Todos los informes sobre las asesorías parlamentarias contratadas por los 120 diputados entre los años 2011 y 2015 fueron solicitados por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones que la Fiscalía lleva a cabo por supuestas irregularidades en estas prestaciones, luego de la denuncia hecha por la ex jefa de comunicaciones de la UDI Lily Zúñiga, en la cual acusó que el gremialismo financiaba de esta manera al partido a través de empresas ligadas a la colectividad.
No obstante, el oficio firmado por los fiscales Carlos Gajardo y Manuel Guerra fue enviado el lunes pasado a la Cámara exige estos informes para indagar un potencial mecanismo irregular en la contratación de estas asesorías en los cinco años que abarca la investigación, de todos los parlamentarios sin distinción.
Ya la semana pasada la Brigada de Delitos Económicos de la PDI se hizo presente en la sede de tres empresas vinculadas a la UDI que podrían haber incurrido en estas irregularidades, en las cuales requisaron información contable que podría arrojar luces sobre esta práctica.
Las sociedades Visión Legislativa y Parlamentaria de Santiago; Sociedad Legal Limitada de Viña del Mar y B&C Consultores de Concepción son las empresas allanadas por la PDI.
La petición realizada por la Fiscalía Metropolitana Oriente marca un hito ya que es primera vez que el Ministerio Público se abocará a la investigación de los pagos y contratos realizados por los miembros de la Cámara en materia de asesorías externas.
El requerimiento presentado por los fiscales exige que se debe indicar la persona natural o jurídica con la cual se contrató la asesoría, “el monto de dinero que se pagó, el servicio contratado y el nombre del parlamentario que solicitó dicha contratación”.
El oficio concluye señalando que en un plazo de 15 días la información debe estar en poder del Ministerio Público.
Pablo Collada, director ejecutivo de Ciudadano Inteligente, calificó como una “medida importante” la tomada por el Ministerio Público y lo situó como una etapa más del proceso que se ha llevado a cabo en los últimos años “que apuntan a decir que no sólo nos interesa la cara y el nombre del representante, del candidato, del ministro o del parlamentario” sino que queremos saber más, quién está detrás financiándolo y asesorándolo”.
“Sigue apuntándose y sigue reforzándose la idea de saber más detalle y de encontrar también vínculos que les pueda llevar a cuestionar la manera en que se ha legislado en Chile en los últimos años”.
Sobre la respuesta entregada por la Cámara de Diputados a los fiscales, en la cual si bien aseguraron que entregarán la información solicitada, de todos modos esta estaría publicada en el sitio web de la Cámara, Collada hizo énfasis en que muchas veces este tipo de información no está desplegada de manera accesible para los ciudadanos.
“No es lo mismo que te diga ‘está por ahí la información’, y significa que está en un pdf escondido, y a la que se necesita un dinero de datos para encontrar, a decir que la información es accesible y es fácil de encontrar, de acceder y de entender. Hacia allá tiene que apuntar una siguiente generación de transparencia, no es solamente que la información esté ahí sino que sea fácil de acceder y obtener”.
Todos los informes sobre las asesorías parlamentarias contratadas por los 120 diputados entre los años 2011 y 2015 fueron solicitados por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones que la Fiscalía lleva a cabo por supuestas irregularidades en estas prestaciones, luego de la denuncia hecha por la ex jefa de comunicaciones de la UDI Lily Zúñiga, en la cual acusó que el gremialismo financiaba de esta manera al partido a través de empresas ligadas a la colectividad.
No obstante, el oficio firmado por los fiscales Carlos Gajardo y Manuel Guerra fue enviado el lunes pasado a la Cámara exige estos informes para indagar un potencial mecanismo irregular en la contratación de estas asesorías en los cinco años que abarca la investigación, de todos los parlamentarios sin distinción.
Ya la semana pasada la Brigada de Delitos Económicos de la PDI se hizo presente en la sede de tres empresas vinculadas a la UDI que podrían haber incurrido en estas irregularidades, en las cuales requisaron información contable que podría arrojar luces sobre esta práctica.
Las sociedades Visión Legislativa y Parlamentaria de Santiago; Sociedad Legal Limitada de Viña del Mar y B&C Consultores de Concepción son las empresas allanadas por la PDI.
La petición realizada por la Fiscalía Metropolitana Oriente marca un hito ya que es primera vez que el Ministerio Público se abocará a la investigación de los pagos y contratos realizados por los miembros de la Cámara en materia de asesorías externas.
El requerimiento presentado por los fiscales exige que se debe indicar la persona natural o jurídica con la cual se contrató la asesoría, “el monto de dinero que se pagó, el servicio contratado y el nombre del parlamentario que solicitó dicha contratación”.
El oficio concluye señalando que en un plazo de 15 días la información debe estar en poder del Ministerio Público.
Pablo Collada, director ejecutivo de Ciudadano Inteligente, calificó como una “medida importante” la tomada por el Ministerio Público y lo situó como una etapa más del proceso que se ha llevado a cabo en los últimos años “que apuntan a decir que no sólo nos interesa la cara y el nombre del representante, del candidato, del ministro o del parlamentario” sino que queremos saber más, quién está detrás financiándolo y asesorándolo”.
“Sigue apuntándose y sigue reforzándose la idea de saber más detalle y de encontrar también vínculos que les pueda llevar a cuestionar la manera en que se ha legislado en Chile en los últimos años”.
Sobre la respuesta entregada por la Cámara de Diputados a los fiscales, en la cual si bien aseguraron que entregarán la información solicitada, de todos modos esta estaría publicada en el sitio web de la Cámara, Collada hizo énfasis en que muchas veces este tipo de información no está desplegada de manera accesible para los ciudadanos.
“No es lo mismo que te diga ‘está por ahí la información’, y significa que está en un pdf escondido, y a la que se necesita un dinero de datos para encontrar, a decir que la información es accesible y es fácil de encontrar, de acceder y de entender. Hacia allá tiene que apuntar una siguiente generación de transparencia, no es solamente que la información esté ahí sino que sea fácil de acceder y obtener”.
Todos los informes sobre las asesorías parlamentarias contratadas por los 120 diputados entre los años 2011 y 2015 fueron solicitados por el Ministerio Público en el marco de las investigaciones que la Fiscalía lleva a cabo por supuestas irregularidades en estas prestaciones, luego de la denuncia hecha por la ex jefa de comunicaciones de la UDI Lily Zúñiga, en la cual acusó que el gremialismo financiaba de esta manera al partido a través de empresas ligadas a la colectividad.
No obstante, el oficio firmado por los fiscales Carlos Gajardo y Manuel Guerra fue enviado el lunes pasado a la Cámara exige estos informes para indagar un potencial mecanismo irregular en la contratación de estas asesorías en los cinco años que abarca la investigación, de todos los parlamentarios sin distinción.
Ya la semana pasada la Brigada de Delitos Económicos de la PDI se hizo presente en la sede de tres empresas vinculadas a la UDI que podrían haber incurrido en estas irregularidades, en las cuales requisaron información contable que podría arrojar luces sobre esta práctica.
Las sociedades Visión Legislativa y Parlamentaria de Santiago; Sociedad Legal Limitada de Viña del Mar y B&C Consultores de Concepción son las empresas allanadas por la PDI.
La petición realizada por la Fiscalía Metropolitana Oriente marca un hito ya que es primera vez que el Ministerio Público se abocará a la investigación de los pagos y contratos realizados por los miembros de la Cámara en materia de asesorías externas.
El requerimiento presentado por los fiscales exige que se debe indicar la persona natural o jurídica con la cual se contrató la asesoría, “el monto de dinero que se pagó, el servicio contratado y el nombre del parlamentario que solicitó dicha contratación”.
El oficio concluye señalando que en un plazo de 15 días la información debe estar en poder del Ministerio Público.
Pablo Collada, director ejecutivo de Ciudadano Inteligente, calificó como una “medida importante” la tomada por el Ministerio Público y lo situó como una etapa más del proceso que se ha llevado a cabo en los últimos años “que apuntan a decir que no sólo nos interesa la cara y el nombre del representante, del candidato, del ministro o del parlamentario” sino que queremos saber más, quién está detrás financiándolo y asesorándolo”.
“Sigue apuntándose y sigue reforzándose la idea de saber más detalle y de encontrar también vínculos que les pueda llevar a cuestionar la manera en que se ha legislado en Chile en los últimos años”.
Sobre la respuesta entregada por la Cámara de Diputados a los fiscales, en la cual si bien aseguraron que entregarán la información solicitada, de todos modos esta estaría publicada en el sitio web de la Cámara, Collada hizo énfasis en que muchas veces este tipo de información no está desplegada de manera accesible para los ciudadanos.
“No es lo mismo que te diga ‘está por ahí la información’, y significa que está en un pdf escondido, y a la que se necesita un dinero de datos para encontrar, a decir que la información es accesible y es fácil de encontrar, de acceder y de entender. Hacia allá tiene que apuntar una siguiente generación de transparencia, no es solamente que la información esté ahí sino que sea fácil de acceder y obtener”.
