Un grupo de habitantes y dirigentes del comité de defensa de Caimanes presentaron una querella en tribunales contra los abogados Ramón Ossa Infante, Sandra Dagnino Urrutia y Roberto Arroyo Correa, quienes fueron acusados de haber traicionado los intereses de la comunidad.
La organización culpa a los profesionales de recibir millonarios pagos por parte de ejecutivos de Minera Los Pelambres, lo que permitió la revocación del fallo que obligaba a la compañía a demoler el tranque de relaves El Mauro, construcción que según los representantes, trajo como consecuencia la contaminación de las aguas del valle del Pupío.
El abogado del comité de defensa de Caimanes, Esteban Vilches, precisó que la acción legal pretende clarificar el rol que jugaron los representantes de la compañía minera en esta acusación por delito de prevaricación.
“Estos abogados perjudicaron gravemente a sus clientes, situación especialmente delicada porque se llegó a un avenimiento y a un desistimiento de recursos, existiendo también dentro de ese acuerdo, el compromiso que se habría cumplido de parte de Minera Los Pelambles de pagarles a estos abogados más de mil millones de pesos. La situación es delicada, porque el dinero viene de la contraparte”, detalló.
Al respecto, el vocero del comité de defensa de Caimanes, Cristián Flores, indicó que próximamente solicitarán a la justicia la nulidad del acuerdo que dejó sin efecto la demolición del tranque El Mauro.
El dirigente precisó que según este acuerdo, impulsado por los abogados acusados de prevaricación, perjudicó a las comunidades de la provincia de Los Vilos, quienes sólo buscan acceso al agua libre de contaminación.
“Buscamos que la justicia ratifique que este fue un acuerdo que no representa los intereses de los querellantes de la comunidad de Caimanes y queremos pedir la nulidad de este avenimiento. Que lo hayan definido por un tema de plata, con actores que no son los querellantes, nos parece bastante grave”, subrayó.
Asimismo, el abogado del comité de defensa de Caimanes, Esteban Vilches, no descartó que el propio empresario Andrónico Luksic, dueño de Minera Los Pelambres, llegue a declarar en calidad de testigo, ante los eventuales pagos efectuados en beneficio de los ex representantes de los habitantes la localidad.
Un grupo de habitantes y dirigentes del comité de defensa de Caimanes presentaron una querella en tribunales contra los abogados Ramón Ossa Infante, Sandra Dagnino Urrutia y Roberto Arroyo Correa, quienes fueron acusados de haber traicionado los intereses de la comunidad.
La organización culpa a los profesionales de recibir millonarios pagos por parte de ejecutivos de Minera Los Pelambres, lo que permitió la revocación del fallo que obligaba a la compañía a demoler el tranque de relaves El Mauro, construcción que según los representantes, trajo como consecuencia la contaminación de las aguas del valle del Pupío.
El abogado del comité de defensa de Caimanes, Esteban Vilches, precisó que la acción legal pretende clarificar el rol que jugaron los representantes de la compañía minera en esta acusación por delito de prevaricación.
“Estos abogados perjudicaron gravemente a sus clientes, situación especialmente delicada porque se llegó a un avenimiento y a un desistimiento de recursos, existiendo también dentro de ese acuerdo, el compromiso que se habría cumplido de parte de Minera Los Pelambles de pagarles a estos abogados más de mil millones de pesos. La situación es delicada, porque el dinero viene de la contraparte”, detalló.
Al respecto, el vocero del comité de defensa de Caimanes, Cristián Flores, indicó que próximamente solicitarán a la justicia la nulidad del acuerdo que dejó sin efecto la demolición del tranque El Mauro.
El dirigente precisó que según este acuerdo, impulsado por los abogados acusados de prevaricación, perjudicó a las comunidades de la provincia de Los Vilos, quienes sólo buscan acceso al agua libre de contaminación.
“Buscamos que la justicia ratifique que este fue un acuerdo que no representa los intereses de los querellantes de la comunidad de Caimanes y queremos pedir la nulidad de este avenimiento. Que lo hayan definido por un tema de plata, con actores que no son los querellantes, nos parece bastante grave”, subrayó.
Asimismo, el abogado del comité de defensa de Caimanes, Esteban Vilches, no descartó que el propio empresario Andrónico Luksic, dueño de Minera Los Pelambres, llegue a declarar en calidad de testigo, ante los eventuales pagos efectuados en beneficio de los ex representantes de los habitantes la localidad.
Un grupo de habitantes y dirigentes del comité de defensa de Caimanes presentaron una querella en tribunales contra los abogados Ramón Ossa Infante, Sandra Dagnino Urrutia y Roberto Arroyo Correa, quienes fueron acusados de haber traicionado los intereses de la comunidad.
La organización culpa a los profesionales de recibir millonarios pagos por parte de ejecutivos de Minera Los Pelambres, lo que permitió la revocación del fallo que obligaba a la compañía a demoler el tranque de relaves El Mauro, construcción que según los representantes, trajo como consecuencia la contaminación de las aguas del valle del Pupío.
El abogado del comité de defensa de Caimanes, Esteban Vilches, precisó que la acción legal pretende clarificar el rol que jugaron los representantes de la compañía minera en esta acusación por delito de prevaricación.
“Estos abogados perjudicaron gravemente a sus clientes, situación especialmente delicada porque se llegó a un avenimiento y a un desistimiento de recursos, existiendo también dentro de ese acuerdo, el compromiso que se habría cumplido de parte de Minera Los Pelambles de pagarles a estos abogados más de mil millones de pesos. La situación es delicada, porque el dinero viene de la contraparte”, detalló.
Al respecto, el vocero del comité de defensa de Caimanes, Cristián Flores, indicó que próximamente solicitarán a la justicia la nulidad del acuerdo que dejó sin efecto la demolición del tranque El Mauro.
El dirigente precisó que según este acuerdo, impulsado por los abogados acusados de prevaricación, perjudicó a las comunidades de la provincia de Los Vilos, quienes sólo buscan acceso al agua libre de contaminación.
“Buscamos que la justicia ratifique que este fue un acuerdo que no representa los intereses de los querellantes de la comunidad de Caimanes y queremos pedir la nulidad de este avenimiento. Que lo hayan definido por un tema de plata, con actores que no son los querellantes, nos parece bastante grave”, subrayó.
Asimismo, el abogado del comité de defensa de Caimanes, Esteban Vilches, no descartó que el propio empresario Andrónico Luksic, dueño de Minera Los Pelambres, llegue a declarar en calidad de testigo, ante los eventuales pagos efectuados en beneficio de los ex representantes de los habitantes la localidad.
