Organizaciones de Derechos Humanos rechazaron los dichos del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, quien se mostró favorable a otorgar beneficios a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Dolmetsch aseguró, en entrevista con La Tercera, que “el derecho humano de las víctimas se cumplió, fueron sentenciados, y ahora corresponde el derecho humano de los condenados”.
Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, dijo que son declaraciones nefastas que contravienen todos los tratados internacionales sobre la materia.
Además, recalcó que esta perspectiva podría generar retrocesos en las investigaciones y sentencias relativas a estos casos.
“El señor Hugo Dolmestch está dando un precedente nefasto en cuanto a la política que han mantenido algunos jueces en investigar en calidad de crímenes de lesa humanidad, nos parece grave, serio porque contraviene todo lo que son los convenios y tratados internacionales en cuanto a los crímenes de lesa humanidad, que no tienen derecho a libertad condicional porque esa es una garantía que tienen los presos comunes”.
En tanto, desde la organización Londres 38, Espacio de Memorias, refutaron las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, señalando que el magistrado parte de una premisa falsa que es que en Chile se ha hecho justicia en los casos de violaciones a los DDHH, situación que para la entidad es equivocada ya que, en su mayoría, estos crímenes aún siguen impunes.
“Se ha vuelto un lugar común afirmar que en Chile se hizo verdad y justicia pero con ello se oculta la impunidad existente: la inmensa mayoría de los casos de personas detenidas desaparecidas o ejecutadas, denunciados durante la dictadura, fueron cerrados o amnistiados por los tribunales sin que se realizaran investigaciones efectivas”.
Por su parte, el abogado de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, afirmó que el país su conjunto debe asumir que el tratamiento judicial es diferente entre los delitos corrientes y los crímenes de lesa humanidad.
En ese sentido, el abogado expresó que cualquier perspectiva debe orientarse a que estos actos no se vuelvan a repetir y que se cumplan efectivamente las cláusulas de la justicia.
“Después de más de 30 años de empezar a lograr condenas de estas personas, que incluso en los primeros momentos fueron bajísimas, el país tiene que entender que estos son crímenes que no pueden volver a repetirse nunca más, y por lo tanto deben cumplirse en plenitud, y dejar de lado cualquier beneficio, cualquier situación de libertad, cualquier privilegio en favor de estas personas,
Las organizaciones humanitarias insistieron que ninguno de los condenados por este tipo de crímenes ha demostrado un grado de arrepentimiento por sus actos ni tampoco han colaborado en su totalidad con las investigaciones que se mantienen abiertas sobre estos casos. También rechazaron que estos condenados se mantengan en verdaderas “cárceles de lujo” como Punta Peuco.
Organizaciones de Derechos Humanos rechazaron los dichos del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, quien se mostró favorable a otorgar beneficios a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Dolmetsch aseguró, en entrevista con La Tercera, que “el derecho humano de las víctimas se cumplió, fueron sentenciados, y ahora corresponde el derecho humano de los condenados”.
Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, dijo que son declaraciones nefastas que contravienen todos los tratados internacionales sobre la materia.
Además, recalcó que esta perspectiva podría generar retrocesos en las investigaciones y sentencias relativas a estos casos.
“El señor Hugo Dolmestch está dando un precedente nefasto en cuanto a la política que han mantenido algunos jueces en investigar en calidad de crímenes de lesa humanidad, nos parece grave, serio porque contraviene todo lo que son los convenios y tratados internacionales en cuanto a los crímenes de lesa humanidad, que no tienen derecho a libertad condicional porque esa es una garantía que tienen los presos comunes”.
En tanto, desde la organización Londres 38, Espacio de Memorias, refutaron las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, señalando que el magistrado parte de una premisa falsa que es que en Chile se ha hecho justicia en los casos de violaciones a los DDHH, situación que para la entidad es equivocada ya que, en su mayoría, estos crímenes aún siguen impunes.
“Se ha vuelto un lugar común afirmar que en Chile se hizo verdad y justicia pero con ello se oculta la impunidad existente: la inmensa mayoría de los casos de personas detenidas desaparecidas o ejecutadas, denunciados durante la dictadura, fueron cerrados o amnistiados por los tribunales sin que se realizaran investigaciones efectivas”.
Por su parte, el abogado de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, afirmó que el país su conjunto debe asumir que el tratamiento judicial es diferente entre los delitos corrientes y los crímenes de lesa humanidad.
En ese sentido, el abogado expresó que cualquier perspectiva debe orientarse a que estos actos no se vuelvan a repetir y que se cumplan efectivamente las cláusulas de la justicia.
“Después de más de 30 años de empezar a lograr condenas de estas personas, que incluso en los primeros momentos fueron bajísimas, el país tiene que entender que estos son crímenes que no pueden volver a repetirse nunca más, y por lo tanto deben cumplirse en plenitud, y dejar de lado cualquier beneficio, cualquier situación de libertad, cualquier privilegio en favor de estas personas,
Las organizaciones humanitarias insistieron que ninguno de los condenados por este tipo de crímenes ha demostrado un grado de arrepentimiento por sus actos ni tampoco han colaborado en su totalidad con las investigaciones que se mantienen abiertas sobre estos casos. También rechazaron que estos condenados se mantengan en verdaderas “cárceles de lujo” como Punta Peuco.
Organizaciones de Derechos Humanos rechazaron los dichos del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, quien se mostró favorable a otorgar beneficios a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Dolmetsch aseguró, en entrevista con La Tercera, que “el derecho humano de las víctimas se cumplió, fueron sentenciados, y ahora corresponde el derecho humano de los condenados”.
Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, dijo que son declaraciones nefastas que contravienen todos los tratados internacionales sobre la materia.
Además, recalcó que esta perspectiva podría generar retrocesos en las investigaciones y sentencias relativas a estos casos.
“El señor Hugo Dolmestch está dando un precedente nefasto en cuanto a la política que han mantenido algunos jueces en investigar en calidad de crímenes de lesa humanidad, nos parece grave, serio porque contraviene todo lo que son los convenios y tratados internacionales en cuanto a los crímenes de lesa humanidad, que no tienen derecho a libertad condicional porque esa es una garantía que tienen los presos comunes”.
En tanto, desde la organización Londres 38, Espacio de Memorias, refutaron las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, señalando que el magistrado parte de una premisa falsa que es que en Chile se ha hecho justicia en los casos de violaciones a los DDHH, situación que para la entidad es equivocada ya que, en su mayoría, estos crímenes aún siguen impunes.
“Se ha vuelto un lugar común afirmar que en Chile se hizo verdad y justicia pero con ello se oculta la impunidad existente: la inmensa mayoría de los casos de personas detenidas desaparecidas o ejecutadas, denunciados durante la dictadura, fueron cerrados o amnistiados por los tribunales sin que se realizaran investigaciones efectivas”.
Por su parte, el abogado de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, afirmó que el país su conjunto debe asumir que el tratamiento judicial es diferente entre los delitos corrientes y los crímenes de lesa humanidad.
En ese sentido, el abogado expresó que cualquier perspectiva debe orientarse a que estos actos no se vuelvan a repetir y que se cumplan efectivamente las cláusulas de la justicia.
“Después de más de 30 años de empezar a lograr condenas de estas personas, que incluso en los primeros momentos fueron bajísimas, el país tiene que entender que estos son crímenes que no pueden volver a repetirse nunca más, y por lo tanto deben cumplirse en plenitud, y dejar de lado cualquier beneficio, cualquier situación de libertad, cualquier privilegio en favor de estas personas,
Las organizaciones humanitarias insistieron que ninguno de los condenados por este tipo de crímenes ha demostrado un grado de arrepentimiento por sus actos ni tampoco han colaborado en su totalidad con las investigaciones que se mantienen abiertas sobre estos casos. También rechazaron que estos condenados se mantengan en verdaderas “cárceles de lujo” como Punta Peuco.
