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Padrón electoral: la última palabra la tendría Tribunal Constitucional

A pesar que la clase política pudiera ponerse de acuerdo para sacar adelante el proyecto de ley corta para corregir los errores del padrón electoral, será el Tribunal Constitucional el que, una vez más, tendrá la última palabra sobre la iniciativa. Por lo mismo, expertos califican de arriesgada la postura del Gobierno sobre este tema.

M. Rollano y G. Castillo

  Lunes 17 de octubre 2016 21:02 hrs. 
ley-corta


Comienza la cuenta regresiva para las elecciones municipales de este domingo 23 de octubre y persiste la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con el casi medio millón de electores que fueron cambiados de domicilio electoral de manera unilateral por el Registro Civil.

Esto pese a la ley corta que el Gobierno ingresó este lunes que pretende enmendar los efectos del error en el padrón electoral y que según los planes del Ejecutivo, debía despacharse de ambas cámaras a más tardar durante este martes.

Para este fin debía existir un acuerdo entre todas las bancadas para agilizar su tramitación -omitiendo su paso por algunas comisiones que revisan el proyecto-, y de esta forma ser votado por la Sala.

Sin embargo, desde la oposición, así como la bancada independiente rechazaron ser parte de este acuerdo, lo que dilatará su revisión, proceso en el cual se incluye la instancia del control constitucional del proyecto por parte del Tribunal Constitucional -sumado a las posibles reservas que desde la oposición hagan al articulado de esta iniciativa-, quien nuevamente tendrá en sus manos el futuro de una crucial iniciativa para el Ejecutivo.

Las razones de este rechazo apuntan a que no se han pagado los costos políticos de estos errores, pese a que desde hace meses existía conocimiento sobre esta situación, tal como lo explicó el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma.

“El Gobierno conocía desde al menos dos años y medio sobre estos hechos. El Registro Civil y el Servel tuvieron reuniones con gente de la Segpres en julio de este año y se optó por no hacer nada. La ministra de Justicia tenía conocimiento, a través de un oficio enviado por el Registro Civil en agosto de este año y decidieron no hacer nada”

Una visión que fue rebatida desde el oficialismo, quienes acusan al bloque opositor de sacar cálculos políticos con esta situación. En esa línea, el jefe de bancada de la DC, Fuad Chahin, lamentó la postura de Chile Vamos y recalcó que en estos momentos el foco debe estar puesto en dar solución al problema.

“Ellos tendrán que dar una explicación a los electores porque están más preocupados, al parecer, de las responsabilidades que de las soluciones. A nosotros lo que nos preocupa es ser parte de las soluciones, eso es lo que la gente espera, no que nos demos gustitos políticos, no que tratemos sacar alguna pequeña ventaja. A mí me parece que tratar de condicionar la posibilidad de resolver el derecho a sufragio de los ciudadanos con la renuncia de un ministro es un chantaje inaceptable”.

Algo más crítico fue el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien ofreció disculpas a los electores por este episodio el que calificó como “humillante” y “vergonzoso”. Además el parlamentario aseguró que “hubo varios que guardaron silencio” o dilataron esta situación, en alusión a las responsabilidades políticas de personeros del Ejecutivo.

Durante la tarde de este martes el proyecto debería ser despachado de la Cámara para ingresar al Senado. De hecho desde las 18.30 horas la Sala se reunirá para analizar el texto y enviarlo a la Cámara Alta. El problema para el Ejecutivo es que no existe certeza de los tiempos y los respaldos a esta normativa en dicha instancia.

Desde el Partido Amplitud, su presidenta, la senadora Lily Pérez anticipó su rechazo, junto con cuestionar el modo en que son designadas los cargos directivos de servicios públicos.

“Las responsabilidades hay que asumirlas y claramente el director del Registro Civil es una persona que no tiene las competencias de este cargo y esperamos que el Gobierno de una vez por todas lo asuma y lo saque del cargo como corresponde. Esto es consecuencia de poner en los cargos de las instituciones por sus competencias políticas y no por sus competencias profesionales”.

El proyecto del Ejecutivo permitirá duplicar el padrón electoral de los ciudadanos a quienes se les modificó su domicilio electoral. Asimismo se establece un plazo de 20 días para que el Servicio Electoral revise la totalidad de los padrones para identificar posibles irregularidades.

Se espera que la iniciativa pueda pasar durante este martes a la Cámara Alta, para que el jueves sea revisado por el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el investigador del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales Mario Herrera señaló que si bien el Gobierno lo que busca con la aprobación de este proyecto es legitimar las elecciones del domingo, finalmente esta iniciativa puede acarrear más problemas que beneficios al Ejecutivo.

“En definitiva es un riesgo porque, supongamos que el proyecto salga aprobado y las sanciones no sean efectivas o sean muy bajas y encontremos casos de duplicación de votos eso atenta contra uno de los principios más básicos de la democracia, y eso bajo el supuesto que sea aprobado, porque si es rechazado, terminaría siendo un problema igual. El Gobierno se la jugó por una apuesta y no necesariamente es una apuesta con seguridad de ganar”.

“Bajo el supuesto que el proyecto se aprueba, de todas maneras el costo de información para las personas es muy grande, porque tendrían que hacerlo entre el viernes y el domingo de que además del local de votación donde pueden votar ahora, pueden votar en el anterior, bajo el supuesto que se acuerdan dónde votaban antes, bajo el supuesto que les interesa ir a votar, por lo tanto se van a meter a la página para saber dónde votan ahora. Ahora la gente ya se desilusionó del sistema en general”, agregó.

Finalmente, Herrera hizo hincapié en que la ciudadanía se ha dado cuenta que la solución a los errores en el padrón electoral se están tomando a días de que se realice la elección municipal, en circunstancias que algunos consejeros del Servel habían advertido sobre estos problemas.

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