La denuncia de una veintena de alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros por torturas y abusos sexuales en contra del teniente de Caballería Aldo Valenzuela Perroni, reabrió el debate sobre la formación que reciben los funcionarios de la institución, ya que estas revelaciones se suman a las numerosas acusaciones de uso de violencia y también abusos contra la población civil.
Además, otro de los aspectos que relevó esta denuncia es la necesidad de reformar o derogar la Justicia Militar, ya que en este caso las víctimas acusan que realizaron estas denuncias en 205, sin embargo la Fiscalía Militar no realizó diligencia alguna, salvo cuando se hizo parte la Defensoría Policial Solidaria del caso.
Marta Cisternas, coordinadora de la Comisión de Observadores de DDHH de la Casa Memoria José Domingo Cañas, fue enfática al señalar que este caso demuestra que la aplicación de torturas y el abuso de connotación sexual es una “práctica sistemática y estructural” en Carabineros.
“Lo que nosotros decimos es que es sistemático y es estructural, esos son los dos conceptos que hemos estado acuñando en relación al tema, porque primero hay un patrón que se repite: si tú me hablas de abuso yo inmediatamente recuerdo testimonios que me tocó tomar en la zona de Puerto Choque en Tirúa, y ahí tenemos un caso concreto por el que el Instituto tiene una querella donde Carabineros torturó a un padre y a un hijo, y la connotación de la tortura fue sexual”.
La vocera de Casa Memoria José Domingo Cañas reiteró que existe “una estructura que permite que esto pase y que esto no sea sancionado”, por lo mismo hizo énfasis en que el Estado, de una vez por todas, se dote del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, instancia que debería velar de manera integral por la protección de los derechos humanos.
“No nos basta con que se tipifique el delito de tortura. Necesitamos el Mecanismo y necesitamos que, efectivamente, esto sirva para modificar porque tenemos una ley que tampoco sabemos si se va a utilizar”.
Todo esto lleva a Marta Cisternas a plantear que en Chile “vivimos en un estado de impunidad”: “En lo concreto, estamos en un estado de impunidad. Si tú piensas la cantidad de denuncias que hay contra Carabineros, cuántas de esas denuncias tienen una sanción, pero que sea real, que sea ejemplificadora, eso no está. Las policías se siguen formando de manera militar. La policía es militarizada en Chile y el nivel de entrenamiento que tienen, tiene que ver con la contrainsurgencia, con la anulación del otro, y ahí entran las prácticas de abusos sexuales”.
Esteban Infante, director de la Defensoría Policial Solidaria, entidad que patrocina y defiende a los demandantes de este caso, señaló que la denuncia de los ex alumnos se planteó a fines de 2015, pero que nadie los tomó en cuenta, y que, además el caso ya estaba en conocimiento de la Fiscalía Militar, pero que estaba “durmiendo como muchos casos que duermen en la Fiscalía Militar con la finalidad de tapar casos que lideran algunos malos oficiales”, asegura.
Infante, quien también es suboficial en retiro de Carabineros, criticó a la Justicia Militar a la que que considera como carente de autonomía para llevar adelante los procesos que debe investigar, ya que “son subordinados de las mismas instituciones armadas”, por lo que no existe objetividad, señala.
El director de la Defensoría Policial Solidaria sostiene que en Carabineros existen problemas de formación de sus cuadros, tanto en materia de derechos humanos como también sobre derechos laborales, ya que también se producen abusos en este ámbito.
“Se aprovechan de la potestad que tienen algunos mandos que nadie los controla, son autónomos. Por ejemplo tenemos casos en donde han sido cuestionados por el propio Parlamento algunos altos mandos, y ahí han quedado. El Presidente de la República parece que es al revés, es él el subordinado de los comandantes en jefe en vez de ellos al poder civil. Entonces, esto tiene que regularse, y aquí no pueden haber personajes, por ejemplo por mucha autoridad que tengan, si han cometido delitos tienen que pagar igual que todos. Aquí tiene que haber una igualdad ante la ley”.
Finalmente, Esteban Infante recordó los casos en los cuales suboficiales de Carabineros han sido obligados a realizar trabajos domésticos en las casas de los altos mandos, o en en las mismas unidades policiales, y que en algunos ocasiones han terminado en serios accidentes como el caso de Erick Montupin quien en Iquique terminó con su rostro desfigurado luego de manipular una galletera para hacer unos arreglos en la Central de Comunicaciones de la institución.
El diputado del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez, relevó la importancia de evitar que se vuelvan a repetir este tipo de actos al interior de las escuelas de formación de Carabineros y Fuerzas Armadas, ya que es probable que quienes sufrieron este tipo de abusos, los replique en el futuro con la población civil.
“Amerita hacer una investigación más profunda sobre los métodos de estudio y qué es lo que se les está enseñando a estos futuros integrantes de las Fuerzas Armadas. Creo que es relevante que el Ministerio de Defensa tome cartas en el asunto porque no es posible seguir tolerando denuncias de maltratos, torturas, vejámenes al interior de las FFAA, porque al final del día estas personas que hoy reciben esta formación, posteriormente salen a la calle y pueden, eventualmente, cometer los mismos abusos que hoy se cometen en su contra”.
El parlamentario comunista no descartó una citación a la comisión de DDHH de la Cámara al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, para que exponga sobre estas denuncias realizadas por alumnos de la Escuela de Caballería de la institución.