“Hay un negocio ideológico y material en medio de esta batalla que se está dando por mantener y profundizar la actual situación del sistema educativo”, señaló la periodista y directora del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI), María Olivia Mönckeberg, en el marco del proceso interno de discusión de la Universidad de Chile sobre la Reforma a la Educación Superior, “La Chile Piensa la Reforma”.
La profesora señaló que el proyecto en trámite “abre más dudas” sobre el futuro de la educación pública en Chile. La iniciativa plantea la gratuidad parcial para las universidades que cumplan ciertos requisitos. Por lo mismo, a su juicio, se estarían dejando “ventanas abiertas” para seguir configurando el mercado de la educación.
María Olivia Mönckeberg detalló los vínculos entre los conglomerados económicos y las universidades. Dentro de ellos, destacó al presidente de la Corporación Santo Tomás, Juan Hurtado Vicuña, quien también es miembro del directorio de Entel, y el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés Lafontaine, y su relación con el grupo Penta.
Respecto al mantenimiento del Crédito con Aval del Estado (CAE), el rector de la casa de estudios, Ennio Vivaldi, dijo que no se ha tomado conciencia sobre el origen de este crédito y todas las transacciones que se realizaron entre privados.
En este escenario, señaló que los estudiantes ingresan a este sistema para obtener un “producto” que es su título profesional.
“Antes se hablaba que la Universidad no era para todos, que era para un sector privilegiado. Eso cambió, pero no del modo que hubiésemos querido porque se vio como una oportunidad de negocios”, señaló.
En tanto, el Senado aprobó el proyecto que permitirá a cerca de treinta Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) modificar su naturaleza jurídica y figurar como entidades sin fines de lucro.
Sin embargo, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Rojas, señaló que esto debiese ser la norma y no una condición opcional. “Va a seguir existiendo la posibilidad que todas las instituciones puedan lucrar y hemos dicho como Confech que este mecanismo de regulación debe regir para todos, y no una decisión que tomen los mismos dueños de las entidades”, expresó.
Según el artículo 157 de este proyecto, respecto al financiamiento de la Educación Superior, se detalla que para optar a la gratuidad las instituciones deberán contar con acreditación nivel A, B o C.
Esto ha generado cuestionamientos por parte de parlamentarios y estudiantes quienes afirman que es una manera de avalar la existencia de universidades con distintos niveles de calidad.
Además, deben estar constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro y estar adscritas, al menos, un año antes al Sistema Común de Acceso (SCA).
“Hay un negocio ideológico y material en medio de esta batalla que se está dando por mantener y profundizar la actual situación del sistema educativo”, señaló la periodista y directora del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI), María Olivia Mönckeberg, en el marco del proceso interno de discusión de la Universidad de Chile sobre la Reforma a la Educación Superior, “La Chile Piensa la Reforma”.
La profesora señaló que el proyecto en trámite “abre más dudas” sobre el futuro de la educación pública en Chile. La iniciativa plantea la gratuidad parcial para las universidades que cumplan ciertos requisitos. Por lo mismo, a su juicio, se estarían dejando “ventanas abiertas” para seguir configurando el mercado de la educación.
María Olivia Mönckeberg detalló los vínculos entre los conglomerados económicos y las universidades. Dentro de ellos, destacó al presidente de la Corporación Santo Tomás, Juan Hurtado Vicuña, quien también es miembro del directorio de Entel, y el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés Lafontaine, y su relación con el grupo Penta.
Respecto al mantenimiento del Crédito con Aval del Estado (CAE), el rector de la casa de estudios, Ennio Vivaldi, dijo que no se ha tomado conciencia sobre el origen de este crédito y todas las transacciones que se realizaron entre privados.
En este escenario, señaló que los estudiantes ingresan a este sistema para obtener un “producto” que es su título profesional.
“Antes se hablaba que la Universidad no era para todos, que era para un sector privilegiado. Eso cambió, pero no del modo que hubiésemos querido porque se vio como una oportunidad de negocios”, señaló.
En tanto, el Senado aprobó el proyecto que permitirá a cerca de treinta Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) modificar su naturaleza jurídica y figurar como entidades sin fines de lucro.
Sin embargo, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Rojas, señaló que esto debiese ser la norma y no una condición opcional. “Va a seguir existiendo la posibilidad que todas las instituciones puedan lucrar y hemos dicho como Confech que este mecanismo de regulación debe regir para todos, y no una decisión que tomen los mismos dueños de las entidades”, expresó.
Según el artículo 157 de este proyecto, respecto al financiamiento de la Educación Superior, se detalla que para optar a la gratuidad las instituciones deberán contar con acreditación nivel A, B o C.
Esto ha generado cuestionamientos por parte de parlamentarios y estudiantes quienes afirman que es una manera de avalar la existencia de universidades con distintos niveles de calidad.
Además, deben estar constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro y estar adscritas, al menos, un año antes al Sistema Común de Acceso (SCA).
“Hay un negocio ideológico y material en medio de esta batalla que se está dando por mantener y profundizar la actual situación del sistema educativo”, señaló la periodista y directora del Instituto de Comunicación e Imagen (ICEI), María Olivia Mönckeberg, en el marco del proceso interno de discusión de la Universidad de Chile sobre la Reforma a la Educación Superior, “La Chile Piensa la Reforma”.
La profesora señaló que el proyecto en trámite “abre más dudas” sobre el futuro de la educación pública en Chile. La iniciativa plantea la gratuidad parcial para las universidades que cumplan ciertos requisitos. Por lo mismo, a su juicio, se estarían dejando “ventanas abiertas” para seguir configurando el mercado de la educación.
María Olivia Mönckeberg detalló los vínculos entre los conglomerados económicos y las universidades. Dentro de ellos, destacó al presidente de la Corporación Santo Tomás, Juan Hurtado Vicuña, quien también es miembro del directorio de Entel, y el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés Lafontaine, y su relación con el grupo Penta.
Respecto al mantenimiento del Crédito con Aval del Estado (CAE), el rector de la casa de estudios, Ennio Vivaldi, dijo que no se ha tomado conciencia sobre el origen de este crédito y todas las transacciones que se realizaron entre privados.
En este escenario, señaló que los estudiantes ingresan a este sistema para obtener un “producto” que es su título profesional.
“Antes se hablaba que la Universidad no era para todos, que era para un sector privilegiado. Eso cambió, pero no del modo que hubiésemos querido porque se vio como una oportunidad de negocios”, señaló.
En tanto, el Senado aprobó el proyecto que permitirá a cerca de treinta Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) modificar su naturaleza jurídica y figurar como entidades sin fines de lucro.
Sin embargo, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Rojas, señaló que esto debiese ser la norma y no una condición opcional. “Va a seguir existiendo la posibilidad que todas las instituciones puedan lucrar y hemos dicho como Confech que este mecanismo de regulación debe regir para todos, y no una decisión que tomen los mismos dueños de las entidades”, expresó.
Según el artículo 157 de este proyecto, respecto al financiamiento de la Educación Superior, se detalla que para optar a la gratuidad las instituciones deberán contar con acreditación nivel A, B o C.
Esto ha generado cuestionamientos por parte de parlamentarios y estudiantes quienes afirman que es una manera de avalar la existencia de universidades con distintos niveles de calidad.
Además, deben estar constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro y estar adscritas, al menos, un año antes al Sistema Común de Acceso (SCA).
