Luego de 18 días de paralización del sector público que concluyó con la aprobación de un desfavorable reajuste salarial del 3,2 por ciento para los trabajadores, en un segundo capítulo del conflicto deberán discutir sobre los eventuales descuentos a sus remuneraciones que se harían efectivos a partir del próximo mes, según indicó la Contraloría.
Ante este escenario, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, asumió que “día no trabajado, es día no pagado” pero que pretendían discutir algún mecanismo compensatorio como horas extras o cambios de turnos para evitar mayores impactos en los sueldos de los funcionarios. De todas maneras, cualquier medida será aplicada luego de sentarse a discutir con el Ejecutivo.
Una posición que fue cuestionada por distintos sectores porque aseguraron no ha sido legitimada por ninguno de los gremios de base.
Para la directora nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y dirigenta del movimiento Cabreadas, Orietta Fuenzalida, esta es una maniobra que todos los años el Gobierno repite contra la clase trabajadora movilizada. Sin embargo, una vez destrabado el conflicto invariablemente a favor del Gobierno, es zanjado por la cúpula sindical.
“Ella está hablando en nombre de todos los trabajadores públicos por eso fueron expulsados este jueves en la plaza de la Constitución. Preferiría que se les preguntaran a los trabajadores de los consultorios, de los municipios y de otros servicios. Sé que en el ámbito de la salud hay gran dedicación y estarían dispuestos a aplicar mecanismos para ponerse al día”.
Mientras, el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Esteban Maturana, apuntó a la discusión que debe tener cada gremio respecto a la materia, descartando que la posición de la CUT se imponga en este debate.
En ese sentido, planteó la necesidad de mantenerse alerta ante la aplicación de descuentos porque, a su juicio, responde a una estrategia de represión del Estado. “Hay un procedimiento que debe ser concordado entre las partes mediante un proceso de diálogo, más allá de todas estas amenazas públicas que pretenden dejar tranquilo a un sector que cree que es necesario aplicar todas las ´penas del infierno´ a los trabajadores que se movilizan”.
Según indicaron los dirigentes gremiales, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aprobó este reajuste y, en paralelo, habría comprometido el ingreso de un proyecto para crear una comisión asesora técnica que fije esta cifra en debates futuros. Una idea rechazada por los trabajadores que destacaron la importancia de la negociación entre los gremios y el Gobierno.
La Contraloría señaló que los descuentos se harán efectivos a partir del próximo mes de acuerdo a los días que los funcionarios mantuvieron paralizadas sus actividades, y de no poder comprobar si el trabajador se mantuvo o no en sus funciones se instruirán sumarios en sus respectivas áreas.
Luego de 18 días de paralización del sector público que concluyó con la aprobación de un desfavorable reajuste salarial del 3,2 por ciento para los trabajadores, en un segundo capítulo del conflicto deberán discutir sobre los eventuales descuentos a sus remuneraciones que se harían efectivos a partir del próximo mes, según indicó la Contraloría.
Ante este escenario, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, asumió que “día no trabajado, es día no pagado” pero que pretendían discutir algún mecanismo compensatorio como horas extras o cambios de turnos para evitar mayores impactos en los sueldos de los funcionarios. De todas maneras, cualquier medida será aplicada luego de sentarse a discutir con el Ejecutivo.
Una posición que fue cuestionada por distintos sectores porque aseguraron no ha sido legitimada por ninguno de los gremios de base.
Para la directora nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y dirigenta del movimiento Cabreadas, Orietta Fuenzalida, esta es una maniobra que todos los años el Gobierno repite contra la clase trabajadora movilizada. Sin embargo, una vez destrabado el conflicto invariablemente a favor del Gobierno, es zanjado por la cúpula sindical.
“Ella está hablando en nombre de todos los trabajadores públicos por eso fueron expulsados este jueves en la plaza de la Constitución. Preferiría que se les preguntaran a los trabajadores de los consultorios, de los municipios y de otros servicios. Sé que en el ámbito de la salud hay gran dedicación y estarían dispuestos a aplicar mecanismos para ponerse al día”.
Mientras, el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Esteban Maturana, apuntó a la discusión que debe tener cada gremio respecto a la materia, descartando que la posición de la CUT se imponga en este debate.
En ese sentido, planteó la necesidad de mantenerse alerta ante la aplicación de descuentos porque, a su juicio, responde a una estrategia de represión del Estado. “Hay un procedimiento que debe ser concordado entre las partes mediante un proceso de diálogo, más allá de todas estas amenazas públicas que pretenden dejar tranquilo a un sector que cree que es necesario aplicar todas las ´penas del infierno´ a los trabajadores que se movilizan”.
Según indicaron los dirigentes gremiales, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aprobó este reajuste y, en paralelo, habría comprometido el ingreso de un proyecto para crear una comisión asesora técnica que fije esta cifra en debates futuros. Una idea rechazada por los trabajadores que destacaron la importancia de la negociación entre los gremios y el Gobierno.
La Contraloría señaló que los descuentos se harán efectivos a partir del próximo mes de acuerdo a los días que los funcionarios mantuvieron paralizadas sus actividades, y de no poder comprobar si el trabajador se mantuvo o no en sus funciones se instruirán sumarios en sus respectivas áreas.
Luego de 18 días de paralización del sector público que concluyó con la aprobación de un desfavorable reajuste salarial del 3,2 por ciento para los trabajadores, en un segundo capítulo del conflicto deberán discutir sobre los eventuales descuentos a sus remuneraciones que se harían efectivos a partir del próximo mes, según indicó la Contraloría.
Ante este escenario, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, asumió que “día no trabajado, es día no pagado” pero que pretendían discutir algún mecanismo compensatorio como horas extras o cambios de turnos para evitar mayores impactos en los sueldos de los funcionarios. De todas maneras, cualquier medida será aplicada luego de sentarse a discutir con el Ejecutivo.
Una posición que fue cuestionada por distintos sectores porque aseguraron no ha sido legitimada por ninguno de los gremios de base.
Para la directora nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y dirigenta del movimiento Cabreadas, Orietta Fuenzalida, esta es una maniobra que todos los años el Gobierno repite contra la clase trabajadora movilizada. Sin embargo, una vez destrabado el conflicto invariablemente a favor del Gobierno, es zanjado por la cúpula sindical.
“Ella está hablando en nombre de todos los trabajadores públicos por eso fueron expulsados este jueves en la plaza de la Constitución. Preferiría que se les preguntaran a los trabajadores de los consultorios, de los municipios y de otros servicios. Sé que en el ámbito de la salud hay gran dedicación y estarían dispuestos a aplicar mecanismos para ponerse al día”.
Mientras, el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Esteban Maturana, apuntó a la discusión que debe tener cada gremio respecto a la materia, descartando que la posición de la CUT se imponga en este debate.
En ese sentido, planteó la necesidad de mantenerse alerta ante la aplicación de descuentos porque, a su juicio, responde a una estrategia de represión del Estado. “Hay un procedimiento que debe ser concordado entre las partes mediante un proceso de diálogo, más allá de todas estas amenazas públicas que pretenden dejar tranquilo a un sector que cree que es necesario aplicar todas las ´penas del infierno´ a los trabajadores que se movilizan”.
Según indicaron los dirigentes gremiales, el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aprobó este reajuste y, en paralelo, habría comprometido el ingreso de un proyecto para crear una comisión asesora técnica que fije esta cifra en debates futuros. Una idea rechazada por los trabajadores que destacaron la importancia de la negociación entre los gremios y el Gobierno.
La Contraloría señaló que los descuentos se harán efectivos a partir del próximo mes de acuerdo a los días que los funcionarios mantuvieron paralizadas sus actividades, y de no poder comprobar si el trabajador se mantuvo o no en sus funciones se instruirán sumarios en sus respectivas áreas.
