El penalista que defendió al fotógrafo Felipe Durán y ahora a dos imputados en el caso Luchsinger-Mackay, sostuvo que la Fiscalía trabaja en base a un sesgo político y no con el principio de objetividad cuando se trata de los mapuche de comunidades que exigen la restitución de sus territorios.
Son ya varios los comuneros mapuche a los que se les ha revertido la prisión preventiva en el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. Entre ellos se cuenta la machi Francisca Linconao, quien a la salida del penal el jueves recién pasado, insistió en su inocencia y en la persecución que enfrentan desde el Ministerio Público.
El cambio de las medidas cautelares de prisión preventiva a arresto domiciliario es a juicio de los abogados defensores de los comuneros un serio revés para la Fiscalía, cuyos representantes pedirán al tribunal que aplique las penas más severas incluso de cadena perpetua.
Sin embargo, la investigación sólo podrá concluir con un “contundente fallo absolutorio”, señaló el abogado de dos de los acusados en este caso, el integrante de la Defensoría Popular Rodrigo Román, quien el miércoles insistirá en que se acceda a cambiar la prisión preventiva en el caso de Sabino y César Catrilaf.
Román cuestionó el trabajo de la Fiscalía, el que indicó que se caracteriza por no ser objetivo, sino por ser una extensión de la persecución política del Estado a las comunidades que exigen la restitución de sus territorios.
“Aquí lo que hay es pura especulación. Hay una prueba torcida, manipulada por parte del Estado policial consistente en las declaraciones de José Peralino, quien –hay que recordar- en su momento en audiencia pública se retractó de los dichos que supuestamente le habría dicho a la policía, dentro de los que se cuentan las imputaciones a la machi Francisca (Linconao), a los hermanos Catrilaf y a la decena de imputados en este caso”, comentó el penalista.
El abogado agregó que en estos casos más que antecedentes y pruebas para comprobar que se cometieron delitos, de lo que se trata es de una persecución política contra los comuneros.
“En este tipo de juzgamientos siempre he sostenido que el Ministerio Público actúa con irresponsabilidad, actúa como un órgano genuflexo del Estado policial, como una continuación del Estado policial, y se aparta absolutamente de sus obligaciones constitucionales, cuales son de actuar con la objetividad necesaria”, subrayó Román.
El jurista recordó el caso que involucró al fotógrafo Felipe Durán quien fue acusado de porte ilegal de armas y pasó varios meses en prisión preventiva, pero luego fue dejado en libertad ya que la Fiscalía no logró entregar los antecedentes necesarios para justificar la acusación en su contra. Este se suma a otras denuncias donde se invierten importantes recursos por parte del Ministerio Público, pero sin los resultados que esperan, ya que todo se fundamenta en una persecución política contra los comuneros, precisó Román.
El abogado cuestionó que como testigos para el futuro juicio oral en el caso Luchsinger-Mackay se presente a los dirigentes gremiales y empresariales de la Región de la Araucanía, además de insistir en que se trató de un incendio de carácter terrorista, cuando en el primer proceso cuando se condenó al machi Celestino Córdova, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco determinó que la muerte del matrimonio no podía ser considerado de esa forma.
“Aun así, con la contumacia que caracteriza al Ministerio Público ellos han formulado acusación en contra de nuestros representados a este segundo juicio con la misma calificación jurídica, lo que hace suponer que el yerro está desde el comienzo, razón por la cual va a ser imposible que lleguen a buen puerto toda vez que hay más bien una pretensión política más que una pretensión jurídica sustentable”, finalizó el defensor.
El penalista que defendió al fotógrafo Felipe Durán y ahora a dos imputados en el caso Luchsinger-Mackay, sostuvo que la Fiscalía trabaja en base a un sesgo político y no con el principio de objetividad cuando se trata de los mapuche de comunidades que exigen la restitución de sus territorios.
Son ya varios los comuneros mapuche a los que se les ha revertido la prisión preventiva en el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. Entre ellos se cuenta la machi Francisca Linconao, quien a la salida del penal el jueves recién pasado, insistió en su inocencia y en la persecución que enfrentan desde el Ministerio Público.
El cambio de las medidas cautelares de prisión preventiva a arresto domiciliario es a juicio de los abogados defensores de los comuneros un serio revés para la Fiscalía, cuyos representantes pedirán al tribunal que aplique las penas más severas incluso de cadena perpetua.
Sin embargo, la investigación sólo podrá concluir con un “contundente fallo absolutorio”, señaló el abogado de dos de los acusados en este caso, el integrante de la Defensoría Popular Rodrigo Román, quien el miércoles insistirá en que se acceda a cambiar la prisión preventiva en el caso de Sabino y César Catrilaf.
Román cuestionó el trabajo de la Fiscalía, el que indicó que se caracteriza por no ser objetivo, sino por ser una extensión de la persecución política del Estado a las comunidades que exigen la restitución de sus territorios.
“Aquí lo que hay es pura especulación. Hay una prueba torcida, manipulada por parte del Estado policial consistente en las declaraciones de José Peralino, quien –hay que recordar- en su momento en audiencia pública se retractó de los dichos que supuestamente le habría dicho a la policía, dentro de los que se cuentan las imputaciones a la machi Francisca (Linconao), a los hermanos Catrilaf y a la decena de imputados en este caso”, comentó el penalista.
El abogado agregó que en estos casos más que antecedentes y pruebas para comprobar que se cometieron delitos, de lo que se trata es de una persecución política contra los comuneros.
“En este tipo de juzgamientos siempre he sostenido que el Ministerio Público actúa con irresponsabilidad, actúa como un órgano genuflexo del Estado policial, como una continuación del Estado policial, y se aparta absolutamente de sus obligaciones constitucionales, cuales son de actuar con la objetividad necesaria”, subrayó Román.
El jurista recordó el caso que involucró al fotógrafo Felipe Durán quien fue acusado de porte ilegal de armas y pasó varios meses en prisión preventiva, pero luego fue dejado en libertad ya que la Fiscalía no logró entregar los antecedentes necesarios para justificar la acusación en su contra. Este se suma a otras denuncias donde se invierten importantes recursos por parte del Ministerio Público, pero sin los resultados que esperan, ya que todo se fundamenta en una persecución política contra los comuneros, precisó Román.
El abogado cuestionó que como testigos para el futuro juicio oral en el caso Luchsinger-Mackay se presente a los dirigentes gremiales y empresariales de la Región de la Araucanía, además de insistir en que se trató de un incendio de carácter terrorista, cuando en el primer proceso cuando se condenó al machi Celestino Córdova, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco determinó que la muerte del matrimonio no podía ser considerado de esa forma.
“Aun así, con la contumacia que caracteriza al Ministerio Público ellos han formulado acusación en contra de nuestros representados a este segundo juicio con la misma calificación jurídica, lo que hace suponer que el yerro está desde el comienzo, razón por la cual va a ser imposible que lleguen a buen puerto toda vez que hay más bien una pretensión política más que una pretensión jurídica sustentable”, finalizó el defensor.
El penalista que defendió al fotógrafo Felipe Durán y ahora a dos imputados en el caso Luchsinger-Mackay, sostuvo que la Fiscalía trabaja en base a un sesgo político y no con el principio de objetividad cuando se trata de los mapuche de comunidades que exigen la restitución de sus territorios.
Son ya varios los comuneros mapuche a los que se les ha revertido la prisión preventiva en el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. Entre ellos se cuenta la machi Francisca Linconao, quien a la salida del penal el jueves recién pasado, insistió en su inocencia y en la persecución que enfrentan desde el Ministerio Público.
El cambio de las medidas cautelares de prisión preventiva a arresto domiciliario es a juicio de los abogados defensores de los comuneros un serio revés para la Fiscalía, cuyos representantes pedirán al tribunal que aplique las penas más severas incluso de cadena perpetua.
Sin embargo, la investigación sólo podrá concluir con un “contundente fallo absolutorio”, señaló el abogado de dos de los acusados en este caso, el integrante de la Defensoría Popular Rodrigo Román, quien el miércoles insistirá en que se acceda a cambiar la prisión preventiva en el caso de Sabino y César Catrilaf.
Román cuestionó el trabajo de la Fiscalía, el que indicó que se caracteriza por no ser objetivo, sino por ser una extensión de la persecución política del Estado a las comunidades que exigen la restitución de sus territorios.
“Aquí lo que hay es pura especulación. Hay una prueba torcida, manipulada por parte del Estado policial consistente en las declaraciones de José Peralino, quien –hay que recordar- en su momento en audiencia pública se retractó de los dichos que supuestamente le habría dicho a la policía, dentro de los que se cuentan las imputaciones a la machi Francisca (Linconao), a los hermanos Catrilaf y a la decena de imputados en este caso”, comentó el penalista.
El abogado agregó que en estos casos más que antecedentes y pruebas para comprobar que se cometieron delitos, de lo que se trata es de una persecución política contra los comuneros.
“En este tipo de juzgamientos siempre he sostenido que el Ministerio Público actúa con irresponsabilidad, actúa como un órgano genuflexo del Estado policial, como una continuación del Estado policial, y se aparta absolutamente de sus obligaciones constitucionales, cuales son de actuar con la objetividad necesaria”, subrayó Román.
El jurista recordó el caso que involucró al fotógrafo Felipe Durán quien fue acusado de porte ilegal de armas y pasó varios meses en prisión preventiva, pero luego fue dejado en libertad ya que la Fiscalía no logró entregar los antecedentes necesarios para justificar la acusación en su contra. Este se suma a otras denuncias donde se invierten importantes recursos por parte del Ministerio Público, pero sin los resultados que esperan, ya que todo se fundamenta en una persecución política contra los comuneros, precisó Román.
El abogado cuestionó que como testigos para el futuro juicio oral en el caso Luchsinger-Mackay se presente a los dirigentes gremiales y empresariales de la Región de la Araucanía, además de insistir en que se trató de un incendio de carácter terrorista, cuando en el primer proceso cuando se condenó al machi Celestino Córdova, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco determinó que la muerte del matrimonio no podía ser considerado de esa forma.
“Aun así, con la contumacia que caracteriza al Ministerio Público ellos han formulado acusación en contra de nuestros representados a este segundo juicio con la misma calificación jurídica, lo que hace suponer que el yerro está desde el comienzo, razón por la cual va a ser imposible que lleguen a buen puerto toda vez que hay más bien una pretensión política más que una pretensión jurídica sustentable”, finalizó el defensor.
