El debate en torno a la concesión de beneficios carcelarios a violadores de Derechos Humanos se ha reinstalado en la agenda pública, luego que el ministro de Justicia, Jaime Campos se mostrara partidario de otorgar la libertad condicional por razones humanitarias.
Palabras que se dan en un escenario en que la Corte Suprema ha tomado una serie de determinaciones que van en beneficio de criminales de lesa humanidad y que ha encendido las alarmas de algunos sectores.
Por esta razón, este lunes un grupo de parlamentarios acudió hasta la Corte Suprema para entregar una carta en la que exigen que se quiten todos los beneficios a aquellos detenidos por causas relacionadas con los Derechos Humanos.
Al respecto el diputado Sergio Aguiló, expresó que “ninguno de estos imputados ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento, no han tenido ni un mínimo de consideración ya que podrían haber entregado ayuda y contribución a la investigación que está realizando la justicia”.
En tanto, el diputado comunista Hugo Gutiérrez aprovechó la ocasión para referirse a las declaraciones del titular de Justicia las que calificó como “una falta de respeto”. En ese sentido, el parlamentario emplazó a la autoridad a dar una explicación al país y a retractarse de sus declaraciones.
“Creo que él debería retractarse de sus dichos. Yo creo que estar clamando por razones humanitarias en función de aquellos que no tuvieron la más mínima humanidad con Chile, con su pueblo, me parece que es una falta de respeto, yo creo que el ministro de Justicia le debe una explicación al país entero (…) el ministro de Justicia se ha excedido y no se está haciendo cargo de la cartera que hoy justamente es no sólo de Justicia, sino que también de Derechos Humanos”.
Algunos minutos más tarde, el ministro de Justicia, Jaime Campos, lejos de rectificar sus declaraciones, las reiteró, aunque enfatizó que nunca hizo mención específica a criminales de lesa humanidad, sino que a todo tipo de condenados, sin importar el delito que hubiesen cometido.
“Respecto de los delincuentes que se encuentran afectados por una enfermedad terminal, yo creo que todos esos delincuentes debiesen tener el derecho a morir en su casa por una consideración humanitaria, de conmiseración, independientemente del delito que hubiese cometido (…) no me estoy refiriendo a nadie en particular, estoy hablando de todos los delincuentes en general”
El secretario de Estado evitó precisar, -pese a ser consultado en reiteradas ocasiones- sobre, si a su juicio, existe una diferencia en torno a esos reclusos y a los criminales de la dictadura que se encuentran recluidos en penales como Punta Peuco. Además, recalcó que sus dichos son a título personal y que no representan de ningún modo la voluntad del Ejecutivo en la materia.
Consultado acerca de este tema el presidente del máximo tribunal, Hugo Dolmetch manifestó que “mantiene lo que ha sostenido” en otras ocasiones, haciendo alusión a su postura de no diferenciar el tipo de condenados a quienes se les otorgan los beneficios. Asimismo, el magistrado indicó que debe ser el Parlamento el que determine si los Derechos Humanos de los criminales de la dictadura son transgredidos y si éstos debieran acceder a algún tipo de beneficio.
Desde el Gobierno, la subsecretaria de DD.HH, Lorena Fries aseguró que no habrá ninguna forma de avalar impunidad en Chile por los crímenes cometidos durante el régimen dictatorial, manifestando que “es una obligación internacional respecto de las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas”.
El debate en torno a la concesión de beneficios carcelarios a violadores de Derechos Humanos se ha reinstalado en la agenda pública, luego que el ministro de Justicia, Jaime Campos se mostrara partidario de otorgar la libertad condicional por razones humanitarias.
Palabras que se dan en un escenario en que la Corte Suprema ha tomado una serie de determinaciones que van en beneficio de criminales de lesa humanidad y que ha encendido las alarmas de algunos sectores.
Por esta razón, este lunes un grupo de parlamentarios acudió hasta la Corte Suprema para entregar una carta en la que exigen que se quiten todos los beneficios a aquellos detenidos por causas relacionadas con los Derechos Humanos.
Al respecto el diputado Sergio Aguiló, expresó que “ninguno de estos imputados ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento, no han tenido ni un mínimo de consideración ya que podrían haber entregado ayuda y contribución a la investigación que está realizando la justicia”.
En tanto, el diputado comunista Hugo Gutiérrez aprovechó la ocasión para referirse a las declaraciones del titular de Justicia las que calificó como “una falta de respeto”. En ese sentido, el parlamentario emplazó a la autoridad a dar una explicación al país y a retractarse de sus declaraciones.
“Creo que él debería retractarse de sus dichos. Yo creo que estar clamando por razones humanitarias en función de aquellos que no tuvieron la más mínima humanidad con Chile, con su pueblo, me parece que es una falta de respeto, yo creo que el ministro de Justicia le debe una explicación al país entero (…) el ministro de Justicia se ha excedido y no se está haciendo cargo de la cartera que hoy justamente es no sólo de Justicia, sino que también de Derechos Humanos”.
Algunos minutos más tarde, el ministro de Justicia, Jaime Campos, lejos de rectificar sus declaraciones, las reiteró, aunque enfatizó que nunca hizo mención específica a criminales de lesa humanidad, sino que a todo tipo de condenados, sin importar el delito que hubiesen cometido.
“Respecto de los delincuentes que se encuentran afectados por una enfermedad terminal, yo creo que todos esos delincuentes debiesen tener el derecho a morir en su casa por una consideración humanitaria, de conmiseración, independientemente del delito que hubiese cometido (…) no me estoy refiriendo a nadie en particular, estoy hablando de todos los delincuentes en general”
El secretario de Estado evitó precisar, -pese a ser consultado en reiteradas ocasiones- sobre, si a su juicio, existe una diferencia en torno a esos reclusos y a los criminales de la dictadura que se encuentran recluidos en penales como Punta Peuco. Además, recalcó que sus dichos son a título personal y que no representan de ningún modo la voluntad del Ejecutivo en la materia.
Consultado acerca de este tema el presidente del máximo tribunal, Hugo Dolmetch manifestó que “mantiene lo que ha sostenido” en otras ocasiones, haciendo alusión a su postura de no diferenciar el tipo de condenados a quienes se les otorgan los beneficios. Asimismo, el magistrado indicó que debe ser el Parlamento el que determine si los Derechos Humanos de los criminales de la dictadura son transgredidos y si éstos debieran acceder a algún tipo de beneficio.
Desde el Gobierno, la subsecretaria de DD.HH, Lorena Fries aseguró que no habrá ninguna forma de avalar impunidad en Chile por los crímenes cometidos durante el régimen dictatorial, manifestando que “es una obligación internacional respecto de las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas”.
El debate en torno a la concesión de beneficios carcelarios a violadores de Derechos Humanos se ha reinstalado en la agenda pública, luego que el ministro de Justicia, Jaime Campos se mostrara partidario de otorgar la libertad condicional por razones humanitarias.
Palabras que se dan en un escenario en que la Corte Suprema ha tomado una serie de determinaciones que van en beneficio de criminales de lesa humanidad y que ha encendido las alarmas de algunos sectores.
Por esta razón, este lunes un grupo de parlamentarios acudió hasta la Corte Suprema para entregar una carta en la que exigen que se quiten todos los beneficios a aquellos detenidos por causas relacionadas con los Derechos Humanos.
Al respecto el diputado Sergio Aguiló, expresó que “ninguno de estos imputados ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento, no han tenido ni un mínimo de consideración ya que podrían haber entregado ayuda y contribución a la investigación que está realizando la justicia”.
En tanto, el diputado comunista Hugo Gutiérrez aprovechó la ocasión para referirse a las declaraciones del titular de Justicia las que calificó como “una falta de respeto”. En ese sentido, el parlamentario emplazó a la autoridad a dar una explicación al país y a retractarse de sus declaraciones.
“Creo que él debería retractarse de sus dichos. Yo creo que estar clamando por razones humanitarias en función de aquellos que no tuvieron la más mínima humanidad con Chile, con su pueblo, me parece que es una falta de respeto, yo creo que el ministro de Justicia le debe una explicación al país entero (…) el ministro de Justicia se ha excedido y no se está haciendo cargo de la cartera que hoy justamente es no sólo de Justicia, sino que también de Derechos Humanos”.
Algunos minutos más tarde, el ministro de Justicia, Jaime Campos, lejos de rectificar sus declaraciones, las reiteró, aunque enfatizó que nunca hizo mención específica a criminales de lesa humanidad, sino que a todo tipo de condenados, sin importar el delito que hubiesen cometido.
“Respecto de los delincuentes que se encuentran afectados por una enfermedad terminal, yo creo que todos esos delincuentes debiesen tener el derecho a morir en su casa por una consideración humanitaria, de conmiseración, independientemente del delito que hubiese cometido (…) no me estoy refiriendo a nadie en particular, estoy hablando de todos los delincuentes en general”
El secretario de Estado evitó precisar, -pese a ser consultado en reiteradas ocasiones- sobre, si a su juicio, existe una diferencia en torno a esos reclusos y a los criminales de la dictadura que se encuentran recluidos en penales como Punta Peuco. Además, recalcó que sus dichos son a título personal y que no representan de ningún modo la voluntad del Ejecutivo en la materia.
Consultado acerca de este tema el presidente del máximo tribunal, Hugo Dolmetch manifestó que “mantiene lo que ha sostenido” en otras ocasiones, haciendo alusión a su postura de no diferenciar el tipo de condenados a quienes se les otorgan los beneficios. Asimismo, el magistrado indicó que debe ser el Parlamento el que determine si los Derechos Humanos de los criminales de la dictadura son transgredidos y si éstos debieran acceder a algún tipo de beneficio.
Desde el Gobierno, la subsecretaria de DD.HH, Lorena Fries aseguró que no habrá ninguna forma de avalar impunidad en Chile por los crímenes cometidos durante el régimen dictatorial, manifestando que “es una obligación internacional respecto de las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas”.
