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Renato Garin, autor de “Lobby Feroz”: “Se ha secuestrado a la democracia”

El académico y abogado repasó los principales conceptos del lobby en Chile, contenidos en su reciente publicación. Así, aseguró que el desafío actual del país es quitarle el poder a la alta burguesía: “Chile está en una decisión histórica: o fronda o República, pero ambas cosas no son compatibles".

Diario Uchile

  Viernes 20 de enero 2017 8:49 hrs. 
garín


Juan Pablo Cárdenas conversó con el abogado y profesor de la Universidad Alberto Hurtado, Renato Garin, quien acaba de publicar “El lobby feroz y la sociedad de las influencias”, investigación periodística que retrata el tráfico de influencias en nuestro país.

El libro, construido sobre la base de escándalos de financiamiento a la política, indaga y muestra los caminos que unen al poder con el poder. Así, relata, por ejemplo, el rol de Enrique Correa, uno de los principales lobbistas del país.

En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, confesó que la ausencia de una ley que regulara el lobby fue el punto de partida de su investigación en 2012. Garin reconoció que “se hacía necesario en ese momento explicar por qué no había una ley de lobby”, la que se debatió por once años antes de su promulgación.

¿Qué opinión te merece la ley de lobby que finalmente se promulgó?

Mientras se discutía el Royalty minero en el gobierno de Ricardo Lagos, aparecen dos figuras fundamentales para el lobby chileno: Enrique Correa y el actual senador Andrés Allamand, quienes fueron activos representantes de los intereses de las mineras en esa discusión.

Desde ahí en adelante, el lobby se instala y aparece siempre como un satélite de las discusiones contingentes: cigarros, farmacéutica, Ley de Pesca… y se constituye como una comprensión de la legislación, la forma en que los grupos de interés llegan hacia las autoridades.

Años después, la Ley de Lobby que termina aprobando el gobierno de Sebastián Piñera es algo como una ley al revés, como un calcetín dado vuelta: En vez de regular al lobista y colocarle inhabilidades, lo que hace es poner obligaciones a las autoridades en sus registros de audiencia; En vez de tener una lista de lobbistas previos, inscritos con anterioridad, lo que hace es llegar a un precipitado de lobbistas que se registran en las audiencias públicas. Es una ley sui generis, chilena, que permite saber las audiencias, pero no pone obligaciones legales sobre quienes hacen lobby.

¿Qué experiencia internacional hay en regulaciones de lobby?

El gran símbolo es Estados Unidos. Esas son las leyes de lobby mejor pensadas de la legislación internacional. Sin embargo, hay otras experiencias como la de Inglaterra, que acaba de sacar una ley en 2014; Alemania; Polonia; Taiwán y países en Latinoamérica como Perú.

En comparación con esos países, el mercado chileno del lobby tiene una curiosidad: En nuestro país, los grandes lobbistas son, a la vez, líderes de opinión, como pasa con Enrique Correa o Eugenio Tironi. En cambio, eso no pasa en el mundo. Uno no se va a encontrar en el New York Times al principal lobbista de Burson Marsteller o de Hill and Knowlton escribiendo una columna y, si lo hace, va a quedar muy claro a qué empresa representa y qué defiende. Eso en Chile no ocurre: los lobbistas opinan y construyen agenda sin dar explicaciones de a quién representan.

¿Dónde tendrían que estar los límites del lobby?, ¿es legítimo que las empresas contraten oficinas y expertos para la defensa de sus intereses ante las autoridades públicas?

Es legítimo porque la Constitución avala el derecho de petición. El problema local es que estas empresas encuentran un nicho de negocio muy potente: la combinación de sus círculos sociales para generar concentraciones de mercado.

Entonces, es legítimo el lobby, pero no el secuestro a la democracia, que es lo que ha ocurrido en Chile.

¿Por qué tienen que existir estos intermediarios entre las empresas y las autoridades?

Las empresas de lobby son una muestra patente de cómo funciona nuestra sociedad, particularmente de cómo funcionan las altas burguesías: sumas de redes de personas e instituciones que se colocan para un fin. Es el uso del capital social. Una monetarización de las redes sociales que se vuelven claves para la política.

¿Es muy lucrativo hacer lobby?

Es bastante lucrativo para las empresas grandes. La base de esto es tener mucho capital social. Si usted pasó por la política va a tener demasiados contactos que van a permitir hacer más fácil su vida empresarial.

Este es un negocio de insiders, gente que viene de adentro de la política y que hace luego lobby. El caso de Enrique Correa es uno de los más interesantes. Un tipo que viene de la DC, después se pasa al MAPU, la Unidad Popular y llega a ser ministro con Patricio Aylwin. Uno esperaría que, a raíz de su trayectoria, se hubiera quedado en el servicio público, pero elige privatizarse. Yo creo que no solo lo hace por la plata, sino por el poder, porque el poder está en la construcción de puentes entre lo público y lo privado.

El rol del articulado entre el Estado y el mundo privado se ha vuelto clave en esta democracia. Acá mandan los sujetos que han logrado integrar ambos mundos. Por ejemplo, Alfredo Moreno, que pasa de canciller a Penta y de Penta a la CPC. Él es un típico caso de cómo funciona este régimen político.

Este lobby, hoy regulado por una ley, no ha frenado la corrupción. De grandes operaciones lobbisticas también se desprenden grandes corrupciones. Por ejemplo, cuando se hizo lobby para la Ley de Pesca o la del Royalty. Hoy, el desprestigio que afecta a la política es por la gran cantidad de involucrados en esto. ¿Qué habría que hacer entonces: poner freno o fin a estas actividades?

Desde lo legal necesitamos reglas de puertas giratorias que hagan más difícil el tránsito de personas claves entre los directorios y los ministerios y al revés, porque, a mi juicio, eso es corrupción legalizada. Ejemplo de ello es cuando el señor Rafael Guilisasti se pasa de la comisión ad hoc que revisaba papeles a SQM a la presidencia de esa misma empresa, es cuestionable ¡pero legal! Lo mismo pasa con Alfredo Moreno.

Hay que poner un plazo de intervalo entre un trabajo y otro, como ocurre en otros países. Por ejemplo, dos años entre un cargo y otro, pero es muy difícil, porque hay una sociología en las altas burguesías chilenas, la fronda, que han construido intereses y usos propios en expectativas comunes. Para ellos no está mal visto hacer esas puertas giratorias; hacer lobby desenfrenado, porque es parte del éxito que se busca en el poder.

También es necesario cuestionar la forma en la que se construye la deliberación política en el país donde es el grupo de interés el que produce sus propias reglas: ¡Es un secuestro! de estas altas burguesías públicas y privadas que se han quedado para sí con buena parte de la deliberación política.

¿Es suficiente con poner un plazo para el tránsito entre lo público y lo privado?, ¿o es necesario también fortalecer las normas que castigan a los políticos que ceden a los lobbistas?

Además de eso es necesario agregar reglas de derecho suave. Es decir que los reglamentos internos o las recomendaciones gremiales incluyeran cierto miramiento ético a los empresarios. Crear una regla que diga que no es bien vista la puerta giratoria.

La ley de la república no es el único estándar que se puede usar en el mundo para establecer conductas o recomendarlas. Los colegios profesionales, gremios, la opinión pública… todos debemos subir los estándares respecto a qué exigimos.

Por ejemplo, en el ámbito de la transparencia, me parece preocupante que esto sea como una casa de vidrio. Metafóricamente, hemos hecho eso con la fronda: los ciudadanos nos ponemos afuera y los miramos, tal como hace quince años mirábamos a la actriz que vivió un tiempo en una casa de vidrio. El punto es que, en la medida que los ciudadanos quedan afuera de esta casa, esa frontera entre la clase política y la ciudadanía se vuelve inexpugnable. Es una relación entre la galería y el escenario. Por eso, la transparencia tiene que ser un principio de toda la vida social chilena. Desde el municipio hasta las grandes élites, porque de otro modo, lo único que tenemos son reglas nacionales, generales, que hacen “la parada” de que estamos regulando algo, pero sociológicamente la situación continúa.

¿Qué rol juega la prensa en el control del lobby?

La historia del lobby se empieza a construir en el gobierno de Patricio Aylwin cuando  Enrique Correa, en particular, opera para dejar sin financiamiento internacional a revistas como Apsi, Análisis y otras publicaciones con el fin de concentrar el mercado en los medios de comunicación para ayuda a las grandes burguesías.

En ese tiempo nacen las cuatro principales empresas de lobby que existen en Chile: Extend de las hermanas Velasco, donde Marilú Velasco era jefa de prensa del Presidente; la de Cristina Bitar que fue encargada de comunicaciones de la APEC; la de Eugenio Tironi era el encargado de la actual Secom; e Imaginacción, de Correa, quien en el gobierno de Aylwin tenía por función dirigir el ministerio que se comunica con la prensa. Entonces, hay un punto en común en estas compañías y en las compañías de lobby. La médula de este modelo de negocio, es que todas estas personas que hacen lobby, tienen que tener muy buenos contactos con la prensa.

Esa relación se expresa también en la gente que contratan estas empresas. Ahí destacan dos patrones. Por un lado, ex políticos como Carlos Cruz, Pablo Zalaquett o Marcelo Triveli, por otro, ex editores o importantes periodistas redactores de grandes medios en Chile. Con esos dos mundos, estas oficinas de lobby campean entre la política y la prensa.

En el caso de Correa no solo hay una intensión de servir una empresa determinada, sino que la intensión de corromper a la política en su conjunto, algo parecido pasa, por ejemplo, lo que pasó en SQM que pusieron platas en todos los candidatos, ¿eso es porque estamos en un proceso mayor, donde las empresas lobbistas están buscando poder para sí?

Para mí, el neoliberalismo chileno opera en una contradicción conceptual. Por un lado, los neoliberales fanáticos dicen que el Estado es malo, por eso, piden achicarlo. Por otro, dicen “venga el Estado para acá”, intentan capturarlo mediante el financiamiento irregular de la política, la puerta giratoria y el lobby.

Así, la burguesía chilena se ha apoderado de lo público y lo privado, y han construido para sí una red de privilegios que ningún otro ciudadano pueda optar: colegios exclusivos; privilegios al interior del Estado como pensiones por sobre la norma; incluso, se les permite ser dueños de clubes deportivos; además, suelen ser opinólogos y construyen pautas con los medios.

Tenemos una casta que se ha acostumbrado a cierto nivel de influencia más allá de lo sano y lo democrático. A mi juicio configura un secuestro político, empresarial sobre la democracia.

¿Qué queda pendiente por hacer para salvarnos de este poder?

Es urgente crear reglas que impidan el flujo de los ministros a los directorios y al revés.

¿Eso no va a desincentivar la participación en política?

Ese es un argumento que esgrimen ellos. En Chile, con toda la masa educada que tenemos, hay gente de sobra para los cargos. El argumento de decir “no va a haber gente” es para decir que solo ellos pueden administrar.

Lo que vemos es que ese grupo, la fronda, se defiende como gato de espaldas. En el libro se muestra como Correa y Tironi le han bajado el perfil a la crisis de SQM y Penta diciendo que el financiamiento ilegal a la política no es tan grave, que no es corrupción. Esa manipulación de la realidad es gravísima. Sin embargo, creo que habrá una profundización de este comportamiento: Estas cuatro empresas van a seguir campeando en el mercado. Por eso hay que seguir avanzando en mejorar la ley de lobby, por ejemplo poniendo restricciones.

También es fundamental generar medios de comunicación y periodistas que relaten cómo se cocinan los acuerdos: los medios de comunicación tienen que ser el dolor de cabeza de los poderosos. De otro modo, tendremos una burbuja de las altas burguesías que será incuestionable, que solo va a llegar a nosotros por escándalos y eso pierde la atención a los temas de fondo. El Estado debe ayudar a levantar ese periodismo.

Además, es clave que el ciudadano de a pie empiece a mirar esta fronda no solo con distancia, sino con cuestionamiento político: ¿Qué hicieron con mi voto?, ¿qué hicieron con esa soberanía que les trasladé en 1989?, que es cuando ocurre el secuestro y el grupo encabezado por Correa organizan todo y se quedan con el régimen.

Así, el desafío es quitarle el régimen a esa fronda y democratizar. Chile está en una decisión histórica: o fronda o República, pero ambas cosas no son compatibles.

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