Un acto que se inició con el recorrido de la Presidenta Michelle Bachelet junto a los ministros del Comité Político por la Plaza de la Constitución donde se instaló una exposición explicativa sobre el proceso constituyente.

Luego en el Palacio de La Moneda, la Mandataria recibió de parte del Consejo de Observadores las Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución.

El informe de 138 páginas explica el desarrollo de este proceso recopilando la información contenida en las actas públicas que elaboraron los participantes en los cerca de nueve mil encuentros locales autoconvocados.

En este capítulo se integra una síntesis general sobre los principales valores que, a juicio de los ciudadanos, debieran regir la nueva Constitución.

Por ejemplo, se habla del valor de la justicia apuntando que debe ser igual para todos poniendo fin a la justicia militar. Además, se menciona que debe ser un sistema probo e igualitario incluyendo la perspectiva de etnia y pueblos originarios.

En el caso del valor de la democracia se apunta a que debe ser más participativa considerando mecanismos revocatorios, que debe garantizar la participación vinculante y que aplique topes para la acumulación de la riqueza.

Agrega, entre otros temas, que el respeto a los derechos humanos debe tener un carácter fundamental, cruzándose con todos los estamentos de Estado e incorporándose en todo el proceso educacional de formación cívica, incluyendo a las Fuerzas Armadas.

El representante de la sistematización de estos antecedentes, Rodrigo Márquez, detalló el mecanismo técnico que se aplicó en este proceso: “Las estimaciones sumaban que se efectuaran tres mil encuentros locales, pero finalmente se realizaron nueve mil. Había un desafío técnico ante la masividad de la información porque no existía una metodología para servir con el propósito que se requería por la complejidad de la información. El cometido de este Consejo no solo era hacerlo bien sino con legitimidad y transparencia”, señaló.

Mientras, el presidente del Consejo de Observadores, el abogado Patricio Zapata, reconoció que fue más bien complicado que 200 mil personas hayan participado de este proceso considerando la desconfianza generalizada hacia las instituciones.

En ese sentido, afirmó que el rol del consejo no era ser complaciente con lo planteado por el Gobierno sino aportar autonomía a este proceso.

“Quien lea el documento verá apreciaciones positivas, pero también advertirá críticas porque formulamos algunos reproches. En algún momento eso se malentendió como si hubiésemos puesto obstáculos, pero fue todo lo contrario. Quienes analicen la información también podrían pensar que la interpretación es discutible. Sabemos que el riesgo de la sobreinterpretación es alta, eso siempre lo tuvimos claro”, comentó.

En tanto, el diputado socialista Leonardo Soto valoró contar con los resultados de esta primera etapa, algo inédito en el país manifestó, y que demostraría la voluntad de cambiar la legislación vigente.

Para el miembro del movimiento Marca AC, Genaro Cuadros, se cierra una etapa bastante difusa marcada por los vaivenes de los calendarios políticos.

A su juicio, la cifra de participación ciudadana podría haber alcanzado el millón de personas de contar con verdadera voluntad política. Sin embargo, advirtió que los grandes desafíos dependen del paso del proyecto por el Congreso.

“El Gobierno tiene la urgencia de enviar una reforma al capítulo XV así también su propuesta del proyecto constitucional. Yo diría que es más relevante que envíen cuanto antes esta iniciativa porque se relaciona con los mecanismos para elaborar la Constitución y que el trámite siga su curso”, explicó.

La Presidenta anunció que enviará un proyecto al Congreso que permita la reforma al capítulo 15 de la Constitución para establecer un nuevo mecanismo para elaborar la Carta Fundamental.

Este sería el inicio de la etapa institucional donde se creará una propuesta que agrupe los planteamientos de la ciudadanía para ser tramitado por los legisladores y luego ratificado por un plebiscito ciudadano.