El juzgado mixto de Aysén rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa del senador de la Democracia Cristiana Patricio Walker imputado por cohecho por su gestión en el financiamiento de empresas pesqueras a la campaña de Iván Fuentes, diputado de esa región.
Los abogados de Walker, Jorge Bofill y Guillermo Chahuán, argumentaron que durante estos cinco meses de investigación existirían antecedentes suficientes para terminar con la causa, lo que fue desestimado por el tribunal.
Sin embargo, el juez Marcos Pincheira dijo que la investigación penal se encuentra en una etapa inicial y no hay claridad de todos los hechos relacionadas con la causa.
La Fiscalía explicó que existen diligencias importantes para el curso de la indagación, donde el otro imputado, el diputado Iván Fuentes, en primera instancia no declaró, pero solicitó los antecedentes de la carpeta investigativa para hacerlo en el futuro.
En tanto, el abogado querellante, Matías Ramírez, indicó que varias de las diligencias solicitadas se encuentran pendientes, como las declaraciones del personal de las Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes) y, además, la incautación de antecedentes contables de estas empresas que se mantendría en proceso por la Policía de Investigaciones (PDI).
Además, agregó que no es posible cerrar esta causa por las propias declaraciones de Walker donde afirmó que por un hackeo perdió sus correos electrónicos, motivo para solicitar la recuperación de la base de datos de su cuenta electrónica.
La incompetencia del Tribunal de Aysén fue otra solicitud de los querellantes con el objetivo de agrupar las causas relacionadas con la tramitación y eventuales delitos cometidos a partir de la Ley de Pesca, según precisó Ramírez.
“Por una cuestión procesal para el momento de tomar las decisiones tanto Fipes como Corpesca deberían estar centradas en una sola, en este caso nos parece que debería ser en la investigación más antigua que es Corpesca a cargo de la fiscal Ximena Chong, a fin de que no se tomen decisiones contradictorias por los diferentes criterios de los fiscales”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales, Hernán Cortés, dijo que la solicitud de la defensa responde a la protección de un sector político poderoso que elaboró una legislación corrupta.
“Lo que le interesa al conglomerado al que representan es defender a uno de los rostros fuertes que tienen, pero se deben investigar a todos independiente que sean lideres o no de una coalición”.
Los querellantes dijeron que según los antecedentes que se manejan, el senador recibió dineros de una empresa pesquera para aportar en la campaña de otro parlamentario y, además, votó en favor de la cuestionada Ley de Pesca. Esto, según explicaron, es comparable al contexto en que votó el desaforado senador de la UDI, Jaime Orpis, imputado por corrupción.
El juzgado mixto de Aysén rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa del senador de la Democracia Cristiana Patricio Walker imputado por cohecho por su gestión en el financiamiento de empresas pesqueras a la campaña de Iván Fuentes, diputado de esa región.
Los abogados de Walker, Jorge Bofill y Guillermo Chahuán, argumentaron que durante estos cinco meses de investigación existirían antecedentes suficientes para terminar con la causa, lo que fue desestimado por el tribunal.
Sin embargo, el juez Marcos Pincheira dijo que la investigación penal se encuentra en una etapa inicial y no hay claridad de todos los hechos relacionadas con la causa.
La Fiscalía explicó que existen diligencias importantes para el curso de la indagación, donde el otro imputado, el diputado Iván Fuentes, en primera instancia no declaró, pero solicitó los antecedentes de la carpeta investigativa para hacerlo en el futuro.
En tanto, el abogado querellante, Matías Ramírez, indicó que varias de las diligencias solicitadas se encuentran pendientes, como las declaraciones del personal de las Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes) y, además, la incautación de antecedentes contables de estas empresas que se mantendría en proceso por la Policía de Investigaciones (PDI).
Además, agregó que no es posible cerrar esta causa por las propias declaraciones de Walker donde afirmó que por un hackeo perdió sus correos electrónicos, motivo para solicitar la recuperación de la base de datos de su cuenta electrónica.
La incompetencia del Tribunal de Aysén fue otra solicitud de los querellantes con el objetivo de agrupar las causas relacionadas con la tramitación y eventuales delitos cometidos a partir de la Ley de Pesca, según precisó Ramírez.
“Por una cuestión procesal para el momento de tomar las decisiones tanto Fipes como Corpesca deberían estar centradas en una sola, en este caso nos parece que debería ser en la investigación más antigua que es Corpesca a cargo de la fiscal Ximena Chong, a fin de que no se tomen decisiones contradictorias por los diferentes criterios de los fiscales”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales, Hernán Cortés, dijo que la solicitud de la defensa responde a la protección de un sector político poderoso que elaboró una legislación corrupta.
“Lo que le interesa al conglomerado al que representan es defender a uno de los rostros fuertes que tienen, pero se deben investigar a todos independiente que sean lideres o no de una coalición”.
Los querellantes dijeron que según los antecedentes que se manejan, el senador recibió dineros de una empresa pesquera para aportar en la campaña de otro parlamentario y, además, votó en favor de la cuestionada Ley de Pesca. Esto, según explicaron, es comparable al contexto en que votó el desaforado senador de la UDI, Jaime Orpis, imputado por corrupción.
El juzgado mixto de Aysén rechazó la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa del senador de la Democracia Cristiana Patricio Walker imputado por cohecho por su gestión en el financiamiento de empresas pesqueras a la campaña de Iván Fuentes, diputado de esa región.
Los abogados de Walker, Jorge Bofill y Guillermo Chahuán, argumentaron que durante estos cinco meses de investigación existirían antecedentes suficientes para terminar con la causa, lo que fue desestimado por el tribunal.
Sin embargo, el juez Marcos Pincheira dijo que la investigación penal se encuentra en una etapa inicial y no hay claridad de todos los hechos relacionadas con la causa.
La Fiscalía explicó que existen diligencias importantes para el curso de la indagación, donde el otro imputado, el diputado Iván Fuentes, en primera instancia no declaró, pero solicitó los antecedentes de la carpeta investigativa para hacerlo en el futuro.
En tanto, el abogado querellante, Matías Ramírez, indicó que varias de las diligencias solicitadas se encuentran pendientes, como las declaraciones del personal de las Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes) y, además, la incautación de antecedentes contables de estas empresas que se mantendría en proceso por la Policía de Investigaciones (PDI).
Además, agregó que no es posible cerrar esta causa por las propias declaraciones de Walker donde afirmó que por un hackeo perdió sus correos electrónicos, motivo para solicitar la recuperación de la base de datos de su cuenta electrónica.
La incompetencia del Tribunal de Aysén fue otra solicitud de los querellantes con el objetivo de agrupar las causas relacionadas con la tramitación y eventuales delitos cometidos a partir de la Ley de Pesca, según precisó Ramírez.
“Por una cuestión procesal para el momento de tomar las decisiones tanto Fipes como Corpesca deberían estar centradas en una sola, en este caso nos parece que debería ser en la investigación más antigua que es Corpesca a cargo de la fiscal Ximena Chong, a fin de que no se tomen decisiones contradictorias por los diferentes criterios de los fiscales”, señaló.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales, Hernán Cortés, dijo que la solicitud de la defensa responde a la protección de un sector político poderoso que elaboró una legislación corrupta.
“Lo que le interesa al conglomerado al que representan es defender a uno de los rostros fuertes que tienen, pero se deben investigar a todos independiente que sean lideres o no de una coalición”.
Los querellantes dijeron que según los antecedentes que se manejan, el senador recibió dineros de una empresa pesquera para aportar en la campaña de otro parlamentario y, además, votó en favor de la cuestionada Ley de Pesca. Esto, según explicaron, es comparable al contexto en que votó el desaforado senador de la UDI, Jaime Orpis, imputado por corrupción.
