El Estado mantiene una deuda que cada año va empeorando respecto a la situación de los campamentos y el derecho a la vivienda en Chile.
Esa fue una de las conclusiones alcanzadas en los diez capítulos que posee el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el que abarcó demandas históricas y actuales, tales como los derechos del infante, a la vivienda, inmigrantes, violaciones de derechos humanos, entre otros.
La Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Judith Schönsteiner, criticó al Ejecutivo por no tener un catastro de las personas que viven actualmente en reductos “tomados”, lo que imposibilita idear soluciones de Estado para superar el problema.
“No tenemos datos por parte del Estado que nos permitan ver cuál es el problema del desafío, y uno se pregunta cómo se van a hacer políticas públicas si no están los datos. Incluso para nosotros fue difícil acceder a algunas cifras porque simplemente el Serviu, el ministerio, no nos pudieron entregar el detalle que necesitábamos”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la también académica de la Facultad de Derecho de la UDP, agregó que a pesar de los avances en temas habitacionales, el análisis arrojó que los campamentos aumentaron de manera preocupante entre 2011 y 2016.
Precisó que son aproximadamente 38 mil 770 familias que viven en asentamientos a lo largo del país, 11 mil más que en 2011.
Judith Schönsteiner destacó que el hacinamiento no es el único problema al que se enfrentan, sino que también es crítico el acceso a servicios básicos, sanitarios, vitales para el desarrollo humano.
“Los campamentos son una de las más graves violaciones a los Derechos Humanos porque, además, de todo lo que es la vivienda en sí, también corresponde a una falta de acceso a servicios básicos como el alcantarillado y agua potable.”
En el informe anual de derechos humanos de la UDP, también se tratan las garantías contra la expulsión de migrantes y su situación de subsistencia por falta de una vivienda digna.
Al respecto, la directora de la entidad académica indicó que la mayor concentración de habitantes que viven en esta situación se encuentra en Antofagasta, Valparaíso y Concepción.
“Pero el Estado no ha hecho un estudio para saber las causas para que podamos hacer una política que responda, con enfoque de derechos a este desafío de que los campamentos se están rellenando y eso yo creo que es un gran debe del Estado. No podemos excusarlo con el presupuesto de los recursos porque es una obligación básica que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pone al Estado”.
Otras denuncias que hace el documento es “la falta de una política pública estructural de vivienda que pueda superar los obstáculos que significa el sobreprecio en el mercado de suelos”.
Recordemos que a fines de la década pasada, autoridades de gobierno hablaban que Chile había entrado en un camino para erradicar definitivamente los campamentos. Pero, posteriormente, se informó que como consecuencia del terremoto esa meta se iba a posponer, sin embargo, las cifras revelan que más que disminuir las familias que viven en este tipo de asentamientos, ha aumentado exponencialmente.
El Estado mantiene una deuda que cada año va empeorando respecto a la situación de los campamentos y el derecho a la vivienda en Chile.
Esa fue una de las conclusiones alcanzadas en los diez capítulos que posee el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el que abarcó demandas históricas y actuales, tales como los derechos del infante, a la vivienda, inmigrantes, violaciones de derechos humanos, entre otros.
La Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Judith Schönsteiner, criticó al Ejecutivo por no tener un catastro de las personas que viven actualmente en reductos “tomados”, lo que imposibilita idear soluciones de Estado para superar el problema.
“No tenemos datos por parte del Estado que nos permitan ver cuál es el problema del desafío, y uno se pregunta cómo se van a hacer políticas públicas si no están los datos. Incluso para nosotros fue difícil acceder a algunas cifras porque simplemente el Serviu, el ministerio, no nos pudieron entregar el detalle que necesitábamos”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la también académica de la Facultad de Derecho de la UDP, agregó que a pesar de los avances en temas habitacionales, el análisis arrojó que los campamentos aumentaron de manera preocupante entre 2011 y 2016.
Precisó que son aproximadamente 38 mil 770 familias que viven en asentamientos a lo largo del país, 11 mil más que en 2011.
Judith Schönsteiner destacó que el hacinamiento no es el único problema al que se enfrentan, sino que también es crítico el acceso a servicios básicos, sanitarios, vitales para el desarrollo humano.
“Los campamentos son una de las más graves violaciones a los Derechos Humanos porque, además, de todo lo que es la vivienda en sí, también corresponde a una falta de acceso a servicios básicos como el alcantarillado y agua potable.”
En el informe anual de derechos humanos de la UDP, también se tratan las garantías contra la expulsión de migrantes y su situación de subsistencia por falta de una vivienda digna.
Al respecto, la directora de la entidad académica indicó que la mayor concentración de habitantes que viven en esta situación se encuentra en Antofagasta, Valparaíso y Concepción.
“Pero el Estado no ha hecho un estudio para saber las causas para que podamos hacer una política que responda, con enfoque de derechos a este desafío de que los campamentos se están rellenando y eso yo creo que es un gran debe del Estado. No podemos excusarlo con el presupuesto de los recursos porque es una obligación básica que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pone al Estado”.
Otras denuncias que hace el documento es “la falta de una política pública estructural de vivienda que pueda superar los obstáculos que significa el sobreprecio en el mercado de suelos”.
Recordemos que a fines de la década pasada, autoridades de gobierno hablaban que Chile había entrado en un camino para erradicar definitivamente los campamentos. Pero, posteriormente, se informó que como consecuencia del terremoto esa meta se iba a posponer, sin embargo, las cifras revelan que más que disminuir las familias que viven en este tipo de asentamientos, ha aumentado exponencialmente.
El Estado mantiene una deuda que cada año va empeorando respecto a la situación de los campamentos y el derecho a la vivienda en Chile.
Esa fue una de las conclusiones alcanzadas en los diez capítulos que posee el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, el que abarcó demandas históricas y actuales, tales como los derechos del infante, a la vivienda, inmigrantes, violaciones de derechos humanos, entre otros.
La Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Judith Schönsteiner, criticó al Ejecutivo por no tener un catastro de las personas que viven actualmente en reductos “tomados”, lo que imposibilita idear soluciones de Estado para superar el problema.
“No tenemos datos por parte del Estado que nos permitan ver cuál es el problema del desafío, y uno se pregunta cómo se van a hacer políticas públicas si no están los datos. Incluso para nosotros fue difícil acceder a algunas cifras porque simplemente el Serviu, el ministerio, no nos pudieron entregar el detalle que necesitábamos”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la también académica de la Facultad de Derecho de la UDP, agregó que a pesar de los avances en temas habitacionales, el análisis arrojó que los campamentos aumentaron de manera preocupante entre 2011 y 2016.
Precisó que son aproximadamente 38 mil 770 familias que viven en asentamientos a lo largo del país, 11 mil más que en 2011.
Judith Schönsteiner destacó que el hacinamiento no es el único problema al que se enfrentan, sino que también es crítico el acceso a servicios básicos, sanitarios, vitales para el desarrollo humano.
“Los campamentos son una de las más graves violaciones a los Derechos Humanos porque, además, de todo lo que es la vivienda en sí, también corresponde a una falta de acceso a servicios básicos como el alcantarillado y agua potable.”
En el informe anual de derechos humanos de la UDP, también se tratan las garantías contra la expulsión de migrantes y su situación de subsistencia por falta de una vivienda digna.
Al respecto, la directora de la entidad académica indicó que la mayor concentración de habitantes que viven en esta situación se encuentra en Antofagasta, Valparaíso y Concepción.
“Pero el Estado no ha hecho un estudio para saber las causas para que podamos hacer una política que responda, con enfoque de derechos a este desafío de que los campamentos se están rellenando y eso yo creo que es un gran debe del Estado. No podemos excusarlo con el presupuesto de los recursos porque es una obligación básica que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pone al Estado”.
Otras denuncias que hace el documento es “la falta de una política pública estructural de vivienda que pueda superar los obstáculos que significa el sobreprecio en el mercado de suelos”.
Recordemos que a fines de la década pasada, autoridades de gobierno hablaban que Chile había entrado en un camino para erradicar definitivamente los campamentos. Pero, posteriormente, se informó que como consecuencia del terremoto esa meta se iba a posponer, sin embargo, las cifras revelan que más que disminuir las familias que viven en este tipo de asentamientos, ha aumentado exponencialmente.
