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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Carta pública de abogados del CDE por nombramiento de Javiera Blanco

Siguen las críticas al nombramiento de Javiera Blanco. Ahora, la Asociación de Abogados del CDE asegura que se debió privilegiar la trayectoria que algunos juristas han desarrollado al interior de la institución.

Diario Uchile

  Viernes 10 de febrero 2017 13:34 hrs. 
Javiera Blanco2

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A través de una carta, la Asociación Nacional de Abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) criticó el nombramiento de la ex ministra Javiera Blanco como consejera de la institución.

Los abogados reclaman que producto del nombramiento, el CDE ha quedado expuesto a una serie de cuestionamientos políticos y ciudadanos que denostan su nombre.

“Vemos con preocupación, dolor e impotencia como se ha denostado el nombre del Consejo de Defensa del Estado en algunos medios de comunicación y redes sociales, en el marco del debate antes señalado”.

Así critican que no se haya considerado la carrera funcionaria para llenar la vacante en el consejo, asegurando que en las designaciones se debe considerar el conocimiento, la experiencia en Tribunales de Justicia y privilegiar la carrera funcionaria.

“En el Consejo de Defensa del Estado existen abogados con una vasta experiencia profesional, excelentes litigantes y con una vida entregada al servicio, los que cumplen con creces los requisitos legales y cuentan con las competencias para asumir y ejercer adecuadamente el cargo de Abogado Consejero.

Nos asiste el convencimiento de que lo antes propuesto en modo alguno afecta a la facultad exclusiva que la ley confiere al Presidente de la República y contribuiría a mantener en alto el buen nombre del Consejo de Defensa del Estado, como una institución eminentemente técnica, y de quienes en él nos desempeñamos”.

La carta se suma a la serie de críticas que recibió Michelle Bachelet por la decisión de poner a Javiera Blanco en el cargo, pese a haber salido mal evaluada del gabinete, más cuando el puesto en el CDE es vitalicio y con una renta mensual que bordea los ocho millones de pesos sin que se requiera dedicación exclusiva para el cargo.

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