Aldo Valle: “Presupuesto de educación es un espacio a la expansión de la oferta privada”
El rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente del CRUCh, es uno de los que ha estado al frente de la discusión sobre la reforma educacional, y hoy critica la Ley de Presupuesto recientemente aprobada porque no existe fiscalización para los fondos que administran los planteles universitarios privados.
Miércoles 30 de noviembre 2016 16:29 hrs.
En el marco de la discusión del Presupuesto anual de la nación, el vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Aldo Valle, hizo duras críticas a la forma en que se administrarán los fondos que entregará el Estado a las universidades privadas por concepto de gratuidad.
La también máxima autoridad de la Universidad de Valparaíso dijo que “más allá de las limitaciones o de la sobre determinaciones que tiene el Poder Ejecutivo para las políticas de financiamiento público, el proyecto que se aprobó es un espacio a la expansión de la oferta privada”.
El académico agregó que es necesario considerar que, por una parte se ha abierto la gratuidad a toda la formación técnico profesional que es esencialmente privada, la misma que ha incrementado sus ganancias producto del crédito con aval del Estado (CAE) y la Beca Bicentenario que también se han puesto a disposición de las universidades privadas. Todo esto sin fiscalización sobre la utilización de esos fondos públicos.
“Me parece que es una expansión de oferta privada sin restricciones de arancel, ni de matrículas, que sí hay sobre las universidades del Consejo de Rectores o las universidades que adhieren a la gratuidad. En ese sentido, hay aquí una discriminación porque se entrega recursos públicos a instituciones que los pueden administrar, pero sometidas a todo tipo de fiscalizaciones a reglas de transparencia activa y pasiva. Mientras que, por el contrario, las otras (privadas) que reciben más recursos púbicos no están sometidas a reglas de transparencia, ni pasiva, ni activa y que están lejos de la mano de la Controlaría General de la República, sin restricción de arancel, ni de la oferta de bacantes. En consecuencia, se ha ido en contra de los principios declarados para la reforma de la educación superior”.
El profesor agregó que “la Ley de Presupuesto va en el sentido de fortalecer y consolidar la cobertura privada, sin aportar como debiera a la oferta pública de las universidades del Consejo de Rectores que se extienden de Arica a Punta Arenas. Todas responden a unos estándares mucho más exigentes que muchas de las instituciones que ahora van a recibir financiamiento público sin las exigencias, sin la fiscalización, sin los controles que debería establecer la ley de recursos públicos que administran manos privadas”.
Finalmente, el vicepresidente del CRUCh enfatizó que “esto no se les entrega a los estudiantes, ni a las familias, sino que se les entrega a instituciones privadas que por una parte destinan y administran según los intereses que tiene esas corporaciones privadas. Con esto yo tengo una discrepancia sustantiva con este proyecto de Ley de Presupuesto”.
En el marco de la discusión del Presupuesto anual de la nación, el vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Aldo Valle, hizo duras críticas a la forma en que se administrarán los fondos que entregará el Estado a las universidades privadas por concepto de gratuidad.
La también máxima autoridad de la Universidad de Valparaíso dijo que “más allá de las limitaciones o de la sobre determinaciones que tiene el Poder Ejecutivo para las políticas de financiamiento público, el proyecto que se aprobó es un espacio a la expansión de la oferta privada”.
El académico agregó que es necesario considerar que, por una parte se ha abierto la gratuidad a toda la formación técnico profesional que es esencialmente privada, la misma que ha incrementado sus ganancias producto del crédito con aval del Estado (CAE) y la Beca Bicentenario que también se han puesto a disposición de las universidades privadas. Todo esto sin fiscalización sobre la utilización de esos fondos públicos.
“Me parece que es una expansión de oferta privada sin restricciones de arancel, ni de matrículas, que sí hay sobre las universidades del Consejo de Rectores o las universidades que adhieren a la gratuidad. En ese sentido, hay aquí una discriminación porque se entrega recursos públicos a instituciones que los pueden administrar, pero sometidas a todo tipo de fiscalizaciones a reglas de transparencia activa y pasiva. Mientras que, por el contrario, las otras (privadas) que reciben más recursos púbicos no están sometidas a reglas de transparencia, ni pasiva, ni activa y que están lejos de la mano de la Controlaría General de la República, sin restricción de arancel, ni de la oferta de bacantes. En consecuencia, se ha ido en contra de los principios declarados para la reforma de la educación superior”.
El profesor agregó que “la Ley de Presupuesto va en el sentido de fortalecer y consolidar la cobertura privada, sin aportar como debiera a la oferta pública de las universidades del Consejo de Rectores que se extienden de Arica a Punta Arenas. Todas responden a unos estándares mucho más exigentes que muchas de las instituciones que ahora van a recibir financiamiento público sin las exigencias, sin la fiscalización, sin los controles que debería establecer la ley de recursos públicos que administran manos privadas”.
Finalmente, el vicepresidente del CRUCh enfatizó que “esto no se les entrega a los estudiantes, ni a las familias, sino que se les entrega a instituciones privadas que por una parte destinan y administran según los intereses que tiene esas corporaciones privadas. Con esto yo tengo una discrepancia sustantiva con este proyecto de Ley de Presupuesto”.
En el marco de la discusión del Presupuesto anual de la nación, el vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Aldo Valle, hizo duras críticas a la forma en que se administrarán los fondos que entregará el Estado a las universidades privadas por concepto de gratuidad.
La también máxima autoridad de la Universidad de Valparaíso dijo que “más allá de las limitaciones o de la sobre determinaciones que tiene el Poder Ejecutivo para las políticas de financiamiento público, el proyecto que se aprobó es un espacio a la expansión de la oferta privada”.
El académico agregó que es necesario considerar que, por una parte se ha abierto la gratuidad a toda la formación técnico profesional que es esencialmente privada, la misma que ha incrementado sus ganancias producto del crédito con aval del Estado (CAE) y la Beca Bicentenario que también se han puesto a disposición de las universidades privadas. Todo esto sin fiscalización sobre la utilización de esos fondos públicos.
“Me parece que es una expansión de oferta privada sin restricciones de arancel, ni de matrículas, que sí hay sobre las universidades del Consejo de Rectores o las universidades que adhieren a la gratuidad. En ese sentido, hay aquí una discriminación porque se entrega recursos públicos a instituciones que los pueden administrar, pero sometidas a todo tipo de fiscalizaciones a reglas de transparencia activa y pasiva. Mientras que, por el contrario, las otras (privadas) que reciben más recursos púbicos no están sometidas a reglas de transparencia, ni pasiva, ni activa y que están lejos de la mano de la Controlaría General de la República, sin restricción de arancel, ni de la oferta de bacantes. En consecuencia, se ha ido en contra de los principios declarados para la reforma de la educación superior”.
El profesor agregó que “la Ley de Presupuesto va en el sentido de fortalecer y consolidar la cobertura privada, sin aportar como debiera a la oferta pública de las universidades del Consejo de Rectores que se extienden de Arica a Punta Arenas. Todas responden a unos estándares mucho más exigentes que muchas de las instituciones que ahora van a recibir financiamiento público sin las exigencias, sin la fiscalización, sin los controles que debería establecer la ley de recursos públicos que administran manos privadas”.
Finalmente, el vicepresidente del CRUCh enfatizó que “esto no se les entrega a los estudiantes, ni a las familias, sino que se les entrega a instituciones privadas que por una parte destinan y administran según los intereses que tiene esas corporaciones privadas. Con esto yo tengo una discrepancia sustantiva con este proyecto de Ley de Presupuesto”.
