2016 concluyó con 185 mil 310 recursos de protección contra las Isapres. Un alza sostenida que pone en alerta a la Asociación de Isapres, organismo que anualmente gasta una importante cantidad de recursos para pagar a los abogados que emprenden los juicios.
Colmena es la que ha sido más demandada en 2016; le siguen Cruz Blanca, Consalud y MasVida, todas con porcentajes que superan el 5 por ciento de querellas.
Por eso, desde la Asociación piden urgencia a la reforma al sistema, aseguran que con las judicializaciones para no elevar los costos de los planes, se desvían recursos que podrían ser utilizados en servicios o por los propios cotizantes.
Sin embargo, la reforma parece dormir en el Congreso. Todos los gobiernos habían intervenido de alguna u otra forma en el trabajo de las Isapres, menos la actual administración que ha preferido dilatar el tema y citar a comisiones de expertos sin llegar a ninguna propuesta concreta al problema.
En mayo del año pasado, la titular de Salud aseguró que el proyecto debía estar ingresado a fines de 2016, el tiempo pasó, pero la reforma a las Isapres no es una preocupación para la administración Michelle Bachelet: Quedan 14 meses de Gobierno y no sé ve apuro en modificar la forma en que los cotizantes acceden a las prestaciones de salud.
Así lo confirma el director de Creando Salud, Matías Goyenechea. A su juicio, no están los acuerdos políticos para avanzar en una modificación que enfrente los intereses de las aseguradoras. “Dado los tiempos, es muy poco probable que se llegue a una reforma a las isapres. No creo que el Gobierno quiera abrir un nuevo flanco de críticas y de constantes ires y venires con una reforma de esta naturaleza”.
La semana pasada, el senador Fulvio Rossi pidió al Gobierno ingresar un Proyecto de Ley de Isapres. Entre las solicitudes del legislador, está que la reforma se haga cargo “al menos de un gran plan garantizado de salud que contemple las prestaciones que requieren los pacientes”, esto para facilitar la comparación.
También pidió poner fin a la declaración de salud, para acabar con las preexistencias y poder así garantizar el libre movimiento entre aseguradoras. Para ello, asegura, se necesita poder implementar un fondo de control de riesgo dentro de las Isapres que distribuya los recursos en relación al riesgo de los afiliados.
Por su parte, la diputada radical Marcela Hernando calificó de impresentable la demora. Confirmó que la tardanza responde a un momento contextual: “El Gobierno no quiso presentar la reforma para no abrir un nuevo flanco de críticas. En ese momento se tramitaba conflictuadamente la reforma educacional”.
La parlamentaria miembro de la comisión de Salud adelantó el rechazo de los diputados de la Nueva Mayoría si es que el Gobierno no se allana a incluir a Fonasa en la modificación. La idea es un proyecto de carácter solidario, por eso, incluir el fondo solidario es fundamental.
El factor judicial
En Chile se destinan más de 21.500 millones de pesos para pagar abogados que presentan los recursos de protección para impedir el alza de planes de Isapre. En 2015 se presentaron 133 mil 501; en 2016, cincuenta mil más.
Hay estudios jurídicos que se dedican a trabajar exclusivamente con estas órdenes de no innovar. Ellos ofrecen gratuidad para los usuarios, pues sus ganancias provienen de las costas de los juicios: algunos de estos lugares llegan a ganar más de 1.600 millones de pesos al año, costos que son indirectamente pagados por los usuarios.
Marcela Hernando cuestiona el lucro sin límite de las Isapres. A su juicio, el principal problema del sistema es que las aseguradoras no están disponibles para sacrificar sus utilidades, por eso todo costo extra queda en manos de los usuarios. También cuestionó la labor de los abogados defensores de alzas de planes, porque “son beneficiados y con los fondos de las personas”.
Por ello llamó a transparentar las acciones al interior de las Isapres como, por ejemplo, que los aumentos no fueran abusivos y arbitrarios. De ese modo, ir disminuyendo las judicializaciones y no vía una ley que lo impida.
2016 concluyó con 185 mil 310 recursos de protección contra las Isapres. Un alza sostenida que pone en alerta a la Asociación de Isapres, organismo que anualmente gasta una importante cantidad de recursos para pagar a los abogados que emprenden los juicios.
Colmena es la que ha sido más demandada en 2016; le siguen Cruz Blanca, Consalud y MasVida, todas con porcentajes que superan el 5 por ciento de querellas.
Por eso, desde la Asociación piden urgencia a la reforma al sistema, aseguran que con las judicializaciones para no elevar los costos de los planes, se desvían recursos que podrían ser utilizados en servicios o por los propios cotizantes.
Sin embargo, la reforma parece dormir en el Congreso. Todos los gobiernos habían intervenido de alguna u otra forma en el trabajo de las Isapres, menos la actual administración que ha preferido dilatar el tema y citar a comisiones de expertos sin llegar a ninguna propuesta concreta al problema.
En mayo del año pasado, la titular de Salud aseguró que el proyecto debía estar ingresado a fines de 2016, el tiempo pasó, pero la reforma a las Isapres no es una preocupación para la administración Michelle Bachelet: Quedan 14 meses de Gobierno y no sé ve apuro en modificar la forma en que los cotizantes acceden a las prestaciones de salud.
Así lo confirma el director de Creando Salud, Matías Goyenechea. A su juicio, no están los acuerdos políticos para avanzar en una modificación que enfrente los intereses de las aseguradoras. “Dado los tiempos, es muy poco probable que se llegue a una reforma a las isapres. No creo que el Gobierno quiera abrir un nuevo flanco de críticas y de constantes ires y venires con una reforma de esta naturaleza”.
La semana pasada, el senador Fulvio Rossi pidió al Gobierno ingresar un Proyecto de Ley de Isapres. Entre las solicitudes del legislador, está que la reforma se haga cargo “al menos de un gran plan garantizado de salud que contemple las prestaciones que requieren los pacientes”, esto para facilitar la comparación.
También pidió poner fin a la declaración de salud, para acabar con las preexistencias y poder así garantizar el libre movimiento entre aseguradoras. Para ello, asegura, se necesita poder implementar un fondo de control de riesgo dentro de las Isapres que distribuya los recursos en relación al riesgo de los afiliados.
Por su parte, la diputada radical Marcela Hernando calificó de impresentable la demora. Confirmó que la tardanza responde a un momento contextual: “El Gobierno no quiso presentar la reforma para no abrir un nuevo flanco de críticas. En ese momento se tramitaba conflictuadamente la reforma educacional”.
La parlamentaria miembro de la comisión de Salud adelantó el rechazo de los diputados de la Nueva Mayoría si es que el Gobierno no se allana a incluir a Fonasa en la modificación. La idea es un proyecto de carácter solidario, por eso, incluir el fondo solidario es fundamental.
El factor judicial
En Chile se destinan más de 21.500 millones de pesos para pagar abogados que presentan los recursos de protección para impedir el alza de planes de Isapre. En 2015 se presentaron 133 mil 501; en 2016, cincuenta mil más.
Hay estudios jurídicos que se dedican a trabajar exclusivamente con estas órdenes de no innovar. Ellos ofrecen gratuidad para los usuarios, pues sus ganancias provienen de las costas de los juicios: algunos de estos lugares llegan a ganar más de 1.600 millones de pesos al año, costos que son indirectamente pagados por los usuarios.
Marcela Hernando cuestiona el lucro sin límite de las Isapres. A su juicio, el principal problema del sistema es que las aseguradoras no están disponibles para sacrificar sus utilidades, por eso todo costo extra queda en manos de los usuarios. También cuestionó la labor de los abogados defensores de alzas de planes, porque “son beneficiados y con los fondos de las personas”.
Por ello llamó a transparentar las acciones al interior de las Isapres como, por ejemplo, que los aumentos no fueran abusivos y arbitrarios. De ese modo, ir disminuyendo las judicializaciones y no vía una ley que lo impida.
2016 concluyó con 185 mil 310 recursos de protección contra las Isapres. Un alza sostenida que pone en alerta a la Asociación de Isapres, organismo que anualmente gasta una importante cantidad de recursos para pagar a los abogados que emprenden los juicios.
Colmena es la que ha sido más demandada en 2016; le siguen Cruz Blanca, Consalud y MasVida, todas con porcentajes que superan el 5 por ciento de querellas.
Por eso, desde la Asociación piden urgencia a la reforma al sistema, aseguran que con las judicializaciones para no elevar los costos de los planes, se desvían recursos que podrían ser utilizados en servicios o por los propios cotizantes.
Sin embargo, la reforma parece dormir en el Congreso. Todos los gobiernos habían intervenido de alguna u otra forma en el trabajo de las Isapres, menos la actual administración que ha preferido dilatar el tema y citar a comisiones de expertos sin llegar a ninguna propuesta concreta al problema.
En mayo del año pasado, la titular de Salud aseguró que el proyecto debía estar ingresado a fines de 2016, el tiempo pasó, pero la reforma a las Isapres no es una preocupación para la administración Michelle Bachelet: Quedan 14 meses de Gobierno y no sé ve apuro en modificar la forma en que los cotizantes acceden a las prestaciones de salud.
Así lo confirma el director de Creando Salud, Matías Goyenechea. A su juicio, no están los acuerdos políticos para avanzar en una modificación que enfrente los intereses de las aseguradoras. “Dado los tiempos, es muy poco probable que se llegue a una reforma a las isapres. No creo que el Gobierno quiera abrir un nuevo flanco de críticas y de constantes ires y venires con una reforma de esta naturaleza”.
La semana pasada, el senador Fulvio Rossi pidió al Gobierno ingresar un Proyecto de Ley de Isapres. Entre las solicitudes del legislador, está que la reforma se haga cargo “al menos de un gran plan garantizado de salud que contemple las prestaciones que requieren los pacientes”, esto para facilitar la comparación.
También pidió poner fin a la declaración de salud, para acabar con las preexistencias y poder así garantizar el libre movimiento entre aseguradoras. Para ello, asegura, se necesita poder implementar un fondo de control de riesgo dentro de las Isapres que distribuya los recursos en relación al riesgo de los afiliados.
Por su parte, la diputada radical Marcela Hernando calificó de impresentable la demora. Confirmó que la tardanza responde a un momento contextual: “El Gobierno no quiso presentar la reforma para no abrir un nuevo flanco de críticas. En ese momento se tramitaba conflictuadamente la reforma educacional”.
La parlamentaria miembro de la comisión de Salud adelantó el rechazo de los diputados de la Nueva Mayoría si es que el Gobierno no se allana a incluir a Fonasa en la modificación. La idea es un proyecto de carácter solidario, por eso, incluir el fondo solidario es fundamental.
El factor judicial
En Chile se destinan más de 21.500 millones de pesos para pagar abogados que presentan los recursos de protección para impedir el alza de planes de Isapre. En 2015 se presentaron 133 mil 501; en 2016, cincuenta mil más.
Hay estudios jurídicos que se dedican a trabajar exclusivamente con estas órdenes de no innovar. Ellos ofrecen gratuidad para los usuarios, pues sus ganancias provienen de las costas de los juicios: algunos de estos lugares llegan a ganar más de 1.600 millones de pesos al año, costos que son indirectamente pagados por los usuarios.
Marcela Hernando cuestiona el lucro sin límite de las Isapres. A su juicio, el principal problema del sistema es que las aseguradoras no están disponibles para sacrificar sus utilidades, por eso todo costo extra queda en manos de los usuarios. También cuestionó la labor de los abogados defensores de alzas de planes, porque “son beneficiados y con los fondos de las personas”.
Por ello llamó a transparentar las acciones al interior de las Isapres como, por ejemplo, que los aumentos no fueran abusivos y arbitrarios. De ese modo, ir disminuyendo las judicializaciones y no vía una ley que lo impida.
