Este martes la comisión de recursos hídricos del Senado continuó la tramitación del proyecto de ley sobre modificación al Código de Aguas, calificado recientemente con urgencia por el Gobierno.

La discusión urgente de este proyecto responde a la emergencia hídrica que tienen diversas zonas del país. El Instituto Nacional de Derechos Humanos en su mapa de conflictos socio-ambientales ha puntualizado 102 zonas complejizadas y de ella más de la mitad tiene su origen en la extracción indiscriminada de agua por parte de la minería.

Durante la sesión, se escucharon los planteamientos del Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, del Ministro de Agricultura, Carlos Furche y del Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández.

Al respecto, el integrante de la comisión, senador Jorge Pizarro, además de comprometer su apoyo a la reforma, indicó que próximamente se espera la visita de organizaciones ciudadanas y ONGs, donde se recogerá su punto de vista sobre el proyecto de ley.

“A mí me parece importante el proyecto, yo lo voy a respaldar. Existen algunos aspectos en los cuales se puede mejorar la redacción y clarificar los textos para evitar malos entendidos. Nosotros le pedimos a los distintos actores que nos hagan llegar propuestas y así desmitificar lo que algunos sectores más conservadores han dicho, que aquí se va a expropiar y estatizar, no es así”, precisó.

Jorge Pizarro, recalcó que el proyecto de ley no modifica la propiedad de derechos de aguas otorgados a perpetuidad, práctica que fue implementada durante la dictadura.

El parlamentario demócrata cristiano, indicó que la idea es asegurar el recurso para el consumo humano y a partir de ahí clarificar los usos del agua en distintos proyectos como la minería, agricultura y el turismo.

“Derechos de agua que se han entregado en años anteriores a la modificación, son indefinidos y mantienen todos sus derechos plenamente vigentes, en eso no hay ninguna duda. Estamos viendo de qué manera las aguas mineras las dejamos claramente establecidas cómo se deben utilizar y también cómo la Dirección de Aguas puede fiscalizar y tener la información de qué es lo que se está haciendo”, subrayó.

Uno de los precursores iniciales de la iniciativa legal, el diputado Daniel Núñez manifestó su esperanza de que la idea sea despachada por el Parlamento sin que sea “mutilada” por el Senado.

Dentro de los temas importantes que incluye el nuevo Código de Aguas, está el fin a la especulación y sobre otorgamiento de derechos y usos arbitrarios, especialmente en el sector minero, además establece que los derechos provisionales de agua subterránea en zonas declaradas agotadas o cuando hay escasez, van a dejar de ser permanentes.

“La urgencia que le puso el Gobierno es una buena señal, porque de una u otra manera este proyecto no soportaría las presiones que existen por parte del gran empresariado agrícola y minero. Lo importante es que no se pierdan los contenidos que le dan carácter a la reforma que establece el uso racional del agua y que permite priorizar el consumo humano, resolviendo algunos de los problemas más agobiantes que tenemos hoy en el  mundo rural  y en el uso del agua”, argumentó.

En cuanto a su despacho, se espera que la iniciativa sea votada en dos semanas más, después de permanecer estancada en el Congreso por al menos cinco años.

El texto que modifica el Código de Aguas también amplía el ámbito de acción de la DGA en sus competencias relativas a la fiscalización y sanción.