La Ley Indígena es uno de los primeros cuerpos legislativos que protege y reconoce jurídicamente a los pueblos originarios en Chile. A través de sus indicaciones el documento asume la existencia de diversidad cultural y étnica, a la vez que faculta al Estado para entregar recursos a las comunidades a lo largo del país.
Asimismo, la normativa advierte que uno de los elementos primordiales para el desarrollo de los pueblos originarios es el territorio: “El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”, dice el texto.
Sin embargo, hoy la legislación ha sido duramente cuestionada por las comunidades mapuches que no ven en la Ley una protección jurídica.
Según el werkén Jorge Huenchullán, la Ley Indígena posee distintas carencias. “En primer lugar, no se reconoce al pueblo mapuche como un pueblo-nación con derechos al territorio. A los mapuches sólo se les reconocen por el lado folclórico de la cultura. Aquí no hay posibilidades con el Estado, porque estamos entrampados a través de esta Ley”, señaló.
Asimismo, comentó que “esta legislación se debe cambiar para estar a la altura de un pueblo con derechos”.
El miércoles pasado se reunieron en Junín de los Andes – Bariloche-, más de 50 dirigentes de los gremios productivos de Chile y la patagonia trasandina, quienes propusieron seguir el modelo argentino de Ley Indígena.
En este sentido, Juan Hollstein, director de la agrupación, indicó que debe realizarse de manera urgente un catastro de la superficie requerida por las comunidades mapuches, para así terminar con el llamado conflicto en La Araucanía.
Frente a ello, el senador Eugenio Tuma sostuvo que “es una sensata medida el que el Estado y la sociedad conozcan en su cuantía lo que se debe restituir en materia de terrenos a los pueblos originarios”.
“La Conadi todavía no tiene claro cuánto es la tierra que se reclama por parte de las comunidades. Lo que me parece prudente es fijar un plazo para que las comunidades se acojan, pero para ello tendríamos que hacer una consulta a los pueblos originarios de acuerdo al Convenio 169 de la OIT”, afirmó.
Al mismo tiempo, el parlamentario dijo que la Ley Indígena “no ha sido modificada desde su publicación en 1993 y naturalmente requiere ser acondicionada a las demandas de los pueblos originarios”.
“Por ejemplo, está lo de la prohibición de la subdivisión de tierras. De tal modo que hay que modificar la ley en algunos aspectos, manteniendo la prohibición de ventas de tierras indígenas y fortaleciendo su protección”, concluyó.
La Ley Indígena es uno de los primeros cuerpos legislativos que protege y reconoce jurídicamente a los pueblos originarios en Chile. A través de sus indicaciones el documento asume la existencia de diversidad cultural y étnica, a la vez que faculta al Estado para entregar recursos a las comunidades a lo largo del país.
Asimismo, la normativa advierte que uno de los elementos primordiales para el desarrollo de los pueblos originarios es el territorio: “El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”, dice el texto.
Sin embargo, hoy la legislación ha sido duramente cuestionada por las comunidades mapuches que no ven en la Ley una protección jurídica.
Según el werkén Jorge Huenchullán, la Ley Indígena posee distintas carencias. “En primer lugar, no se reconoce al pueblo mapuche como un pueblo-nación con derechos al territorio. A los mapuches sólo se les reconocen por el lado folclórico de la cultura. Aquí no hay posibilidades con el Estado, porque estamos entrampados a través de esta Ley”, señaló.
Asimismo, comentó que “esta legislación se debe cambiar para estar a la altura de un pueblo con derechos”.
El miércoles pasado se reunieron en Junín de los Andes – Bariloche-, más de 50 dirigentes de los gremios productivos de Chile y la patagonia trasandina, quienes propusieron seguir el modelo argentino de Ley Indígena.
En este sentido, Juan Hollstein, director de la agrupación, indicó que debe realizarse de manera urgente un catastro de la superficie requerida por las comunidades mapuches, para así terminar con el llamado conflicto en La Araucanía.
Frente a ello, el senador Eugenio Tuma sostuvo que “es una sensata medida el que el Estado y la sociedad conozcan en su cuantía lo que se debe restituir en materia de terrenos a los pueblos originarios”.
“La Conadi todavía no tiene claro cuánto es la tierra que se reclama por parte de las comunidades. Lo que me parece prudente es fijar un plazo para que las comunidades se acojan, pero para ello tendríamos que hacer una consulta a los pueblos originarios de acuerdo al Convenio 169 de la OIT”, afirmó.
Al mismo tiempo, el parlamentario dijo que la Ley Indígena “no ha sido modificada desde su publicación en 1993 y naturalmente requiere ser acondicionada a las demandas de los pueblos originarios”.
“Por ejemplo, está lo de la prohibición de la subdivisión de tierras. De tal modo que hay que modificar la ley en algunos aspectos, manteniendo la prohibición de ventas de tierras indígenas y fortaleciendo su protección”, concluyó.
La Ley Indígena es uno de los primeros cuerpos legislativos que protege y reconoce jurídicamente a los pueblos originarios en Chile. A través de sus indicaciones el documento asume la existencia de diversidad cultural y étnica, a la vez que faculta al Estado para entregar recursos a las comunidades a lo largo del país.
Asimismo, la normativa advierte que uno de los elementos primordiales para el desarrollo de los pueblos originarios es el territorio: “El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”, dice el texto.
Sin embargo, hoy la legislación ha sido duramente cuestionada por las comunidades mapuches que no ven en la Ley una protección jurídica.
Según el werkén Jorge Huenchullán, la Ley Indígena posee distintas carencias. “En primer lugar, no se reconoce al pueblo mapuche como un pueblo-nación con derechos al territorio. A los mapuches sólo se les reconocen por el lado folclórico de la cultura. Aquí no hay posibilidades con el Estado, porque estamos entrampados a través de esta Ley”, señaló.
Asimismo, comentó que “esta legislación se debe cambiar para estar a la altura de un pueblo con derechos”.
El miércoles pasado se reunieron en Junín de los Andes – Bariloche-, más de 50 dirigentes de los gremios productivos de Chile y la patagonia trasandina, quienes propusieron seguir el modelo argentino de Ley Indígena.
En este sentido, Juan Hollstein, director de la agrupación, indicó que debe realizarse de manera urgente un catastro de la superficie requerida por las comunidades mapuches, para así terminar con el llamado conflicto en La Araucanía.
Frente a ello, el senador Eugenio Tuma sostuvo que “es una sensata medida el que el Estado y la sociedad conozcan en su cuantía lo que se debe restituir en materia de terrenos a los pueblos originarios”.
“La Conadi todavía no tiene claro cuánto es la tierra que se reclama por parte de las comunidades. Lo que me parece prudente es fijar un plazo para que las comunidades se acojan, pero para ello tendríamos que hacer una consulta a los pueblos originarios de acuerdo al Convenio 169 de la OIT”, afirmó.
Al mismo tiempo, el parlamentario dijo que la Ley Indígena “no ha sido modificada desde su publicación en 1993 y naturalmente requiere ser acondicionada a las demandas de los pueblos originarios”.
“Por ejemplo, está lo de la prohibición de la subdivisión de tierras. De tal modo que hay que modificar la ley en algunos aspectos, manteniendo la prohibición de ventas de tierras indígenas y fortaleciendo su protección”, concluyó.
