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Si tomas, pasa las llaves: las dificultades para detener los accidentes producto del alcohol

La cifra de accidentes por culpa del alcohol durante 2015 alcanzó su nivel más alto en cinco años. La falta de rigor a la hora de implementar políticas públicas, la fiscalización insuficiente y una política de alcoholes extremadamente liberal son algunos de los factores que han impedido reducir los accidentes automovilísticos producto del consumo de alcohol.

Martín Espinoza

  Sábado 24 de diciembre 2016 10:30 hrs. 
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1.646 fueron las víctimas de accidentes viales en 2015. Las muertes por homicidios, en ese mismo periodo, superan apenas las 400. En Chile mueren más personas por accidentes automovilísticos que por asesinatos, y la distancia es pronunciada. Un 20 por ciento de los accidentes fatales tienen relación con el consumo de alcohol del conductor.

Esos son los datos que brinda un informe publicado por Fundación Emilia. En el mismo estudio, la institución –a través de datos brindados por la Fiscalía- señala que el pasado año fueron 215 las víctimas de conductores en estado de ebriedad, a diferencia de las 124 que señalan las estadísticas brindadas por Carabineros. ¿Por qué la diferencia? Las cifras de la policía sólo contemplan las víctimas fallecidas en un periodo de 24 horas posterior al accidente, a diferencia de lo que hizo el informe, que hace un seguimiento de un mes a las víctimas.

Es el caso de Emilia, la menor que dio vida a la ley que sanciona con pena de cárcel los accidentes con resultado de lesiones graves, gravísimas o muerte a quienes manejen en estado de ebriedad. Ella murió después de las 24 primeras horas y no aparece contabilizada dentro de las muertes provocadas por el alcohol.

Para Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, la política del SENDA “Cero Alcohol”, además de las leyes “Tolerancia 0” y “Emilia” han ido en la dirección correcta pero han sido implementadas de manera deficiente y su impacto tiende a decaer con el tiempo. “La ley de Tolerancia 0 puso la problemática sobre el tapete pero le faltó impacto. La ley Emilia tuvo un mayor impacto, pero falta que sea considerada como una política pública integral para que no pierda su trascendencia. Sólo se han tomado medidas puntuales. Falta mejorar la tipificación de la fuga y del estado de ebriedad, además de mejorar en temas de fiscalización, sanción, difusión y educación”.

Según su punto de vista, el asunto no se ha tomado con la seriedad que merece y la falta de estudios al respecto no permite reconocer si existe efectivamente una relación entre el precio de los alcoholes y las consecuencias viales que puedan conllevar.

Para Humberto Reyes, médico y presidente de la Academia Chilena de Medicina, es urgente dejar de fomentar el consumo de alcohol en jóvenes. “Lo que plantea la Organización Mundial de la Salud es que hay que reducir la propaganda de bebidas alcohólicas, idealmente a cero. Acá el alcohol tiene publicidad hasta en el deporte, es una paradoja. Además señalan la importancia de elevar su precio, que es una medida que además sirve para que el gobierno capte fondos a través de impuestos y que ayuda a dilatar la edad de entrada al consumo para jóvenes”, afirma Reyes. Los productores de alcohol se han defendido declarando que tras el alza de la Reforma Tributaria, que subió el impuesto a todo tipo de bebidas alcohólicas, no se ha evidenciado una disminución del consumo por parte de la ciudadanía. Humberto Reyes con eso es tajante: “Es imposible vislumbrar resultados para esta normativa en el corto plazo. Se deben esperar al menos 4 o 5 años para ver si es que existe una disminución en el consumo”.

Otras de las medidas respaldadas por el médico consiste en limitar la disponibilidad de horarios de venta, tal y como se hace en algunos estados de Estados Unidos. Que botillerías y supermercados tengan prohibida la venta de alcohol en periodos como fines de semana, por ejemplo. O que sea el Estado la única institución que administre la venta, tal y como se hace en Suecia, en donde el Estado impuestos dependiendo del grado alcohólico de la bebida.

Según Automóvil Club de Chile, en el país existe un 20 por ciento de conductores que están permanentemente dispuestos a manejar bajo los efectos del alcohol. Para fechas como Fiestas Patrias o los días previos a año nuevo, esa cifra alcanza el 38%. Alberto Escobar, presidente de la corporación, sostiene que la mejor forma de prevenir los accidentes dice relación con una fiscalización más estricta y efectiva: “En Chile existe una tolerancia social al consumo de alcohol. De alguna forma tendemos a celebrar a los curados. Por eso deberíamos contar con una fiscalización más inteligente. Aplicar alcoholímetros presenciales o medidas de efecto disuasivo, como instalar ambulancias en zonas de consumo de alcohol como Bellavista o Plaza Ñuñoa, ayuda en esa dirección”.

Según las estadísticas manejadas por Automóvil Club, el ejemplar de conductor peligroso es aquel entre los 35 y 55 años y de ingresos altos o medio-altos. “La gente ha demonizado a la gente joven y la verdad es que es que son los adultos de clase media-alta los más peligrosos, porque dada su edad y poder adquisitivo se sienten con la facultad de manejar bajo los efectos del alcohol”.

Francisca Yáñez, ex secretaria ejecutiva de Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito y una de las impulsoras de la ley Tolerancia 0, adhiere al diagnóstico que plantea un error en la fiscalización: “Chile es vanguardia en términos legislativos para prevenir accidentes producto del alcohol. El problema es que nos quedamos en la teoría. Estamos absolutamente al debe en temas de fiscalización. Durante un año lo correcto sería que un tercio de los chilenos viviera al menos una fiscalización, y hoy estamos lejísimos de esa cifra”. Para Yáñez, además, es importante que el control tenga una cobertura mediática que genere la sensación de que la práctica sobre los conductores es masiva.

Los especialistas coinciden en que las políticas aplicadas para abordar el problema han sido insuficientes y carentes de constancia y los números les dan la razón. Es de común acuerdo que la fiscalización implementada es exigua y, entre los consultados, da la sensación que las normativas aplicadas generan impacto en su inicio pero que se desgastan rápidamente. Las cifras no evolucionan positivamente y urge tomar cartas en el asunto.