El polémico decreto había sido aprobado el pasado martes por el gobierno sin pasar por el parlamento y desde entonces entre 200.000 y 300.000 personas han salido cada día a las calles para protestar.
Tal como lo había anunciado el sábado por la noche, el Ejecutivo se reunió este domingo para derogar el texto. Sin embargo, los rumanos desconfiaban de la promesa gubernamental y por ello continuaban en la mañana del domingo manifestando.
Testimonios
“No nos lo creemos”, decía este domingo Florian, un electricista de 40 años, que reparte bretzels gratis en la place Victoriei de Bucarest donde, aseguraba, se volverán a “batir récords” de manifestantes, como los de los últimos días.
“Todavía hay mucha corrupción en el gobierno, en el senado, por todas partes. No podemos más(…) Queremos dirigentes competentes que gobiernen para el pueblo, no para ellos mismos y sus cuentas bancarias”, afirmaba Florian.
Las manifestaciones de los últimos días son históricas en este país de 20 millones de habitantes, que sin embargo ha vivido varios periodos de inestabilidad política desde la caída de la dictadura comunista en 1989.
El primer ministro, en el cargo desde hace un mes, había justificado su decisión de derogar el texto con el argumento de “no dividir Rumanía”.
Entre otras cosas, el polémico decreto establecía un mínimo de 44.000 euros para poder empezar a perseguir los delitos financieros y reducía las penas de cárcel por corrupción.
La promesa de abrogar el decreto había sido acogida el sábado por la noche con gritos de victoria por los manifestantes reunidos en Bucarest frente a la sede del gobierno, epicentro de las protestas, pero también en muchas ciudades del país, con un total de 300.000 personas en la calle, según la prensa.
El gobierno debe presentar ahora un nuevo proyecto de ley sin el límite de los de 44.000 euros (200.000 leis rumanos).
Los manifestantes temen una vuelta en la lucha contra la corrupción con respecto a los últimos años, cuando bajo presión de la Unión Europea y de varios magistrados, los tribunales han instruido centenares de casos de corrupción, un giro histórico en la justicia rumana.
El gobierno ya había sido criticado por querer proteger al jefe del partido socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, que está siendo juzgado por empleos ficticios.
Sin embargo, Dragnea, que ya cumplió dos años de cárcel condicional en otro caso, asegura que el decreto no le beneficiaba y que se trata de una campaña de desinformación.
El PSD, que había sido expulsado en 2015 por grandes manifestaciones contra la corrupción, volvió sin embargo a ganar por mayoría las elecciones el pasado diciembre con promeses de aumentar las prestaciones sociales.