INDH: “En el caso Huenante la justicia militar no da garantías”
Branislav Marelic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se refirió a la reciente querella interpuesta por el caso de Hugo Arispe, desaparecido desde la cárcel de Acha en Arica en 2001, y sobre los otros casos de detenidos desaparecidos en democracia, particularmente el caso de José Huenante: “Para ese caso la jurisdicción militar no da garantías”, señaló.
Domingo 13 de noviembre 2016 14:38 hrs.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, se refirió a los casos de detenidos desaparecidos: Hugo Arispe, José Huenante y José Vergara, en todos los cuales el organismo ha presentado o se ha hecho parte de querellas en contra de quienes resulten responsables.
Marelic señaló que, en algunos de estos casos, las acciones llevadas a cabo por el Estado con el fin de esclarecerlos “han sido pobres”, a lo que se suma el factor de la justicia militar como un obstáculo para la resolución de los procesos, considerando que en todos existe participación de uniformados, ya sea Carabineros y Gendarmería.
Además, el director del INDH hizo énfasis en la condición de vulnerabilidad que presentan quienes han sido víctimas de los agentes del Estado y “están sujetos y son más propensos a sufrir abusos graves en sus derechos, como en este caso la desaparición forzada”.
¿Qué objetivos persigue el INDH al presentar esta querella por la desaparición en 2001 de Hugo Arispe desde la cárcel de Arica?
Esta acción judicial tiene varios objetivos: uno de ellos es saber dónde está Hugo Arispe. También es saber quiénes fueron los responsables de su desaparición y las circunstancias que lo rodean, y también obtener una sanción penal acorde con el derecho internacional.
¿Por qué se presentan estas querellas después de tanto tiempo?
El INDH comenzó a funcionar en 2010, mal podríamos haberlo hecho antes, sin embargo en los casos de José Huenante y de Hugo Arispe fueron las familias las que iniciaron las acciones judiciales y no fueron tomadas en cuenta del todo por la justicia. Nosotros, haciendo ese análisis de que ha pasado tanto tiempo y las familias han buscado justicia de manera reiterada, nosotros como INDH decidimos hacernos parte para impulsar estas acciones.
¿Han constatado algún avance en las investigaciones sobre estas desapariciones?
En el caso de Huenante está avanzando la investigación. Hay ciertos detalles procesales en cuanto a la jurisdicción militar y la civil que estamos resolviendo, porque acá en el caso de Huenante tiene que ser la jurisdicción civil, o sea la Fiscalía y los Juzgados de Garantía tienen que dirigir la investigación. En el caso de Hugo Arispe, nosotros recién estamos iniciando una investigación en la sede civil, y estamos recién pidiendo las primeras diligencias de esta acción.
Justamente, desde hace muchos años que distintos organismos han cuestionado la justicia militar ¿Cuál es la opinión del INDH sobre este sistema?
La jurisdicción militar chilena ha sido ampliamente cuestionada por los organismos internacionales, e incluso ha sido llamada a ser derogada o modificada por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2005, por tanto la jurisdicción militar en Chile no da ninguna garantía para que las víctimas puedan perseguir una condena para las personas que violaron sus derechos.
¿Y cómo evalúan las acciones llevadas a cabo por el Estado para esclarecer estos hechos?
En el caso de Hugo Arispe que se encuentra durante 15 años desaparecido, las acciones del Estado han sido pobres, por eso es que nosotros como Instituto entramos en la investigación para reforzar la necesidad de investigar. En el caso de José Huenante se ha tenido apoyo del Ministerio Público, sin embargo la jurisdicción militar sigue interviniendo en el esclarecimiento de los hechos, y obviamente dificulta la investigación en el caso Huenante.
Es decir, la justicia militar es más un obstáculo para la investigación
Para el caso Huenante la jurisdicción militar no da garantías. No permite tener la certeza de que las diligencias investigativas son efectivas. Por tanto siempre queda la duda de si se pudo haber hecho algo más eficaz en la jurisdicción civil, que es una jurisdicción independiente y que cumple de mejor forma los estándares de derechos humanos.
En los tres casos de desaparición forzada en democracia, un denominador común es la condición socioeconómica de las familias ¿Cómo analizan desde el INDH este elemento para la comprensión global de estas situaciones?
Es una característica bien relevante, porque en el caso de Hugo Arispe era un cuidador de autos. El caso de José Vergara que es una persona con una discapacidad mental, y en el caso de José Huenante que además de venir de un grupo muy vulnerado en cuanto a situación socioeconómica, es también de origen mapuche. Nos hace pensar que estas personas son muy vulnerables, están sujetos y son más propensos a sufrir abusos graves en sus derechos, como en este caso la desaparición forzada que, muchas veces, y una de las tesis que se tienen, es que la desaparición forzada de estas personas, son para encubrir homicidios.
Finalmente, cuál es la evaluación que hacen desde el INDH sobre la violencia del Estado hacia los ciudadanos, en general.
El Instituto, año tras año en nuestro informe anual, y en los informes especiales que tenemos sobre función policial y derechos humanos, y otros tipos de informe, hemos condenado la violencia venga de donde venga. En cuanto a los casos de violencia policial, por ejemplo nosotros hemos destacado avances, sin embargo conocemos siempre casos graves de derechos humanos, y graves casos de violencia, y ahí lo que nosotros hemos entendido que si bien no existe una práctica sistemática de ejercer violencia en contra de ciudadanos y ciudadanas, sí existen faltas de control y de prevención para que estas violaciones aisladas no se produzcan, y eso es lo que nosotros insistimos. Insistimos en que, por ejemplo, Carabineros, la Policía de Investigaciones tenga mecanismos de capacitación, y de control y sanción internos, además de la justicia, para investigar estos lesivos de derechos humanos.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, se refirió a los casos de detenidos desaparecidos: Hugo Arispe, José Huenante y José Vergara, en todos los cuales el organismo ha presentado o se ha hecho parte de querellas en contra de quienes resulten responsables.
Marelic señaló que, en algunos de estos casos, las acciones llevadas a cabo por el Estado con el fin de esclarecerlos “han sido pobres”, a lo que se suma el factor de la justicia militar como un obstáculo para la resolución de los procesos, considerando que en todos existe participación de uniformados, ya sea Carabineros y Gendarmería.
Además, el director del INDH hizo énfasis en la condición de vulnerabilidad que presentan quienes han sido víctimas de los agentes del Estado y “están sujetos y son más propensos a sufrir abusos graves en sus derechos, como en este caso la desaparición forzada”.
¿Qué objetivos persigue el INDH al presentar esta querella por la desaparición en 2001 de Hugo Arispe desde la cárcel de Arica?
Esta acción judicial tiene varios objetivos: uno de ellos es saber dónde está Hugo Arispe. También es saber quiénes fueron los responsables de su desaparición y las circunstancias que lo rodean, y también obtener una sanción penal acorde con el derecho internacional.
¿Por qué se presentan estas querellas después de tanto tiempo?
El INDH comenzó a funcionar en 2010, mal podríamos haberlo hecho antes, sin embargo en los casos de José Huenante y de Hugo Arispe fueron las familias las que iniciaron las acciones judiciales y no fueron tomadas en cuenta del todo por la justicia. Nosotros, haciendo ese análisis de que ha pasado tanto tiempo y las familias han buscado justicia de manera reiterada, nosotros como INDH decidimos hacernos parte para impulsar estas acciones.
¿Han constatado algún avance en las investigaciones sobre estas desapariciones?
En el caso de Huenante está avanzando la investigación. Hay ciertos detalles procesales en cuanto a la jurisdicción militar y la civil que estamos resolviendo, porque acá en el caso de Huenante tiene que ser la jurisdicción civil, o sea la Fiscalía y los Juzgados de Garantía tienen que dirigir la investigación. En el caso de Hugo Arispe, nosotros recién estamos iniciando una investigación en la sede civil, y estamos recién pidiendo las primeras diligencias de esta acción.
Justamente, desde hace muchos años que distintos organismos han cuestionado la justicia militar ¿Cuál es la opinión del INDH sobre este sistema?
La jurisdicción militar chilena ha sido ampliamente cuestionada por los organismos internacionales, e incluso ha sido llamada a ser derogada o modificada por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2005, por tanto la jurisdicción militar en Chile no da ninguna garantía para que las víctimas puedan perseguir una condena para las personas que violaron sus derechos.
¿Y cómo evalúan las acciones llevadas a cabo por el Estado para esclarecer estos hechos?
En el caso de Hugo Arispe que se encuentra durante 15 años desaparecido, las acciones del Estado han sido pobres, por eso es que nosotros como Instituto entramos en la investigación para reforzar la necesidad de investigar. En el caso de José Huenante se ha tenido apoyo del Ministerio Público, sin embargo la jurisdicción militar sigue interviniendo en el esclarecimiento de los hechos, y obviamente dificulta la investigación en el caso Huenante.
Es decir, la justicia militar es más un obstáculo para la investigación
Para el caso Huenante la jurisdicción militar no da garantías. No permite tener la certeza de que las diligencias investigativas son efectivas. Por tanto siempre queda la duda de si se pudo haber hecho algo más eficaz en la jurisdicción civil, que es una jurisdicción independiente y que cumple de mejor forma los estándares de derechos humanos.
En los tres casos de desaparición forzada en democracia, un denominador común es la condición socioeconómica de las familias ¿Cómo analizan desde el INDH este elemento para la comprensión global de estas situaciones?
Es una característica bien relevante, porque en el caso de Hugo Arispe era un cuidador de autos. El caso de José Vergara que es una persona con una discapacidad mental, y en el caso de José Huenante que además de venir de un grupo muy vulnerado en cuanto a situación socioeconómica, es también de origen mapuche. Nos hace pensar que estas personas son muy vulnerables, están sujetos y son más propensos a sufrir abusos graves en sus derechos, como en este caso la desaparición forzada que, muchas veces, y una de las tesis que se tienen, es que la desaparición forzada de estas personas, son para encubrir homicidios.
Finalmente, cuál es la evaluación que hacen desde el INDH sobre la violencia del Estado hacia los ciudadanos, en general.
El Instituto, año tras año en nuestro informe anual, y en los informes especiales que tenemos sobre función policial y derechos humanos, y otros tipos de informe, hemos condenado la violencia venga de donde venga. En cuanto a los casos de violencia policial, por ejemplo nosotros hemos destacado avances, sin embargo conocemos siempre casos graves de derechos humanos, y graves casos de violencia, y ahí lo que nosotros hemos entendido que si bien no existe una práctica sistemática de ejercer violencia en contra de ciudadanos y ciudadanas, sí existen faltas de control y de prevención para que estas violaciones aisladas no se produzcan, y eso es lo que nosotros insistimos. Insistimos en que, por ejemplo, Carabineros, la Policía de Investigaciones tenga mecanismos de capacitación, y de control y sanción internos, además de la justicia, para investigar estos lesivos de derechos humanos.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, se refirió a los casos de detenidos desaparecidos: Hugo Arispe, José Huenante y José Vergara, en todos los cuales el organismo ha presentado o se ha hecho parte de querellas en contra de quienes resulten responsables.
Marelic señaló que, en algunos de estos casos, las acciones llevadas a cabo por el Estado con el fin de esclarecerlos “han sido pobres”, a lo que se suma el factor de la justicia militar como un obstáculo para la resolución de los procesos, considerando que en todos existe participación de uniformados, ya sea Carabineros y Gendarmería.
Además, el director del INDH hizo énfasis en la condición de vulnerabilidad que presentan quienes han sido víctimas de los agentes del Estado y “están sujetos y son más propensos a sufrir abusos graves en sus derechos, como en este caso la desaparición forzada”.
¿Qué objetivos persigue el INDH al presentar esta querella por la desaparición en 2001 de Hugo Arispe desde la cárcel de Arica?
Esta acción judicial tiene varios objetivos: uno de ellos es saber dónde está Hugo Arispe. También es saber quiénes fueron los responsables de su desaparición y las circunstancias que lo rodean, y también obtener una sanción penal acorde con el derecho internacional.
¿Por qué se presentan estas querellas después de tanto tiempo?
El INDH comenzó a funcionar en 2010, mal podríamos haberlo hecho antes, sin embargo en los casos de José Huenante y de Hugo Arispe fueron las familias las que iniciaron las acciones judiciales y no fueron tomadas en cuenta del todo por la justicia. Nosotros, haciendo ese análisis de que ha pasado tanto tiempo y las familias han buscado justicia de manera reiterada, nosotros como INDH decidimos hacernos parte para impulsar estas acciones.
¿Han constatado algún avance en las investigaciones sobre estas desapariciones?
En el caso de Huenante está avanzando la investigación. Hay ciertos detalles procesales en cuanto a la jurisdicción militar y la civil que estamos resolviendo, porque acá en el caso de Huenante tiene que ser la jurisdicción civil, o sea la Fiscalía y los Juzgados de Garantía tienen que dirigir la investigación. En el caso de Hugo Arispe, nosotros recién estamos iniciando una investigación en la sede civil, y estamos recién pidiendo las primeras diligencias de esta acción.
Justamente, desde hace muchos años que distintos organismos han cuestionado la justicia militar ¿Cuál es la opinión del INDH sobre este sistema?
La jurisdicción militar chilena ha sido ampliamente cuestionada por los organismos internacionales, e incluso ha sido llamada a ser derogada o modificada por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2005, por tanto la jurisdicción militar en Chile no da ninguna garantía para que las víctimas puedan perseguir una condena para las personas que violaron sus derechos.
¿Y cómo evalúan las acciones llevadas a cabo por el Estado para esclarecer estos hechos?
En el caso de Hugo Arispe que se encuentra durante 15 años desaparecido, las acciones del Estado han sido pobres, por eso es que nosotros como Instituto entramos en la investigación para reforzar la necesidad de investigar. En el caso de José Huenante se ha tenido apoyo del Ministerio Público, sin embargo la jurisdicción militar sigue interviniendo en el esclarecimiento de los hechos, y obviamente dificulta la investigación en el caso Huenante.
Es decir, la justicia militar es más un obstáculo para la investigación
Para el caso Huenante la jurisdicción militar no da garantías. No permite tener la certeza de que las diligencias investigativas son efectivas. Por tanto siempre queda la duda de si se pudo haber hecho algo más eficaz en la jurisdicción civil, que es una jurisdicción independiente y que cumple de mejor forma los estándares de derechos humanos.
En los tres casos de desaparición forzada en democracia, un denominador común es la condición socioeconómica de las familias ¿Cómo analizan desde el INDH este elemento para la comprensión global de estas situaciones?
Es una característica bien relevante, porque en el caso de Hugo Arispe era un cuidador de autos. El caso de José Vergara que es una persona con una discapacidad mental, y en el caso de José Huenante que además de venir de un grupo muy vulnerado en cuanto a situación socioeconómica, es también de origen mapuche. Nos hace pensar que estas personas son muy vulnerables, están sujetos y son más propensos a sufrir abusos graves en sus derechos, como en este caso la desaparición forzada que, muchas veces, y una de las tesis que se tienen, es que la desaparición forzada de estas personas, son para encubrir homicidios.
Finalmente, cuál es la evaluación que hacen desde el INDH sobre la violencia del Estado hacia los ciudadanos, en general.
El Instituto, año tras año en nuestro informe anual, y en los informes especiales que tenemos sobre función policial y derechos humanos, y otros tipos de informe, hemos condenado la violencia venga de donde venga. En cuanto a los casos de violencia policial, por ejemplo nosotros hemos destacado avances, sin embargo conocemos siempre casos graves de derechos humanos, y graves casos de violencia, y ahí lo que nosotros hemos entendido que si bien no existe una práctica sistemática de ejercer violencia en contra de ciudadanos y ciudadanas, sí existen faltas de control y de prevención para que estas violaciones aisladas no se produzcan, y eso es lo que nosotros insistimos. Insistimos en que, por ejemplo, Carabineros, la Policía de Investigaciones tenga mecanismos de capacitación, y de control y sanción internos, además de la justicia, para investigar estos lesivos de derechos humanos.
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