Durante las últimas semanas el Consejo de Rectores ha sido uno de los centros de atención de diferentes actores educacionales. El quiebre interno que hace casi un mes enfrentan las autoridades académicas, producto de la pérdida del 50 por ciento del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), ha despertado las hostilidades de uno y otro sector.
Durante la semana recién pasada la situación llegó a tal punto que diferentes rectores se pronunciaron respecto de la necesidad de que el Ministerio de Educación actuara como puente entre las universidades estatales y las agrupadas en el G-9.
En ese sentido, Arturo Flores, rector de la Universidad de Tarapacá, dijo que “todas las intervenciones para lograr acuerdo no estarían mal”.
En esa misma línea, el rector de la Universidad de Santiago señaló que la Ministra de Educación junto al vicepresidente ejecutivo del CRUCh, Aldo Valle, debieran convocar a una reunión extraordinaria dentro de los próximos diez días.
Juan Manuel Zolezzi dijo que “si el Ejecutivo no envía al Congreso las indicaciones sustitutivas antes del 15 de marzo próximo, para que efectivamente se apruebe la idea de legislar en el Congreso, no tendremos ley de educación superior, a menos que exista una voluntad real de cada uno de los sectores de renunciar a una pequeña parte de sus legítimos intereses, en beneficio de lograr un avance en esta materia”.
A su vez, el rector de la Universidad del Biobío, Héctor Gaete, cuestionó que el debate se haya dado a través de la prensa y no en las reuniones del Consejo. Además, criticó que el G9 responsabilizara al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, de la crisis de la institución: “Nuestros compañeros han llevado el tema a la prensa y, además, han cometido el error histórico de acusar al presidente de las universidades públicas. Eso nunca había ocurrido desde 1954, año en que se crea el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Hay normas básicas de comportamiento que no pueden personalizarse y para mi es inaceptable que de otro conglomerado se acuse a una persona”.
A la controversia del organismo se sumaron también los dichos del rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, quien criticó a la entidad, manifestando que el CRUCh debería eliminarse. La opinión no fue bien recibida por el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien calificó de “lamentable que el rector de una universidad prestigiosa se refiera así al CRUCh”.
Por ahora, el Consejo de Rectores no tiene una fecha agendada para volver a reunirse, sin embargo, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh) se dará cita el próximo 23 de enero de manera extraordinaria para fijar objetivos institucionales.
Durante las últimas semanas el Consejo de Rectores ha sido uno de los centros de atención de diferentes actores educacionales. El quiebre interno que hace casi un mes enfrentan las autoridades académicas, producto de la pérdida del 50 por ciento del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), ha despertado las hostilidades de uno y otro sector.
Durante la semana recién pasada la situación llegó a tal punto que diferentes rectores se pronunciaron respecto de la necesidad de que el Ministerio de Educación actuara como puente entre las universidades estatales y las agrupadas en el G-9.
En ese sentido, Arturo Flores, rector de la Universidad de Tarapacá, dijo que “todas las intervenciones para lograr acuerdo no estarían mal”.
En esa misma línea, el rector de la Universidad de Santiago señaló que la Ministra de Educación junto al vicepresidente ejecutivo del CRUCh, Aldo Valle, debieran convocar a una reunión extraordinaria dentro de los próximos diez días.
Juan Manuel Zolezzi dijo que “si el Ejecutivo no envía al Congreso las indicaciones sustitutivas antes del 15 de marzo próximo, para que efectivamente se apruebe la idea de legislar en el Congreso, no tendremos ley de educación superior, a menos que exista una voluntad real de cada uno de los sectores de renunciar a una pequeña parte de sus legítimos intereses, en beneficio de lograr un avance en esta materia”.
A su vez, el rector de la Universidad del Biobío, Héctor Gaete, cuestionó que el debate se haya dado a través de la prensa y no en las reuniones del Consejo. Además, criticó que el G9 responsabilizara al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, de la crisis de la institución: “Nuestros compañeros han llevado el tema a la prensa y, además, han cometido el error histórico de acusar al presidente de las universidades públicas. Eso nunca había ocurrido desde 1954, año en que se crea el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Hay normas básicas de comportamiento que no pueden personalizarse y para mi es inaceptable que de otro conglomerado se acuse a una persona”.
A la controversia del organismo se sumaron también los dichos del rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, quien criticó a la entidad, manifestando que el CRUCh debería eliminarse. La opinión no fue bien recibida por el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien calificó de “lamentable que el rector de una universidad prestigiosa se refiera así al CRUCh”.
Por ahora, el Consejo de Rectores no tiene una fecha agendada para volver a reunirse, sin embargo, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh) se dará cita el próximo 23 de enero de manera extraordinaria para fijar objetivos institucionales.
Durante las últimas semanas el Consejo de Rectores ha sido uno de los centros de atención de diferentes actores educacionales. El quiebre interno que hace casi un mes enfrentan las autoridades académicas, producto de la pérdida del 50 por ciento del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), ha despertado las hostilidades de uno y otro sector.
Durante la semana recién pasada la situación llegó a tal punto que diferentes rectores se pronunciaron respecto de la necesidad de que el Ministerio de Educación actuara como puente entre las universidades estatales y las agrupadas en el G-9.
En ese sentido, Arturo Flores, rector de la Universidad de Tarapacá, dijo que “todas las intervenciones para lograr acuerdo no estarían mal”.
En esa misma línea, el rector de la Universidad de Santiago señaló que la Ministra de Educación junto al vicepresidente ejecutivo del CRUCh, Aldo Valle, debieran convocar a una reunión extraordinaria dentro de los próximos diez días.
Juan Manuel Zolezzi dijo que “si el Ejecutivo no envía al Congreso las indicaciones sustitutivas antes del 15 de marzo próximo, para que efectivamente se apruebe la idea de legislar en el Congreso, no tendremos ley de educación superior, a menos que exista una voluntad real de cada uno de los sectores de renunciar a una pequeña parte de sus legítimos intereses, en beneficio de lograr un avance en esta materia”.
A su vez, el rector de la Universidad del Biobío, Héctor Gaete, cuestionó que el debate se haya dado a través de la prensa y no en las reuniones del Consejo. Además, criticó que el G9 responsabilizara al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, de la crisis de la institución: “Nuestros compañeros han llevado el tema a la prensa y, además, han cometido el error histórico de acusar al presidente de las universidades públicas. Eso nunca había ocurrido desde 1954, año en que se crea el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Hay normas básicas de comportamiento que no pueden personalizarse y para mi es inaceptable que de otro conglomerado se acuse a una persona”.
A la controversia del organismo se sumaron también los dichos del rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, quien criticó a la entidad, manifestando que el CRUCh debería eliminarse. La opinión no fue bien recibida por el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien calificó de “lamentable que el rector de una universidad prestigiosa se refiera así al CRUCh”.
Por ahora, el Consejo de Rectores no tiene una fecha agendada para volver a reunirse, sin embargo, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh) se dará cita el próximo 23 de enero de manera extraordinaria para fijar objetivos institucionales.
