La Fiscalía Nacional Económica (FNE) decidió cerrar el caso sobre la colusión de los pañales porque los hechos estarían prescritos ya que no existirían antecedentes suficientes para entablar un eventual requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
La decisión se habría fundado en que hasta octubre de 2009 el plazo de la prescripción era de dos años y luego de esa fecha se extendió a cinco años. Por lo mismo, las acciones legales para perseguir esas conductas habrían prescrito en 2011 o 2014, según indicó la Fiscalía.
Esto ha causado distintos cuestionamientos apuntando a la renuncia del fiscal Felipe Irarrázabal, quien está citado este martes a la comisión de Economía de la Cámara de Diputados para aclarar el procedimiento y la medida recién tomada.
Desde la Democracia Cristiana y en la misma línea que el diputado Fuad Chaín su par Iván Flores apuntó a la renuncia de Irarrázabal recalcando que estos antecedentes ya estaban en conocimiento de la Fiscalía desde 2015.
En ese sentido, dijo que de requerir cambios a la norma los legisladores deben revisar eventuales modificaciones, pero si es ineficiencia de la Fiscalía entonces debiesen renunciar las actuales autoridades.
“Claramente más allá de los antecedentes específicos de los pañales, el Fiscal debe ir a decir a la comisión que es lo que puede o no puede hacer. Entonces, si se requieren cambios en la norma los legisladores deben actuar, pero si se trata de ineficiencia de la Fiscalía deben irse todos”, comentó.
Además, el parlamentario cuestionó los plazos de investigación que considera la Fiscalía Nacional Económica porque, a su juicio, convierte en ineficiente a esta institución.
“Estamos entrampados en una burocracia absurda, donde nosotros también tenemos responsabilidades como legisladores, pero lo cierto es que los plazos de investigación de la Fiscalía no son pertinentes, seis meses para determinar admisibilidad o un año es demasiado”, señaló.
De acuerdo a los antecedentes dados a conocer CMPC en la delación compensada, la empresa mantuvo contacto con Kimberly Clark donde se intercambió información, se coordinaron alzas de precios y promociones, infringiendo las normas relativas a la libre competencia en el mercado de los pañales y afectando directamente a los consumidores.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) decidió cerrar el caso sobre la colusión de los pañales porque los hechos estarían prescritos ya que no existirían antecedentes suficientes para entablar un eventual requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
La decisión se habría fundado en que hasta octubre de 2009 el plazo de la prescripción era de dos años y luego de esa fecha se extendió a cinco años. Por lo mismo, las acciones legales para perseguir esas conductas habrían prescrito en 2011 o 2014, según indicó la Fiscalía.
Esto ha causado distintos cuestionamientos apuntando a la renuncia del fiscal Felipe Irarrázabal, quien está citado este martes a la comisión de Economía de la Cámara de Diputados para aclarar el procedimiento y la medida recién tomada.
Desde la Democracia Cristiana y en la misma línea que el diputado Fuad Chaín su par Iván Flores apuntó a la renuncia de Irarrázabal recalcando que estos antecedentes ya estaban en conocimiento de la Fiscalía desde 2015.
En ese sentido, dijo que de requerir cambios a la norma los legisladores deben revisar eventuales modificaciones, pero si es ineficiencia de la Fiscalía entonces debiesen renunciar las actuales autoridades.
“Claramente más allá de los antecedentes específicos de los pañales, el Fiscal debe ir a decir a la comisión que es lo que puede o no puede hacer. Entonces, si se requieren cambios en la norma los legisladores deben actuar, pero si se trata de ineficiencia de la Fiscalía deben irse todos”, comentó.
Además, el parlamentario cuestionó los plazos de investigación que considera la Fiscalía Nacional Económica porque, a su juicio, convierte en ineficiente a esta institución.
“Estamos entrampados en una burocracia absurda, donde nosotros también tenemos responsabilidades como legisladores, pero lo cierto es que los plazos de investigación de la Fiscalía no son pertinentes, seis meses para determinar admisibilidad o un año es demasiado”, señaló.
De acuerdo a los antecedentes dados a conocer CMPC en la delación compensada, la empresa mantuvo contacto con Kimberly Clark donde se intercambió información, se coordinaron alzas de precios y promociones, infringiendo las normas relativas a la libre competencia en el mercado de los pañales y afectando directamente a los consumidores.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) decidió cerrar el caso sobre la colusión de los pañales porque los hechos estarían prescritos ya que no existirían antecedentes suficientes para entablar un eventual requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
La decisión se habría fundado en que hasta octubre de 2009 el plazo de la prescripción era de dos años y luego de esa fecha se extendió a cinco años. Por lo mismo, las acciones legales para perseguir esas conductas habrían prescrito en 2011 o 2014, según indicó la Fiscalía.
Esto ha causado distintos cuestionamientos apuntando a la renuncia del fiscal Felipe Irarrázabal, quien está citado este martes a la comisión de Economía de la Cámara de Diputados para aclarar el procedimiento y la medida recién tomada.
Desde la Democracia Cristiana y en la misma línea que el diputado Fuad Chaín su par Iván Flores apuntó a la renuncia de Irarrázabal recalcando que estos antecedentes ya estaban en conocimiento de la Fiscalía desde 2015.
En ese sentido, dijo que de requerir cambios a la norma los legisladores deben revisar eventuales modificaciones, pero si es ineficiencia de la Fiscalía entonces debiesen renunciar las actuales autoridades.
“Claramente más allá de los antecedentes específicos de los pañales, el Fiscal debe ir a decir a la comisión que es lo que puede o no puede hacer. Entonces, si se requieren cambios en la norma los legisladores deben actuar, pero si se trata de ineficiencia de la Fiscalía deben irse todos”, comentó.
Además, el parlamentario cuestionó los plazos de investigación que considera la Fiscalía Nacional Económica porque, a su juicio, convierte en ineficiente a esta institución.
“Estamos entrampados en una burocracia absurda, donde nosotros también tenemos responsabilidades como legisladores, pero lo cierto es que los plazos de investigación de la Fiscalía no son pertinentes, seis meses para determinar admisibilidad o un año es demasiado”, señaló.
De acuerdo a los antecedentes dados a conocer CMPC en la delación compensada, la empresa mantuvo contacto con Kimberly Clark donde se intercambió información, se coordinaron alzas de precios y promociones, infringiendo las normas relativas a la libre competencia en el mercado de los pañales y afectando directamente a los consumidores.
