Diario y Radio U Chile

Año XII, 9 de abril de 2020

Escritorio MENÚ

Parlamentarios exigen al gobierno caducar concesión del litio a SQM

La Cámara de Diputados aprobó el Informe de la Comisión Especial Investigadora de la explotación del litio que analizaba las irregularidades del contrato suscrito entre Corfo y SQM. Asimismo, los parlamentarios exigieron al Gobierno caducar el acuerdo con la minera.

Tania González

  Miércoles 11 de enero 2017 21:25 hrs. 





El documento emanado de la Comisión Investigadora del Litio concluye que “el Proyecto (que vincula a Corfo con SQM) para la explotación del Salar de Atacama es, en estricto rigor, de propiedad del Estado de Chile a través de Corfo, quien ha invitado y finalmente se asoció a un empresa privada que garantizaba la mejor administración de dicho proyecto”.

La Cámara de Diputados aprobó el informe con 60 votos a favor, 11 abstenciones y 24 en contra, principalmente de diputados de oposición.

Cabe señalar que el debate parlamentario estuvo antecedido por la reciente firma de un acuerdo entre altos ejecutivos de la empresa estadounidense Roockwood con Corfo para la producción de litio en el Salar de Atacama.

El vicepresidente de la Corporación, Eduardo Bitrán, afirmó que ahora queda que el Estado invalide los contratos con SQM y se adopten modelos de convenios como el suscrito con la estadounidense, para lograr mayor producción.

De este modo, el representante de Corfo destacó las comisiones que implicará para el Estado el último acuerdo Corfo-Roockwood: “Sólo en aquella parte que está bajo el área de Rockwood, nosotros creemos que este acuerdo genera un valor total para el Estado chileno, de 3 mil millones de dólares. Si uno extrapola y dice a futuro que cualquier operación en el Salar tiene que ser de estas características, se puede pensar en la creación de un valor para el Estado de alrededor de 10 mil millones de dólares”.

En la discusión en el Congreso, el diputado radical Alberto Robles respaldó el informe de la Comisión Investigadora y opinó que la salida del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, no puede ser la condición para tener nuevamente un acuerdo con la minera, pues eso a su juicio, sería no cautelar los intereses del país.

“No puede el Gobierno aceptar otra cosa que no sea el caducar el contrato con Soquimich y no puede llegar a ningún tipo de acuerdo arbitral con SQM para disminuir y para no recuperar las posesiones de Corfo”.

En tanto, la diputada DC Yasna Provoste, quien también votó a favor, subrayó que el año pasado Corfo solicitó el término anticipado del contrato con SQM para el proyecto en el Salar de Atacama, no solo por incumplimientos graves por pagos de arrendamiento, sino porque la empresa no generó tampoco los sistemas de supervisión o fiscalización.

“Somos junto con Argentina y Bolivia en el bloque latinoamericano, los principales productores de litio, pero mientras estos dos últimos países han acometido proyectos para tener real injerencia en esta industria, nosotros estamos empezando a tratar de entender el presente y  futuro del litio”.

Mientras, el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, apoyó la forma en que fue revisado este caso por la Comisión Investigadora y advirtió que puede asemejarse a muchos otros en curso donde, a su juicio, una empresa se aprovecha de la descoordinación de los organismos del Estado.

“Así como las instituciones del Estado nunca llegaron a conocer los términos en que se ejecutaron estos contratos, como sociedad nunca vamos a saber cuánta plata de todos los chilenos se llevó SQM para la casa, plata que hoy sabemos se convertía en escaños en este Parlamento, es decir poníamos al gato a cuidar la carnicería”.

El parlamentario añadió que este caso sirva de lección y lleve a reflexionar varias cosas, entre ellas “cómo la relación espuria entre dinero y política, puede repercutir en cuestiones prácticas como en este caso dineros que se pudieron haber traducido en medicamentos, mejores pensiones, en mejorar la educación pública”.

Otros parlamentarios se detuvieron en los temas que faltó discutir políticamente en la Comisión Investigadora, fue el caso de la diputada RN Paulina Núñez que votó en contra del documento, y afirmó que la celeridad del acuerdo entre Corfo y Roockwood careció de una mirada de Estado.

“Desde que transcendió a la prensa que Corfo estaba en un proceso de renegociación de los contratos con Rockwood, manifesté mi preocupación por la opaca forma en que ello se llevó a cabo, más aún coetáneo al inicio de estas negociaciones fue el trabajo de la comisión asesora presidencial sobre el litio, la gobernanza de los salares y entrega sus conclusiones que a mi entender entran en colisión con este acuerdo por más beneficioso que sea. La justificación del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, siempre fue que esto era una carrera contra el tiempo para asegurar cuotas de mercado”.

La parlamentaria añadió que no se revisó en la instancia el que la ministra de Minería, Aurora Williams, quien participó en el debate, se hiciera asesorar por Camilo Lagos (también asesor de Cochilco), una de las personas que se encuentra investigada por nexos de corrupción con SQM.