Luego de cinco meses de trabajo, la Comisión Investigadora sobre el daño ambiental en Salares, Glaciares y Cuencas Hidrográficas, arribó a conclusiones que dan cuenta de una alta precariedad en materia medioambiental y la nula respuesta del Estado frente al uso y abuso del agua como elemento esencial para el trabajo de extracción de las empresas mineras.

La instancia parlamentaria presidida por el diputado Marcos Espinosa, cuestionó directamente el trabajo del Ministerio del Medioambiente en esta y otras materias. A juicio de los parlamentarios “existe una ausencia de un órgano rector que estructure y ordene el funcionamiento de todos los organismos públicos involucrados en el tema ambiental. Dicho órgano debiera ser el MMA, no obstante a la fecha no se ha empoderado de un rol activo en ámbito de coordinación”.

Derechamente, la Comisión consideró que “en general la actitud de determinadas autoridades estatales ha sido débil en algunos casos negligentes, para hacer uso de sus facultades. El Ministerio no siempre ha actuado con la debida prolijidad, coordinación y actitud decidida y comprometida en la cautela del patrimonio ambiental”.

En el caso de los Salares, se estableció que las grandes empresas mineras de cobre, oro y litio, han actuado prácticamente en impunidad en lo que se refiere al uso del agua disponible en salares y glaciares, sin que ninguno de los estamentos del Estado destinados al control y fiscalización de estos recursos, hayan establecido sanciones concretas.

Incluso, los comisionados pudieron comprobar en terreno el precario estado del Salar de Atacama y el de Punta Negra, donde hay escasez de agua para la vida silvestre y humana.

Los casos más dramáticos se encuentran, precisamente, en los glaciares cercanos a las grandes faenas mineras: Pascualama de Barrick Gold; Pelambres de Antofagasta Minerals; Los Bronces de AngloAmerican; y la División Andina de Codelco.

En ese marco, la instancia puso en cuestión la utilidad del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad como órgano responsable de aprobar los principales proyectos que pudieran poner en peligro el ecosistema y pide al Ejecutivo iniciar un camino que busque nuevas atribuciones para esta instancia, que incluyan una modificación a su integración

Finalmente, el trabajo concluyó con una serie de proyectos de resolución y acuerdo, entre los que se cuentan la creación de un observatorio de contaminación, modificar la integración del Comité de Minería no Metálica, darle urgencia al proyecto que crea el Servicio de la Biodiversidad y la protección de los glaciares.