello, es de público conocimiento el estado actual de las cárceles chilenas –con altas tasas de hacinamiento, gran violencia, insuficiente y deficiente acceso a la salud, escasas actividades para la reinserción social, etc., – circunstancias que por sí solas constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, prohibido de manera absoluta por el derecho internacional. Las cárceles chilenas se insertan en un sistema que discrimina estructuralmente a las y los privados de libertad, ya que el ingreso a ellas no solo implica perder la libertad, sino que convertirse en ciudadanos/as de segunda o tercera categoría, al que se le violan diariamente sus garantías constitucionales.
Como si lo anterior fuera poco, ahora los presos y presas son exhibidos por los canales de televisión- que han encontrado en las cárceles una nueva fuente de rating- como verdaderos objetos para entretener. Con voces en off, la televisión muestra imágenes, por ejemplo, de procedimientos de allanamiento de los dormitorios de los presos en busca de objetos prohibidos en poder de aquellos, en las cuales se muestran acciones de “caza bobos” –trampas tendidas a los presos para mostrar su posible culpabilidad- seguidas de expresiones burlescas, que los denigran y menosprecian. O imágenes frecuentemente captadas y reproducidas y que transcurren en el “óvalo” del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur -ex penitenciaria- en las cuáles las personas recluidas aparecen como verdaderos luchadores de circo romano, combatiendo entre ellos con estoques.
Más allá de un derecho a informar, e incluso a captar y exhibir imágenes de la vida privada con el consentimiento de las personas –consentimiento que en el caso de presos y presas se da muchas veces sin un real conocimiento del contexto en que las imágenes serán exhibidas- existe un límite que el Estado está obligado a respetar y a hacer respetar: la dignidad como valor intrínseco del ser humano.
La pena privativa de la libertad es, por naturaleza, un castigo, que causa sufrimiento e infinita privaciones a quien se le impone. No es un espacio de ficción, es una cruda realidad que miles de personas viven diariamente durante muchos años y que no solo afecta a quién la padece, sino que también a sus familias e hijos/as.
Cabe preguntarse entonces: ¿qué nos entregan programas como éstos?; ¿somos los televidentes conscientes del dolor de los demás y de la violación de su dignidad? -no sólo por las imágenes exhibidas sino también por las condiciones de reclusión; ¿qué justifica tratar la realidad de las personas vulneradas con displicencia, burla y desprecio?; ¿qué le toca al Estado?, y ¿qué nos toca como sociedad primero, ciudadanos segundo, y público, en tercer lugar, frente a esta realidad?
Existen límites, no solo legales, sino también éticos. La dignidad humana es un derecho de todos y todas, y también de las personas recluidas, que siguen siendo personas y, por tanto, sujetos de protección. Podrán perder la libertad y muchos otros derechos, pero su dignidad como seres humanos debe ser siempre respetada.
En las últimas semanas han surgido voces desde la sociedad civil y desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, manifestando su rechazo a los nuevos reality shows que tienen por escenario y protagonista a las cárceles de nuestro país y a las personas allí privadas de libertad. Si bien con diverso formato, programas como Alerta Máxima y Nadie está libre, utilizan los espacios carcelarios y a los presos y presas como objetos de entretenimiento para la audiencia televisiva de Chile, afectando fuertemente su derecho a la privacidad y, en especial, su dignidad como personas.
Es importante insistir y educar a la ciudadanía, en que las personas privadas de libertad, incluyendo a las personas que cumplen condena, siguen siendo titulares de derechos, es decir, conservan todos los derechos de un ciudadano libre, salvo los limitados por el fallo condenatorio. Ello implica, naturalmente, que siguen teniendo derecho a la vida; a la integridad física y psíquica; a la intimidad; a la privacidad; entre otros, y especialmente, a la dignidad. El derecho internacional de los Derechos Humanos y los mecanismos de protección –entre ellos la Comisión y la Corte Interamericana de DD.HH.- han puesto especial énfasis en que las personas privadas de libertad deberán ser tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
A pesar de dicha protección y de que Chile ha suscrito diversos tratados que lo obligan a aquello, es de público conocimiento el estado actual de las cárceles chilenas –con altas tasas de hacinamiento, gran violencia, insuficiente y deficiente acceso a la salud, escasas actividades para la reinserción social, etc., – circunstancias que por sí solas constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, prohibido de manera absoluta por el derecho internacional. Las cárceles chilenas se insertan en un sistema que discrimina estructuralmente a las y los privados de libertad, ya que el ingreso a ellas no solo implica perder la libertad, sino que convertirse en ciudadanos/as de segunda o tercera categoría, al que se le violan diariamente sus garantías constitucionales.
Como si lo anterior fuera poco, ahora los presos y presas son exhibidos por los canales de televisión- que han encontrado en las cárceles una nueva fuente de rating- como verdaderos objetos para entretener. Con voces en off, la televisión muestra imágenes, por ejemplo, de procedimientos de allanamiento de los dormitorios de los presos en busca de objetos prohibidos en poder de aquellos, en las cuales se muestran acciones de “caza bobos” –trampas tendidas a los presos para mostrar su posible culpabilidad- seguidas de expresiones burlescas, que los denigran y menosprecian. O imágenes frecuentemente captadas y reproducidas y que transcurren en el “óvalo” del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur -ex penitenciaria- en las cuáles las personas recluidas aparecen como verdaderos luchadores de circo romano, combatiendo entre ellos con estoques.
Más allá de un derecho a informar, e incluso a captar y exhibir imágenes de la vida privada con el consentimiento de las personas –consentimiento que en el caso de presos y presas se da muchas veces sin un real conocimiento del contexto en que las imágenes serán exhibidas- existe un límite que el Estado está obligado a respetar y a hacer respetar: la dignidad como valor intrínseco del ser humano.
La pena privativa de la libertad es, por naturaleza, un castigo, que causa sufrimiento e infinita privaciones a quien se le impone. No es un espacio de ficción, es una cruda realidad que miles de personas viven diariamente durante muchos años y que no solo afecta a quién la padece, sino que también a sus familias e hijos/as.
Cabe preguntarse entonces: ¿qué nos entregan programas como éstos?; ¿somos los televidentes conscientes del dolor de los demás y de la violación de su dignidad? -no sólo por las imágenes exhibidas sino también por las condiciones de reclusión; ¿qué justifica tratar la realidad de las personas vulneradas con displicencia, burla y desprecio?; ¿qué le toca al Estado?, y ¿qué nos toca como sociedad primero, ciudadanos segundo, y público, en tercer lugar, frente a esta realidad?
Existen límites, no solo legales, sino también éticos. La dignidad humana es un derecho de todos y todas, y también de las personas recluidas, que siguen siendo personas y, por tanto, sujetos de protección. Podrán perder la libertad y muchos otros derechos, pero su dignidad como seres humanos debe ser siempre respetada.
