A septiembre del año 2016, en Chile casi un 60% de la capacidad instalada para la generación de electricidad correspondía al sector térmico. Siendo esta proporción tan amplia, resulta incompresible que todavía no exista regulación respecto a la vida útil ni sobre la tecnología que utilizan este tipo de centrales. Si bien existe una norma sobre la emisión de contaminantes para las centrales termoeléctricas, su implementación ha sido muy lenta y actualmente hay operando en Chile centrales que superan los 100 años.
En los últimos años, debido a distintos episodios de conflictividad socio-ambiental, sumado a una serie de movilizaciones ciudadanas y fallos judiciales, son varios los proyectos de generación termoeléctrica -como Campiche, Barrancones, Castilla, entre otros- los que han evidenciado el deficiente marco regulatorio que Chile posee respecto a la tramitación ambiental y normativa de este tipo de centrales de generación eléctrica, el que claramente no es el más apropiado para los tiempos actuales.
Si de tramitación ambiental se trata, justamente bajo el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, ha sido el periodo donde más proyectos térmicos han ingresado a evaluación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de ellos, 88 se encuentran aprobados en la actualidad. Asimismo, también fue el lapso presidencial en que más unidades o centrales térmicas entraron en funcionamiento (diez en el año 2007, misma cantidad en el 2008, y 18 en el 2009). Una de las explicaciones surgidas en ese entonces, recayeron en las restricciones de gas desde Argentina, sufridas desde el 2004, época en que las generadoras rápidamente debieron retomar el uso del carbón y el diésel, aumentando -de esa forma- aún más la entrada de nuevas centrales al parque térmico del país.
Con más de 152 unidades termoeléctricas operando en Chile en la actualidad, (ver “Proyectos Eléctricos y Catastro de Termoeléctricas en Chile” de Fundación Terram) resulta anacrónico que algunas sigan funcionando desde hace más de 100 años -como la central Punta Arenas en la Región de Magallanes- lo que nos hace constatar la urgencia de contar pronto con una regulación que se haga cargo de la vida útil y la tecnología que utilizan este tipo de complejos térmicos, así como de normar mayores exigencias tecnológicas para las nuevas centrales que se incorporen. En relación a lo anterior, la necesidad de un programa de desmantelamiento de centrales termoeléctricas es vital, con el objetivo de que no sobrepasen un periodo determinado de años en operación.
En relación a la regulación, es importante recordar que en enero de 2011 se promulgó el Decreto Supremo N° 13 que estableció las normas de emisión de contaminantes para las centrales térmicas. Esta iniciativa -pionera hasta ese entonces en el país- indica que las centrales nuevas deben cumplir con la norma antes de operar, mientras que las que ya se encontraban en operación tenían tres años para hacerlo. Lamentablemente la implementación de esta norma ha sido muy lenta y escasea información pública que detalle en su aplicación.
Es importante destacar que el informe OCDE sobre desempeño ambiental de Chile llama a aplicar y aumentar en el tiempo el impuesto a las emisiones de centrales termoeléctricas, esto coincide con que durante este año 2017 se comenzara a aplicar el denominado “impuesto verde” incorporado en la reforma tributaria del actual gobierno. Este se aplicará a empresas que sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt, y que justamente afecta entre otras, a las centrales termoeléctricas.
Por otra parte, la gran presencia térmica que todavía posee la matriz energética-eléctrica del país, en nada contribuye a la concientización ambiental que por años los gobiernos han venido pregonando, más si consideramos el contexto del calentamiento global y cambio climático. Chile con urgencia debe abandonar el selecto ranking de países con mayor crecimiento per-cápita de emisión de CO2, lo que incide directamente en los niveles de contaminación local y salud de la población.
Considerando todos estos elementos es de esperar que prontamente se pueda profundizar en la débil regulación existente, así como propiciar el surgimiento de la normativa que el país aún adolece respecto a la termoelectricidad, con el fin de desincentivar la utilización de este tipo de centrales, reconocer el valor real de las externalidades negativas que conllevan (daños a la salud y medio ambiente), y finalmente fortalecer aún más la entrada de energías limpias a nuestra matriz energética.
