Gobierno excluye a pueblos originarios en estrategia sobre cambio climático
El plan que aborda la forma de mitigación de los efectos del cambio climático que desarrollará Chile entre 2017 y 2025, si bien se enmarca dentro de los acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país, no considera los planteamientos realizados por las comunidades indígenas, a pesar que se desarrollaron trabajos participativos entre éstas y la Conaf.
Viernes 4 de noviembre 2016 11:43 hrs.
Los Ministros de Agricultura y Medio Ambiente junto a representantes de la Conaf, presentaron la estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales. La propuesta tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y económica que generan la desertificación, degradación de la tierra y la sequía.
El plan presentado por la autoridad ambiental tiene como foco reforestar 10 mil hectáreas de bosque nativo y con esto disminuir las emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera. La estrategia que tiene un presupuesto de más de 430 millones de dólares busca en un periodo de 10 años generar dicha mitigación.
Comunidades invisibilizadas
“En la presentación de esta estrategia en ninguna parte nombraron a los pueblos originarios, habían un par de fotos que mostraron algunos encuentros, pero nosotros deberíamos haber tenido esta información previamente, haberla leído y con esto hacer nuestras observaciones. Este trabajo participativo del que se jactan no es real, nosotros no aportamos en la construcción de este documento porque nuestras aportaciones no fueron vinculantes”, declaró Richards Challapa, representante de la comunidad de aguas subterráneas Jiwara Huma de la Pampa del Tamarugal.
La presidenta de la corporación Quipu Chile, Delia Condori, explicó que la queja es que no se tomó razón de quienes habitan los territorios que están siendo afectados por esta crisis ambiental. “Esto es una característica de la política nacional que deja fuera de sus leyes a las personas. A nuestro pueblo lo han oprimido constantemente y hoy siguen intentando instalar mineras aun cuando nuestros ríos están secándose y las principales napas subterráneas están siendo contaminadas. A nosotros nos deberían preguntar, nosotros tenemos una conexión profunda con la tierra y ellos están dejándonos sin pueblo porque han matado nuestras tierras”.
Privatización del cambio climático
Chile en 1997 adhirió al protocolo de Kioto en el que los países más industrializados del mundo acordaron que era necesario bajar las emisiones de gases efecto invernadero (dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) y de esta manera descontaminar la atmósfera.
Pero en la misma conferencia los países del primer mundo explicitaron que ellos no podían mitigar sus emisiones, porque sus niveles de industrialización no se los permitían, por lo mismo, necesitaban de grandes bosques para que sus contaminantes fueran absorbidos y limpiados por los árboles de Latinoamérica.
Una de las soluciones propuestas por las grandes potencias fue la creación de los bonos de Carbono, que son el valor monetario que se le asigna a la captura de partículas contaminantes que realizan los bosques, es decir, el precio que le cuesta a una empresa bajar o eliminar la contaminación que emite en su proceso productivo.
Por ejemplo en Alto Maipo, proyecto en el que ha desarrollado un mecanismo de desarrollo limpio que le permite reducir gases efecto invernadero y con esto comercializar las reducciones como bonos de carbono según las toneladas que reduzca. Esto a la vista de los países industrializados es un aporte. Por el contrario, las comunidades afectadas con este proyecto hidoreléctrico, que es financiado en un 40% por Antofagasta Minerals, no han logrado ser escuchadas aún cuando han presentado argumentaciones sólidas que demuestran los efectos nocivos para el ambiente que producen estas faenas.
Asimismo, empresas como Minera los Pelambres, Masisa, Endesa, Collahuasi, Enap, Colbun, BHP Billiton, Celulosa Arauco, entre otras, cuentan con mecanismos de desarrollo limpio y pertenecen a Pacto Global de las Naciones Unidas, luego de pagar una membrecía de un millón de pesos y que las convierte inmediatamente en compañías sustentables abaladas para reportar en base al Global Ripoting Initiative (GRI).
A juicio del ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, “la masa vegetacional que tiene Chile es un gran sumidero de gases efecto invernadero, por lo que conservar este tipo de vegetación es fundamental para el combate al cambio climático”.
Estrategia globalizante
En medio de la entrada en vigencia el Acuerdo de París, aún no ratificado por Chile, el próximo martes el Gobierno participará en la Cumbre de Marrakesh donde se trabajará la implementación de este acuerdo en los 195 países suscritos. Mientras las Presidenta acelera el trámite legislativo para la aprobación de este tratado, en Chile se promulga la Estrategia Nacional para el Cambio Climático.
El documento está enmarcado en las directrices internacionales determinadas en 2015 en la cumbre para el desarrollo sostenible desarrollada entre los países miembros de las Naciones Unidas y que, en palabras de Felipe Rodríguez, psicólogo de la Universidad de Chile e investigador del núcleo de estudios e intervención comunitaria, “responde a los lineamientos de desarrollo que plantean los países más industrializados y que globalizan la forma de pensar nuestro territorio, dejando fuera las particularidades que atraviesan las realidades locales de las comunidades que habitan los diferentes localidades de Chile”.
Esto porque se diseña con la misma lógica del Protocolo de Kioto, al cual Estados Unidos no adscribió, y la conferencia de Río de Janeiro que plantean la necesidad de un desarrollo sostenible en el que las empresas voluntariamente deben considerar planes de prevención y mitigación frente al cambio climático. Sin generar una obligatoriedad para revertir el daño causado.
Los Ministros de Agricultura y Medio Ambiente junto a representantes de la Conaf, presentaron la estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales. La propuesta tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y económica que generan la desertificación, degradación de la tierra y la sequía.
El plan presentado por la autoridad ambiental tiene como foco reforestar 10 mil hectáreas de bosque nativo y con esto disminuir las emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera. La estrategia que tiene un presupuesto de más de 430 millones de dólares busca en un periodo de 10 años generar dicha mitigación.
Comunidades invisibilizadas
“En la presentación de esta estrategia en ninguna parte nombraron a los pueblos originarios, habían un par de fotos que mostraron algunos encuentros, pero nosotros deberíamos haber tenido esta información previamente, haberla leído y con esto hacer nuestras observaciones. Este trabajo participativo del que se jactan no es real, nosotros no aportamos en la construcción de este documento porque nuestras aportaciones no fueron vinculantes”, declaró Richards Challapa, representante de la comunidad de aguas subterráneas Jiwara Huma de la Pampa del Tamarugal.
La presidenta de la corporación Quipu Chile, Delia Condori, explicó que la queja es que no se tomó razón de quienes habitan los territorios que están siendo afectados por esta crisis ambiental. “Esto es una característica de la política nacional que deja fuera de sus leyes a las personas. A nuestro pueblo lo han oprimido constantemente y hoy siguen intentando instalar mineras aun cuando nuestros ríos están secándose y las principales napas subterráneas están siendo contaminadas. A nosotros nos deberían preguntar, nosotros tenemos una conexión profunda con la tierra y ellos están dejándonos sin pueblo porque han matado nuestras tierras”.
Privatización del cambio climático
Chile en 1997 adhirió al protocolo de Kioto en el que los países más industrializados del mundo acordaron que era necesario bajar las emisiones de gases efecto invernadero (dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) y de esta manera descontaminar la atmósfera.
Pero en la misma conferencia los países del primer mundo explicitaron que ellos no podían mitigar sus emisiones, porque sus niveles de industrialización no se los permitían, por lo mismo, necesitaban de grandes bosques para que sus contaminantes fueran absorbidos y limpiados por los árboles de Latinoamérica.
Una de las soluciones propuestas por las grandes potencias fue la creación de los bonos de Carbono, que son el valor monetario que se le asigna a la captura de partículas contaminantes que realizan los bosques, es decir, el precio que le cuesta a una empresa bajar o eliminar la contaminación que emite en su proceso productivo.
Por ejemplo en Alto Maipo, proyecto en el que ha desarrollado un mecanismo de desarrollo limpio que le permite reducir gases efecto invernadero y con esto comercializar las reducciones como bonos de carbono según las toneladas que reduzca. Esto a la vista de los países industrializados es un aporte. Por el contrario, las comunidades afectadas con este proyecto hidoreléctrico, que es financiado en un 40% por Antofagasta Minerals, no han logrado ser escuchadas aún cuando han presentado argumentaciones sólidas que demuestran los efectos nocivos para el ambiente que producen estas faenas.
Asimismo, empresas como Minera los Pelambres, Masisa, Endesa, Collahuasi, Enap, Colbun, BHP Billiton, Celulosa Arauco, entre otras, cuentan con mecanismos de desarrollo limpio y pertenecen a Pacto Global de las Naciones Unidas, luego de pagar una membrecía de un millón de pesos y que las convierte inmediatamente en compañías sustentables abaladas para reportar en base al Global Ripoting Initiative (GRI).
A juicio del ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, “la masa vegetacional que tiene Chile es un gran sumidero de gases efecto invernadero, por lo que conservar este tipo de vegetación es fundamental para el combate al cambio climático”.
Estrategia globalizante
En medio de la entrada en vigencia el Acuerdo de París, aún no ratificado por Chile, el próximo martes el Gobierno participará en la Cumbre de Marrakesh donde se trabajará la implementación de este acuerdo en los 195 países suscritos. Mientras las Presidenta acelera el trámite legislativo para la aprobación de este tratado, en Chile se promulga la Estrategia Nacional para el Cambio Climático.
El documento está enmarcado en las directrices internacionales determinadas en 2015 en la cumbre para el desarrollo sostenible desarrollada entre los países miembros de las Naciones Unidas y que, en palabras de Felipe Rodríguez, psicólogo de la Universidad de Chile e investigador del núcleo de estudios e intervención comunitaria, “responde a los lineamientos de desarrollo que plantean los países más industrializados y que globalizan la forma de pensar nuestro territorio, dejando fuera las particularidades que atraviesan las realidades locales de las comunidades que habitan los diferentes localidades de Chile”.
Esto porque se diseña con la misma lógica del Protocolo de Kioto, al cual Estados Unidos no adscribió, y la conferencia de Río de Janeiro que plantean la necesidad de un desarrollo sostenible en el que las empresas voluntariamente deben considerar planes de prevención y mitigación frente al cambio climático. Sin generar una obligatoriedad para revertir el daño causado.
Los Ministros de Agricultura y Medio Ambiente junto a representantes de la Conaf, presentaron la estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales. La propuesta tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y económica que generan la desertificación, degradación de la tierra y la sequía.
El plan presentado por la autoridad ambiental tiene como foco reforestar 10 mil hectáreas de bosque nativo y con esto disminuir las emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera. La estrategia que tiene un presupuesto de más de 430 millones de dólares busca en un periodo de 10 años generar dicha mitigación.
Comunidades invisibilizadas
“En la presentación de esta estrategia en ninguna parte nombraron a los pueblos originarios, habían un par de fotos que mostraron algunos encuentros, pero nosotros deberíamos haber tenido esta información previamente, haberla leído y con esto hacer nuestras observaciones. Este trabajo participativo del que se jactan no es real, nosotros no aportamos en la construcción de este documento porque nuestras aportaciones no fueron vinculantes”, declaró Richards Challapa, representante de la comunidad de aguas subterráneas Jiwara Huma de la Pampa del Tamarugal.
La presidenta de la corporación Quipu Chile, Delia Condori, explicó que la queja es que no se tomó razón de quienes habitan los territorios que están siendo afectados por esta crisis ambiental. “Esto es una característica de la política nacional que deja fuera de sus leyes a las personas. A nuestro pueblo lo han oprimido constantemente y hoy siguen intentando instalar mineras aun cuando nuestros ríos están secándose y las principales napas subterráneas están siendo contaminadas. A nosotros nos deberían preguntar, nosotros tenemos una conexión profunda con la tierra y ellos están dejándonos sin pueblo porque han matado nuestras tierras”.
Privatización del cambio climático
Chile en 1997 adhirió al protocolo de Kioto en el que los países más industrializados del mundo acordaron que era necesario bajar las emisiones de gases efecto invernadero (dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) y de esta manera descontaminar la atmósfera.
Pero en la misma conferencia los países del primer mundo explicitaron que ellos no podían mitigar sus emisiones, porque sus niveles de industrialización no se los permitían, por lo mismo, necesitaban de grandes bosques para que sus contaminantes fueran absorbidos y limpiados por los árboles de Latinoamérica.
Una de las soluciones propuestas por las grandes potencias fue la creación de los bonos de Carbono, que son el valor monetario que se le asigna a la captura de partículas contaminantes que realizan los bosques, es decir, el precio que le cuesta a una empresa bajar o eliminar la contaminación que emite en su proceso productivo.
Por ejemplo en Alto Maipo, proyecto en el que ha desarrollado un mecanismo de desarrollo limpio que le permite reducir gases efecto invernadero y con esto comercializar las reducciones como bonos de carbono según las toneladas que reduzca. Esto a la vista de los países industrializados es un aporte. Por el contrario, las comunidades afectadas con este proyecto hidoreléctrico, que es financiado en un 40% por Antofagasta Minerals, no han logrado ser escuchadas aún cuando han presentado argumentaciones sólidas que demuestran los efectos nocivos para el ambiente que producen estas faenas.
Asimismo, empresas como Minera los Pelambres, Masisa, Endesa, Collahuasi, Enap, Colbun, BHP Billiton, Celulosa Arauco, entre otras, cuentan con mecanismos de desarrollo limpio y pertenecen a Pacto Global de las Naciones Unidas, luego de pagar una membrecía de un millón de pesos y que las convierte inmediatamente en compañías sustentables abaladas para reportar en base al Global Ripoting Initiative (GRI).
A juicio del ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, “la masa vegetacional que tiene Chile es un gran sumidero de gases efecto invernadero, por lo que conservar este tipo de vegetación es fundamental para el combate al cambio climático”.
Estrategia globalizante
En medio de la entrada en vigencia el Acuerdo de París, aún no ratificado por Chile, el próximo martes el Gobierno participará en la Cumbre de Marrakesh donde se trabajará la implementación de este acuerdo en los 195 países suscritos. Mientras las Presidenta acelera el trámite legislativo para la aprobación de este tratado, en Chile se promulga la Estrategia Nacional para el Cambio Climático.
El documento está enmarcado en las directrices internacionales determinadas en 2015 en la cumbre para el desarrollo sostenible desarrollada entre los países miembros de las Naciones Unidas y que, en palabras de Felipe Rodríguez, psicólogo de la Universidad de Chile e investigador del núcleo de estudios e intervención comunitaria, “responde a los lineamientos de desarrollo que plantean los países más industrializados y que globalizan la forma de pensar nuestro territorio, dejando fuera las particularidades que atraviesan las realidades locales de las comunidades que habitan los diferentes localidades de Chile”.
Esto porque se diseña con la misma lógica del Protocolo de Kioto, al cual Estados Unidos no adscribió, y la conferencia de Río de Janeiro que plantean la necesidad de un desarrollo sostenible en el que las empresas voluntariamente deben considerar planes de prevención y mitigación frente al cambio climático. Sin generar una obligatoriedad para revertir el daño causado.
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