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Año XI, 18 de octubre de 2019

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Trabajadores de Subus expresan preocupación por proceso de quiebra

La resolución del Gobierno de inyectar más recursos a la empresa debía haber sido anunciada antes de diciembre. Sin embargo, hasta el último minuto se espera la determinación para ser revisada por los acreedores. Finiquitos y la continuad laboral de 6.200 personas, además del servicio de buses de 800 mil pasajeros estarían en riesgo

Claudio Garrido

  Miércoles 30 de noviembre 2016 20:37 hrs. 
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Persiste la incertidumbre respecto al futuro de la empresa Subus, operadora del Transantiago de las líneas 200 y del sector sur de la capital. Hasta este miércoles debía saberse si el ministerio de Transportes accede a asignar más recursos a la compañía, debido al proceso de negociación extraordinaria que busca aumentar los pagos por pasajero transportado que percibe la concesionaria. Cosa que al cierre de la edición, no ha sido resuelta.

Situación que se da en el marco de la crisis financiera de la empresa de capitales colombianos, y que a mediados de este año desembocó en la acogida por parte de la concesionaria a la Ley de Reemprendimiento e Insolvencia. Instancia por la cual debió presentar un plan de reestructuración para poder continuar sus operaciones.

La deuda de Subus, que asciende a 187 millones de dólares, fue reestructurada y aprobada por los acreedores con la condición que el Gobierno asigne nuevos recursos a la empresa, producto de la reformulación de la tarifa por pasajero transportado.

Sin embargo, de no prosperar esta negociación, los acreedores han resuelto que la empresa debe detener sus operaciones y dar inicio al proceso de liquidación de bienes, lo que pone en riesgo el servicio de transporte de pasajeros de Puente Alto, San Bernardo, La Cisterna, San Ramón, La Pintana y El Bosque; además de recorridos que van desde estos sectores al Centro de Santiago, Huechuraba, Recoleta, Independencia, Macul y Providencia.

Si bien, medios plantearon este miércoles que había un acercamiento entre el Gobierno y la empresa por un monto en torno a los 14 mil millones de pesos anuales, el subgerente de Asuntos Públicos de Subus, Julio Toyos, desmintió esa información, y expresó que “no hemos recibido ninguna propuesta del Gobierno todavía, por lo tanto no tenemos ninguna declaración que hacer”.

Por su parte, desde el Ministerio de Transportes declinaron referirse al tema hasta que se cierre por completo el proceso de negociación.

Quienes sí manifestaron preocupación, fueron los trabajadores, debido a que existe un acuerdo político entre el Gobierno y los 6 mil 200 empleados para el oportuno pago de los finiquitos y su recontratación durante el proceso de transición de operaciones a una nueva empresa.

Acuerdo que se pone en riesgo, debido a que los acreedores definieron un modo distinto de liquidación al que hacía referencia el trato y que permite que los acreedores de igual modo enajenen bienes de la empresa a pesar de estar afectos a concesión, ya que sencillamente ésta se terminaría al momento de su liquidación.

El vicepresidente de la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores del Transporte y Afines de Chile (Conutt) y dirigente sindical de Subus, Boris Guerrero, explicó cómo afectó a los funcionarios el cambio de escenario.

Según señaló, si se produce la liquidación ordenada de activos de Subus, se nombrará un administrador provisional, que dará continuidad al giro de la empresa y sin finiquitar a los trabajadores sino hasta después de cancelar a los demás acreedores, como empresas y bancos. Paralelamente, se designará a un liquidador, ya que tal como ha ocurrido en caducidades anteriores por motivos de quiebra, la concesión se termina y los bienes pierden su calidad de afectos a concesión. Por consecuencia, terminales y buses pueden ser enajenados para cancelar las deudas ya que pierden la calidad de inamovibles hasta que otra operadora asuma la operación de los servicios.

“¿Dónde es la complejidad para los trabajadores? Que como nosotros no nos van a finiquitar, sino hasta al término de este período de transición, nosotros recién ahí tendríamos la calidad de acreedores. Por lo tanto, la preocupación inmediata de los trabajadores, es que vemos que lamentablemente están en riesgo los pagos de nuestras indeminzaciones”, expresó Guerrero.

El dirigente afirmó que lo que los trabajadores exigen al Gobierno es el cumplimiento del compromiso acerca del resguardo de las indemnizaciones y la continuidad laboral de los empleados de Subus. Debido al cambio de las condiciones del acuerdo -referidas al tipo de liquidación- acordaron con el Ejecutivo anexar al trato nuevas condiciones para resguardar estos aspectos. Pero la redacción no ha sido devuelta por parte de la autoridad, por lo que los trabajadores no saben si se respetarán los acuerdos. No descartan movilizarse si no se les garantizan estos aspectos y se da curso a la liquidación en las condiciones actuales.

“Nosotros, los trabajadores, sabemos que los 800 mil usuarios que la empresa Subus transporta diariamente, no tienen por qué pagar costos de una negociación entre privados. Y menos tampoco, los trabajadores estamos dispuestos a ser víctimas de esta negociación. Por lo tanto, lo que le hemos dicho al Ministerio de Transporte, es que queremos evitar por todos los lados la interrupción de los servicios y solamente les estamos pidiendo al Ministro de Transportes y la Ministra del Trabajo, que den cumplimiento a lo que ellos firmaron el día 5 de septiembre”

Debido a la tardanza con la que se llega al fin de la negociación, agotando los plazos, Boris Guerrero fustigó la actitud del Gobierno y expresó que esas prácticas sólo generan desconfianzas.

“Yo no se por qué la autoridad le encanta dilatar y mantener en ascuas tanto a la ciudadanía como a los trabajadores, y no define con anterioridad realmente la voluntad de cuánto es lo que quiere inyectar en recursos, o cuánto están dispuestos en función a un análisis -me imagino- serio y lógico en base a los argumentos que ellos tienen; no entiendo por qué estas situaciones siempre, siempre terminan dilatándose y terminan generando estas suspicacias y temores en los trabajadores”.

Después de terminada la negociación, el interventor Enrique Ortiz tiene 48 horas para presentar esa resolución a los acreedores, quienes darán el veredicto final este viernes. Será hasta ese día, entonces, que habrá que esperar si los recursos que el Gobierno asigne serán suficientes para cubrir el plan de pagos que la empresa presentó a sus acreedores. De no ser así, podrdará paso a la liquidación.