Mejorar las condiciones de seguridad, una mayor dotación de personal, (actualmente hay cerca de 30 gendarmes para 2 mil 500 internos) y mejorar la infraestructura, son parte de las demandas de los funcionarios de Gendarmería del penal Colina II, quienes se movilizaron luego de que se agudizara la tensión entre los internos y los funcionarios a raíz de un cambio en la administración del recinto penal.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile, Pablo Jaque, se refirió a las condiciones en las que se desempeñan los funcionarios de la institución, cuyo caso más dramático es el penal de Colina II.

En ese sentido, el dirigente aseguró que existe un abandono por parte del Estado hacia los funcionarios de Gendarmería, en donde se ha hecho históricamente “oídos sordos” a sus demandas, que dicen relación con la existencia de una carrera funcionaria, mejor infraestructura y mayores elementos de seguridad y tecnología.

“La situación que se ve en Colina II es el reflejo de lo que se vive en otras unidades del país. Nosotros hemos venido denunciando sistemáticamente el abandono que hay por parte del Estado respecto del sistema penitenciario en Chile. Cuando se habla de Gendarmería se hace oídos sordos hasta que se crean este tipo de crisis al interior de las unidades penales donde se pone en riesgo la vida de los funcionarios y de los propios internos. Parece que ni eso le importa a las autoridades políticas de este país para atacar los temas de fondo”, dijo.

Para la experta en derecho penal y directora de la ONG Leasur, Alicia Alonso, no ha existido una preocupación por parte de las autoridades sobre este tema ya que “los presos no votan”, por lo que son una población de segunda clase que no da créditos políticos.

Asimismo, recordó que los dos países más desiguales de América del sur, Brasil y Chile, “curiosamente son campeones en las tasas de población presa por habitante”, lo que tienes estrecha relación con sistema económico y la desigualdad existente en ambas naciones.

Además, sostuvo que la solución a la severa crisis penitenciaria por la que atraviesa nuestro país no pasa por construir más cárceles. Prueba de ello, es que en los recintos concesionados el hacinamiento, los problemas sanitarios y de violencia son los mismos.

“Chile es uno de los países más seguros de América Latina, pero tiene una de las mayores poblaciones presas por habitante, entonces no es que la cárcel resuelva el tema de la delincuencia, de hecho la delincuencia en los últimos años se ha mantenido, pero en cambio la población en las cárceles se ha multiplicado, en el caso de las mujeres desde el año 2005 se ha duplicado”, explicó.

Por otra parte, la semana pasada un grupo de reos interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones por torturas y violencia innecesaria en contra del alcaide de Colina II, Juan Carlos Rojas.

Quien representa a estos reclusos, el abogado Fernando Insunza, descartó la existencia de motines durante la semana pasada, asegurando que los reos respondieron frente a la serie de abusos y vejámenes en su contra. En ese sentido, el jurista expresó que debiera existir un mayor control por parte del Estado hacia las labores que realiza Gendarmería.

“Debería haber no solamente un mayor control, sino que también una mayor inyección de recursos a la misma institución para que pueda desarrollar mucho más el aspecto de las áreas técnicas”, apuntó.

Para el abogado, los gendarmes “tienen toda la razón” respecto de sus demandas, tomando en cuenta sus condiciones laborales que generan una situación de tensión que se va acumulando.

Cabe señalar que Colina II, es una de las cárceles más peligrosas de Latinoamérica. Un informe de la Corte de Apelaciones emitido en febrero de 2016 calificó como “inhumana” la situación en dicho recinto y recomendó mantener los programas de reinserción de los reclusos. Sin embargo, a partir de un cambio en la administración del penal, estos programas fueron eliminados, lo que habría agudizado la crisis al interior de esa unidad penal.