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Año XIII, 19 de junio de 2021

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Informe UDP revela precaria institucionalidad en protección de DD.HH.

En el marco de la publicación del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, investigadores advierten de la falta de avance de los proyectos como el de la Subsecretaría de la Niñez y el que crea el Sistema de Garantías para los menores. También se hizo hincapié en las vulneraciones en los derechos a la vivienda, diversidad sexual y otros ámbitos.

Tania González

  Lunes 7 de noviembre 2016 14:11 hrs. 
Santiago, 13 de Septiembre 2012 (UPI) Niños juegan a encumbrar Volantín en el Parque Ohiggins, tras la aprobación en la Cámara de Diputados por unanimidad el proyecto de ley que sanciona la fabricación, transporte, comercialización y uso de hilo curado para encumbrar volantines o cometas, quienes reaccionaron al accidente sufrido por la niña Amanda Farías mientras patinaba por el Parque O'Higgins. (UPI/Ismael Muñoz)


El último Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, instala por primera vez en el documento el debate sobre el derecho a una vivienda, además de subrayar las falencias que Chile presenta en términos de protección a los derechos de infancia.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales ha señalado que su propósito es “informar y analizar en profundidad, desde la perspectiva de los DDHH, aspectos conflictivos o silenciados de la vida social del país, considerados de particular gravedad por su carácter estructural,  o que no han sido destacados con anterioridad”.

Respecto a los niños y niñas, “Institucionalidad de Infancia en Chile: una deuda impaga” se titula el capítulo del estudio a cargo de la Universidad Diego Portales (UDP) en que la abogada Camila De la Maza y la socióloga Francisca González, profundizan sobre la forma en que el Estado trata a los niños, niñas y adolescentes que tiene a su cargo.

A la luz del escándalo y preocupación pública que ha provocado el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores, las investigadoras analizaron las recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en su reciente revisión a Chile en septiembre del año pasado y el avance de proyectos como el de la Subsecretaría de la Niñez y el Sistema de Garantías de la Niñez.

La abogada de la Universidad Diego Portales, Camila De la Maza, reconoció las limitaciones existentes en ambos proyectos mencionados y la necesidad de que se derogue la Ley de Menores de 1967.

“Chile es un país que ratificó la Convención de los Derechos del Niño en los 90 y a 26 años, no ha cambiado ni una coma de sus políticas públicas. Lo que ha hecho ha sido dictar programas focalizados y carentes de articulación. Los problemas que hemos visto en el Sename más que ser de fiscalización, son de política pública y voluntad política de avanzar. Que se discutan mucho los proyectos como el de Ley de Garantías, que lleva un año en el Congreso y aún sigue en su primer trámite constitucional, no demuestra que estamos avanzando”.

Camila De la Maza añadió que hace falta la modernización del Servicio Nacional de Menores, con la optimización de recursos y capacitación de su personal, puesto que, en su opinión, el sujeto de atención cambió. Así, la abogada explicó que en los años 60 el principal problema de los menores que llegaban a los centros de protección era la pobreza, mientras que ahora son los problemas de las drogas y la violencia.

Con estos antecedentes, desde la casa de estudios recomiendan a las autoridades cambiar el concepto de “disponibilidad presupuestaria” a “máximo de recursos disponibles” para dar garantías en protección de la niñez.

Por su parte, la socióloga Francisca González, espera que en los próximos programas de los presidenciables se tomen en cuenta a los que no votan y la invisibilidad de los temas de infancia.

“El tema de la violencia hay que llevarlo más allá de Sename, en el Comité de Derechos del Niño están realmente sorprendidos del nivel de violencia que existe hacia los menores en nuestro país. El Sename es una muestra, pero esto también ocurre en otros escenarios, si revisamos la encuesta de la Unicef el 70 por ciento de los niños se ha sentido maltratado o agredido psicológicamente”.

Mientras, en el marco del inicio de la discusión de los recursos para el Sename en el Parlamento, el senador Patricio Walker y representantes de organismos colaboradores del servicio, se reunieron con el ministro de Justicia, Jaime Campos, y le solicitaron aumentar el presupuesto para revertir la deficitaria situación en que viven los niños y jóvenes.

A la salida de la cita, el legislador expuso la respuesta que obtuvieron del Ejecutivo.

“Hay muchas instituciones que no tienen la posibilidad de recaudar donaciones privadas. Por eso pedimos que a propósito de la Ley de Presupuesto, se aumenten los recursos. El Ministro nos dijo que dependía de Hacienda, que no podía asegurar aumento de recursos, pero sí manifestó la disposición para que se incorpore una glosa para reasignar recursos. No obstante aquello, vamos hablar con el Ministro de Hacienda porque creemos que se debieran aumentar los recursos directamente, sin esperar una reasignación del Ministro de Justicia, en un 30 por ciento”.

El director de la Corporación María Ayuda, sacerdote Francisco Pereira, expuso que el problema va más allá del presupuesto y se requiere crear lugares adecuados para aquellos que están con graves problemas de salud mental junto con aumentar los recursos humanos y profesionales para atender a los menores.

Para estos efectos, el Ministro Campos comprometió una mesa de trabajo con participación activa de los actores del Sename. Al respecto, recordemos que la directora del organismo, Solange Huerta, aseguró que con sentido de urgencia, recibió el mandato de mejorar las condiciones de los internos con los recursos disponibles.

Por último, el tema de infraestructura es otro de los problemas del Servicio acerca del cual el Ministerio de Bienes Nacionales ha expuesto su atención. Recientemente la titular de la cartera, Nivia Palma, confirmó la destinación de un inmueble fiscal en la comuna de San Bernardo de la Región Metropolitana para la habilitación de dos centros de protección de niños y jóvenes.

Instalan debate sobre derecho a la vivienda

En cuanto al derecho a la vivienda, en un capítulo con una mirada desde los campamentos, se expone cómo en los últimos cinco años, a pesar del crecimiento económico y la mejora en general en los indicadores de desarrollo humano del país, persiste la violación de una obligación inmediata del derecho a la vivienda digna, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La actual directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP y una de las autoras del apartado, Judith Schönsteiner, indicó que se evidencia la falta de una política basada en un derecho humano y su reconocimiento constitucional.

“Todavía más de 38 mil 700 familias viven en campamentos a lo largo de Chile, una cifra que está en aumento y que creemos que en un país en el cual está en aumento considerablemente el PIB per cápita, no puede ser que esa desigualdad persista. Sobre la ejecución de subsidios hemos encontrado que solo un 18 por ciento de las personas que reciben o van a recibirlos, se encuentran con su casa entregada”.

La doctora en Derecho recomendó que se mantenga la información actualizada para hacer políticas públicas en esta área y que se incrementen los recursos destinados al término de los campamentos, no solo entregando una vivienda propia, sino que también garantizando la “seguridad de la tenencia” o posibilidad de goce de una vivienda adecuada.

En términos generales, acerca de los avances en materias de Derechos Humanos, el editor general del Informe, Tomás Vial, identificó asimetrías profundas.

“Por un lado en materia de diversidad sexual se ha avanzado con el Acuerdo de Unión Civil, mientras siguen habiendo prácticas de tortura propias de tiempos de la dictadura que no son individuales. El año pasado tuvimos un capítulo entero dedicado al tema de tortura y maltrato policial, lo que se sigue manteniendo. Esto no es extraño, probablemente en muchos países sucede en algún grado esa realidad de una ambigüedad y contradicción porque estamos hablando de una diversidad muy grande de temas y exigencias”.

De todas maneras, los expertos enfatizaron en la necesidad de mejorar los sistemas de fiscalización de respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos y que se dicte la norma de funcionamiento de la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos que está comprometida hace más de un año.

El resto de las temáticas abordadas este año refieren a las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos, pueblos indígenas, garantías contra la expulsión para migrantes, multiculturalidad y sistema educacional, violaciones a los DDHH durante la dictadura y a la práctica de esterilización en niñas y mujeres (con y sin discapacidad psíquica o intelectual).

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