Dos recientes órdenes ejecutivas que han tenido bajo perfil para los medios nacionales, pero cuyos efectos podrían ser tanto o más letales que las referidas a la inmigración, acaban de ser firmadas por el Presidente de EE.UU., Donal Trump, a inicios de este mes.

La primera pide que se revise la ley conocida como Dodd Frank (Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor), que se implementó en 2010 en EE.UU. con el propósito de evitar otra gran crisis, pero que muchos bancos la consideran excesivamente burocrática y que Trump hizo de su derogación una de las promesas de su campaña. La otra, revoca una normativa del Departamento de Trabajo que exige a los asesores financieros que prueben que están actuando en interés de sus clientes.

Las órdenes suscritas, empero, solo sientan un marco para revisar la ley, dado que gran parte de ella no puede reformarse sin contar con el aval del Congreso. En la ocasión, el mandatario dijo que esperaba “eliminar mucho de la (ley) Dodd Frank, porque sinceramente hay tanta gente, amigos míos, que tienen bonitos negocios y que no pueden tomar prestado dinero”, dijo en una reunión con empresarios.

La noticia cayó como un peñasco en gobiernos de naciones desarrolladas, entre ellos, el de Alemania, donde el ministerio de Finanzas declaró que “el encargo de revisar toda la regulación del mercado financiero implica el comienzo de una agenda potencialmente amplia de desregulación”, al tiempo que expresó su “preocupación” por medidas que si bien buscan mejorar la competitividad de la industria financiera norteamericana, podría significar dar pasos atrás en las exigencias regulatorias que han impedido la repetición de una crisis como la de 2008.

Berlín aclaró que la revisión nacional de la eficiencia de las reglas no es negativa por sí misma, recordando que también el seno del Grupo de los Veinte países industrializados y emergentes (G20) se analizan modificaciones que podrían ser beneficiosas, por ejemplo, para bancos de menor envergadura. Sin embargo, para los grandes institutos financieros globalizados se espera que se mantengan las reglas estrictas ya acordadas a nivel internacional.

En efecto, en tiempos de políticas monetarias expansivas como en las que están embarcados varios de los principales bancos centrales del mundo, reducir las actuales exigencias a la banca global resultaría peligroso. La ley Dodd Frank está destinada a evitar nuevas quiebras como las de Lehman Brothers y los consecuentes rescates por parte del Estado, por lo que, recortar la amplísima legislación desplegada por la administración Obama para controlar los excesos de la actividad bancaria que originaron la crisis de 2008 podría significar poner dinamita en la base del sistema, dado que muchas de sus normas están encaminadas a proteger a los pequeños inversores de los abusos de la gran banca.

La legislación tiene 24.000 páginas que desarrollan unas 400 medidas diferentes, de las cuales todavía el 30% está sin implementar. Desde su aprobación, en 2010, tiene en contra a Wall Street, economistas y políticos identificados con el ultraliberalismo. El propio Trump tiene un equipo económico con extensa representación de ex empleados de Goldman Sachs, el poderoso banco de inversión estadounidense. Así, tras casi ocho años alejados del poder, parecía cuestión de tiempo que, llegados a los puestos clave de la política económica, éstos abordaran la reforma de un sistema con el que nunca han estado de acuerdo y que han visto como un corsé para sus negocios.

Aunque al momento de la firma de las órdenes ejecutivas, Trump no dio detalles sobre cómo abordaría el desmantelamiento de la Dodd Frank, existe una previsible la hoja de ruta, escrita desde antes de su conquista de la Casa Blanca, liderada por el actual presidente de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara, el republicano Jeb Hensarling, en la que culpa a la reglamentación de 2010 de “farragosa, compleja y excesivamente burocrática” y apunta a su reforma urgente.

El documento, empero, muestra su disconformidad con los rescates realizados por el Estado norteamericano y el costo para los contribuyentes. Este es una de los pocos aspectos en la que coinciden las demandas del sector financiero con las de los manifestantes de Ocuppy Wall Street. Así, para evitar que los contribuyentes tengan que asumir los excesos de los bancos privados o de decisiones políticas determinadas, Hersaling propone obligar a que cada nuevo reglamento financiero que se presente, sea sometido a una prueba de costos y beneficios, antes de su implantación.

La Oficina Financiera del Consumidor (CFPB), creada por la Ley Dodd Frank, ha sido otra de las normativas incómodas para la banca en los últimos años. Encargada de supervisar la relación entre bancos y clientes, la oficina ha denunciado y multado drásticamente aquellas prácticas poco éticas con los clientes, entre ellos, al Banco Santander, sancionado con US$ 10 millones por engañar a clientes y suscribirlos a un servicio de cobertura de descubiertos que no habían solicitado; o el Wall Street Wells Fargo, multado con US$ 185 millones por abrir hasta 2.000 cuentas falsas a nombre de sus clientes.

También está la Regla Volcker, que prohíbe que una misma entidad pueda hacer comercio con activos de clientes y al mismo tiempo con los suyos. Obama apostó por esta medida -copiada de las implantadas tras la crisis de 1929- para obligar a que los gestores de carteras invirtieran pensando en el beneficio de sus clientes y no en el suyo propio. La Regla Volcker impide que los bancos inviertan en operaciones de riesgo con su propio dinero, una práctica habitual en los años de la burbuja financiera y causa de muchos de los excesos cometidos. Sin esta regla, el camino quedaría despejado para que se repitan casos como el protagonizado por el banquero John Paulson, que incitaba a los bancos a crear productos estructurados con hipotecas suprime, al tiempo que él apostaba por la caída de su valor en los mercados.

Como consecuencia de la Ley Dodd Frank, a partir de 2013, también se incrementó la regulación sobre los brokers intermediarios de operaciones fuera de mercado (OTC), de cuya supervisión se encarga la Commodity Futures Trading Comission (CTFC). Entre los nuevos requisitos que impuso la norma a este sector está la obligación de liquidar las operaciones a través de una cámara de compensación, exigencias de colaterales como garantía en las operaciones y la necesidad de designar un director de cumplimiento para supervisar el respeto de la legislación en cada entidad. Si Trump atiende a las demandas de los grandes bancos es posible que también se liberalicen estas restricciones.

Así y todo, uno de los puntos más complejos de la Dodd Frank para las grandes entidades financieras fue la creación del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera (Financial Oversight Stability Board, FSB), organismo encargado de supervisar el sistema. Entre sus atribuciones está la de identificar a los famosos “Too big to fail” (“demasiado grandes para caer”), es decir, entidades financieras que, por su volumen, podrían poner en peligro al conjunto del sistema financiero estadounidense, en caso de que se volviera a repetir una crisis como la de 2008.

Desde 2010, el FSB ha identificado a entidades con un volumen de negocio superior a los US$ 50 mil millones como de “riesgo sistémico” (Systemically importan financial institutions o Sifis), por lo que la legislación las obliga a incrementar su capital, como colchón ante futuras crisis y las ha sometido a pruebas anuales de estrés, para controlar el comportamiento de sus finanzas en casos extremos. También se les pide una suerte de testamento en el que deben detallar con exactitud el proceso de desmantelamiento del banco, en caso de problemas.

La intención del equipo de Trump es que el FSB no pueda identificar como Sifis a ninguna institución, mientras que informe de Hensarling, a cambio, incluía un incremento de 10% en la ratio de apalancamiento permitido, un requerimiento que no gusta en Wall Street. Ciertos liberales estadounidenses tampoco veían con buenos ojos que estos grandes bancos estuvieran en la órbita de control de la Reserva Federal y que ésta esté habilitada para rescatarlos con dinero público. Si Trump consigue imponer sus criterios, las grandes entidades financieras podrán volver a tomar más riesgos en sus inversiones, aunque deberán tener en cuenta que, en caso de problemas, el Estado no tiene intención de salir a su rescate.

Pero todas estas desregulaciones solo serán posibles si el equipo de Trump es capaz de conseguir su aprobación por el Senado estadounidense, para lo cual necesita 60 votos, y cuenta con la certeza de los 52 representantes republicanos con que cuenta en la cámara.

La decisión de Trump no debería sorprender. Criticó en diversas ocasiones las restricciones de la banca y, en los hechos, días después de firmar las ordenes, hablando ante ejecutivos de aerolíneas en la Casa Blanca, dijo que esta semana o la próxima haría importantes anuncios relativos a la renovación de la “obsoleta” infraestructura del transporte y la prometida rebaja de 35% a 15% de impuestos a las empresas. El mero adelanto provocó una subida del dólar y de los tres principales índices de Wall Street.

Es decir, si alguien pensó que Trump transferiría “el poder de Washington al pueblo”, como dijo en su investidura, ya debería estar desilusionado, porque los hechos muestran que los tradicionales lobbys capitalinos siguen siendo relevantes, desde las petroleras a las constructoras y el sector sanitario. Ahora es, pues, el turno de las grandes firmas financieras. Todo esto, no obstante que, a lo largo de su campaña, prometió no gobernar en favor de Wall Street.

El futuro del sistema financiero queda, pues, pendiente de sus cualidades negociadoras y las de su equipo de ex Goldman ante el Congreso de EE.UU. Si el mandatario consigue liberalizar la Dodd Frank será difícil que el resto del mundo pueda seguir aplicando las restricciones que ahora se dictan desde Basilea o Frankfurt, lo que, también, de una u otra forma, incidirá en nuestro propio mercado financiero, en un mundo que se desglobaliza, las identidades nacionales adquieren más peso cultural y la ciudadanía busca liderazgos que empaticen a sus expectativas, todos factores que podrían ser caldo de cultivo para el retorno de los “Too big to fail” y el loco apalancamiento de “la década de oro”.