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Año XII, 24 de noviembre de 2020

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Formalización de imputados por muerte de Lissette Villa se aplaza para marzo

El abogado de la madre de la niña, Sebastián Lafaurie, afirmó que el Servicio carece de legitimación activa en esta causa. Mientras, desde tribunales se anunció el aplazamiento para marzo la audiencia de formalización de funcionarios del organismo por este caso. La prórroga se da luego de llegar a manos de la Fiscalía las conclusiones de un informe de la PDI en las que se asegura la participación directa de terceros en el fallecimiento de la menor.

Tania González

  Miércoles 25 de enero 2017 19:40 hrs. 
Caso Lissette



Para esta semana estaba fijada la audiencia de formalización de los imputados por el caso de la muerte de Lissette Villa, que corresponden a funcionarios del Centro de Rehabilitación (Cread) Galvarino del Servicio Nacional de Menores.

No obstante, la ampliación de la formalización a otros tres cuidadores más del mismo centro, de los cinco que originalmente estaban imputados, causó que se aplazara la diligencia judicial. Así lo expuso el defensor Penal Público, Pablo Sanzana.

“Nosotros no estábamos notificados, esta es una causa con carácter reservado, nos enteramos hoy que habían nuevos imputados para formalizar, no teníamos los antecedentes y por lo tanto por eso correspondía el nuevo día y hora para esta audiencia”.

Este mes llegó a manos del fiscal regional de Los Lagos a cargo de esta causa, Marcos Emilkorf, un informe de la Policía de Investigaciones en que se concluye, con cientos de declaraciones y peritajes, que hubo participación directa de terceros en la muerte de Lissette Villa.

En el documento afirman que las educadoras de trato directo hoy inculpadas Conne Fritz y Thiare Oyarce, llevaban solo meses en la institución y habrían actuado con total desconocimiento de protocolos y sin capacitación de primeros auxilios. En esas condiciones, las funcionarias realizaron una incorrecta contención a la niña lo que le habría provocado problemas de respiración y finalmente su fallecimiento.

Asimismo, se apuntan responsabilidades de encubrimiento del hecho a la directora del Cread Galvarino, la psicóloga Mónica Monje, la auxiliar de párvulos Jessica Figueroa, mientras al coordinador de turnos del establecimiento, Leonardo Lefián, lo acusan por realizar apremios a la niña antes de su muerte.

En la indagatoria de la PDI además quedan en evidencia antecedentes de abusos de derechos de Lissette Villa a lo largo de su vida, en el marco también de una denuncia contra su padre por violación.

Al respecto, la madre de la menor, Juana Poblete, a la salida de la audiencia desarrollada ayer miércoles, indicó que esperan justicia y mantendrán la querella por homicidio calificado y no por negligencia médica como se planteó en un principio.

“Los tíos que estaban a cargo de ella, sobre todo la psicóloga, no estaban acá en estos momentos y creo que ella es la que tiene que dar cara porque estaba a cargo de mi hija. Siempre veía muy dopada a mi hija, le corría la babita”.

En el marco de estas formalizaciones, el abogado de la madre de Lissette, Sebastián Lafaurie, afirmó que solicitará la exclusión del Sename como querellante.

“Esta parte querellante presentó una exclusión en el incidente a la formalización, por carecer absolutamente de legitimación activa en esta causa, además moralmente no corresponde que ellos (del Sename) estén acá si son justamente los que están siendo investigados por delito de homicidio y tortura cometidos por funcionarios públicos de esta institución”.

Se ha puesto de este modo en duda la calidad procesal del Sename, además se pidió la exclusión del padre de Lissette y de la Fundación Para la Confianza en la parte querellante.

No obstante, el debate sobre su participación en este juicio, quedó fijado para la audiencia de formalización de los ocho imputados por el caso de Lissette Villa, que se desarrollará el primero de marzo a las 9 de la mañana.

INDH pide celeridad en inicio del juicio contra imputados del Sename

A propósito de los cuestionamientos de la directora del Servicio Nacional de Menores, Solange Huerta, por la demora en la investigación del Ministerio Público acerca de la muerte de menores al interior del organismo y la suspensión en la formalización de los inculpados por el caso de Lissette Villa, el director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, espera que “el proceso llegue a su término en un tiempo razonable”.

En conversación exclusiva con Radio y Diario Universidad de Chile, el representante de la institución que actúa como querellante en causas de muertes y vulneración de derechos a menores del Sename, opinó que la complejidad de las causas y relaciones que se están investigando, hacen que el proceso tome su tiempo.

No obstante, Marelic confía en que la audiencia de preparación de juicio oral sea el primer semestre de este año, de lo contrario, advierte que se pone en riesgo la vulneración de los derechos de la población en cuanto a la insatisfacción de las expectativas de seguridad y confianza que deben brindar los órganos encargados de administrar la justicia.

“Claro que el caso de Lissette tiene relevancia, sin embargo, existen otros casos que son igualmente graves en los que el Instituto también es parte querellante, por ejemplo, en el caso del Cread de Playa Ancha donde se denuncian por parte de los niños y niñas bastantes golpes y violencia. En ese Cread nosotros nos hemos querellado por torturas y también estamos preparando otras querellas por otras causas de muerte sobre las que hemos tomado conocimiento”.

Entre las observaciones en torno a este tema también ha llamado la atención la del ex psiquiatra del Sename, Rodrigo Paz, quien ha atribuido responsabilidades a médicos dependientes del Ministerio de Salud.

En tanto, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu), Francis Valverde, criticó al Ejecutivo por no destinar mayores recursos para resolver los problemas en el tratamiento de la  Infancia en general.

“El Ministerio de Salud no asume responsabilidad porque dice que no tiene plata, el Ministerio de Justicia no asume responsabilidad porque dice que han hecho todo lo posible y las otras carteras no le responden. Además, la Ley de Garantías y Derechos que está actualmente en la Cámara de Diputados borró toda la protección administrativa que debían entregar a los niños y niñas para poder recibir sus derechos. El fundamento del Ejecutivo es que no tiene dinero para invertir en infancia, pero para otras cosas si hay dinero, uno puede preguntarse porqué seguimos entregándole el 10 por ciento del cobre a los militares”.

La representante de Achnu subrayó que Chile no tiene una institucionalidad que defienda los derechos de los menores, es decir, solo se cuenta con los tribunales de justicia y el Sename que es de protección especial, no general.