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Año XVI, 19 de marzo de 2024


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Diputado Núñez: “El Servicio Nacional Forestal no se crea por presión de las grandes empresas”

La institucionalidad que crea el nuevo Servicio, así como la que regula los subsidios a la actividad, se encuentran entrampadas en el Ejecutivo. A juicio de parlamentarios de la Nueva Mayoría esto deja en la “hiper desregulación” a una industria que ha demostrado ser foco de conflictos sociales y medioambientales.

Gonzalo Castillo

  Sábado 22 de octubre 2016 1:43 hrs. 
forestales

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“Tenemos un vacío en una política pública en una materia tan importante como es la actividad forestal en Chile”, señalan parlamentarios del oficialismo frente a las señales del Gobierno de enviar el proyecto sobre nueva institucionalidad forestal, y que crea el Servicio Nacional Forestal que reemplazará en este ámbito a la Conaf.

Pese a que durante meses se ha discutido sobre la urgencia de regular la actividad forestal, el proyecto aun duerme en la Dirección de Presupuestos.

La parlamentaria del PPD Loreto Carvajal que preside la Comisión de Agricultura apuró al ministro Rodrigo Valdés: “Lo que hemos hecho a través de la Comisión de Agricultura es pedirle al Ministro de Hacienda que le dé premura. Hoy día se está viendo el componente económico, y mientras eso no se resuelva, no podemos hacer nada porque es una iniciativa de ley del Ejecutivo no del Parlamento, y nosotros lo hemos citado porque queremos apurar la nueva ley de Servicios Forestales así como la reforma al Código de Aguas”.

Por su parte, el diputado del PC Daniel Núñez, quien presidiera la comisión investigadora sobre la colusión del papel, y fuera uno de los impulsores del término del DL 701 para impedir la entrega de más subsidios a las grandes empresas forestales, emplazó al Gobierno a que acelere la tramitación del proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, dado el virtual vacío en el que se encuentra la institucionalidad.

Núñez señaló que la presión de importantes actores económicos del mundo forestal que apuestan por mantener el actual modelo de explotación, es lo que mantiene en la inacción al Ejecutivo sobre este tema, y que “es el mismo problema que enfrenta la economía chilena en minería, en el mundo de la pesca, en muchas actividades que no podemos seguir dependiendo de la exportación de bienes primarios con baja elaboración”.

“Tenemos un vacío en una política pública ,en una materia tan importante como es la actividad forestal en Chile. Es evidente que dada la impugnación que la Contraloría hizo de la Conaf y sus atribuciones, requerimos que se dé vida, a través de un proyecto de ley, al Servicio Nacional Forestal, que contaría con las capacidades de poder implementar una política pública en un sector que es fundamental para el país”.

En tanto, el diputado de la DC Fuad Chahín hizo énfasis en la necesidad que se genere esta nueva institucionalidad para poder regular de mejor manera las plantaciones, cuidando que determinadas zonas estén excluidas por no tener sus suelos la capacidad natural de soportarlas, y así destinarlas a cultivos agrícolas, por ejemplo.

“Lo que nosotros hemos dicho es que primero se requiere tener una nueva institucionalidad que tenga capacidad de control, planificación y fiscalización de la actividad forestal, lo que hoy día no existe por la Conaf que tenemos que es extremadamente débil”.

El diputado de la Falange hizo un llamado a “repensar cuál va a ser la política forestal para los próximos años”, por lo tanto se deben poner los incentivos en generar una visión distinta sobre la explotación forestal, actividad que hoy se encuentra virtualmente “hiper desregulada” luego que el Tribunal Constitucional determinara la necesidad de superar la institucionalidad liderada por Conaf.

“Hoy tenemos el peor de los mundos, porque tenemos una corporación de derecho privado, que además de acuerdo a los fallos del Tribunal Constitucional no puede seguir ejerciendo más facultades públicas que las que tiene, por lo tanto, necesitamos una institucionalidad que pueda ejercer facultades de control, de fiscalización, de ordenamiento territorial y hoy día eso no existe”.

Nuevos beneficios económicos ¿para quién?

Esta discusión resurgió esta semana cuando se puso en el tapete la extinción del polémico Decreto Ley 701 que subsidiaba las actividades forestales, y que en la práctica entregaba cuantiosos recursos a las grandes empresas del rubro como Arauco, Mininco y Celco, entre otros, por lo que distintos actores de la industria han planteado la necesidad de crear una nueva bonificación.

En la nueva normativa se plantea que estos recursos sean destinados a pequeñas y medianas empresas forestales. Loreto Carvajal agregó que el proyecto contempla nuevas regulaciones frente a incendios, protección de áreas silvestres y biodiversidad, así como cambios a la ley de bosque nativo.

“Lo que queremos es que los subsidios vayan dirigidos a los pequeños, porque hay zonas territoriales que, dado la naturaleza de los suelos, no es posible sino reforestar, no es posible recuperar para la agricultura de frutas; y que eso vaya aparejado de una normativa que tenga como prioridad reforestar con especies nativas, por el bajo consumo que reportan, y por el desarrollo sustentable”.

La idea del proyecto, señala la diputada por la región del Bío Bío es crear una especie de “Conaf pública”, dado que la actual corporación es de derecho privado con financiamiento público, y que “debe estar radicada en el Ministerio de Agricultura, pero además con una connotación que tiene que ver con cómo abordamos hoy día el tema de la reforestación, sobre todo de especies nativas, considerando que el DL 701 no corre más”.

Para Chahín esta nueva ley de subsidios debe “resguardar el bosque como un activo ambiental, sus funciones ambientales y bonificar en esa línea”.

Daniel Núñez, en tanto, descartó de plano que se entreguen más recursos a las grandes empresas como Celco, Mininco o Arauco, pero sí a pequeños explotadores que incorporen valor agregado, como pequeñas industrias del mueble, o juguetes de madera, “pero que no impliquen seguir plantando pino insigne, dado los impactos negativos socio-ambientales que estos generan”.

 

 

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