Junto con asumir la alcaldía de Las Condes, Joaquín Lavín regresó con sus ideas: la playa, el Mapocho navegable y la nieve. Su última creación no tiene que ver con el disfrute de sus electores, sino que con proveer de armas a los guardias municipales para que estos sin preparación ni disposiciones legales hagan frente a los delincuentes.

Según el edil de Las Condes los guardias de la comuna le solicitaron esto diciendo: “Alcalde necesitamos cursos de defensa personal, estamos muy desvalidos, tanto que no nos respetan”.

Y la forma en que Lavín resolvió ese respeto fue diciendo “por eso queremos que a nuestra seguridad municipal la respeten y que le proveamos de los mecanismos de autodefensa”. Los insumos propuestos son gas pimienta y electroshok.

Su par de la comuna de providencia Evelyn Matthei dijo que no comentaría la idea porque no la ha estudiado. Sin embargo, el alcalde de Estación Central Rodrigo Delgado se cuadró con Lavín y especificó que “se debe pensar en una policía de tránsito y de delitos menores, esto permitiría equipos más preparados que podrían llegar a pensar en usar elementos como los que ha propuesto el alcalde Lavín”.

El Intendente  de la Región Metropolitana Claudio Orrego no compartió la medida y dijo: “no estamos de acuerdo en entregarles medios de fuerza a los guardias municipales, la constitución establece que los medios de fuerza los deben tener de forma exclusiva las policías y peor aún generar incentivos para repeler asaltos eso es exponer la vida de personas que no tiene el entrenamiento profesional para esto”.

La propuesta del  jefe comunal de las Condes incluye la capacitación de 600 funcionarios de la municipalidad en defensa y la entrega de  premios o incentivos a aquellos guardias que eviten asaltos o detengan a delincuentes.

Medidas que fueron cuestionadas por autoridades y expertos, quienes advirtieron los riesgos de este tipo de iniciativas.

Para el alcalde de Independencia, el PS Gonzalo Durán esta medida “no contribuye, y al revés, puede poner a los funcionarios municipales en una situación de riesgo que la ley prohíbe y que representa un riesgo para todos los actores.

En tanto, el especialista en seguridad pública de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, sostuvo que la propuesta del edil de Las Condes “es una medida muy polémica que contraviene el orden institucional chileno”.

En esa línea el académico enfatizó que “Él está transgrediendo las normas constitucionales y legales del país para ir más allá y correr el cerco que establece nuestra institucionalidad”.

El experto además algunos peligros asociados a esta decisión, entre ellos  que esto pueda ser replicado en otras comunas y “que se gaste el presupuesto municipal en dispositivos y en implementar una serie de cosas que solo pretenden ganarse el aplauso fácil de un cierto público angustiado por los problemas de seguridad ciudadana”.

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Mario Fernández afirmó que ya solicitó “no sólo respecto de este anuncio, sino también a otros acontecimientos (…) que dentro del Ministerio se haga un análisis muy profundo y muy prolijo de la normativa que rige tanto a los guardias municipales, como la seguridad privada en el país.