Trabajadores del Sename: división del Servicio no resolverá vulneraciones de derechos
La división del Servicio Nacional de Menores proyectada por el Ministerio de Justicia, según los trabajadores e instituciones didicadas a la infancia, debería pensarse sobre la base de la construcción de políticas públicas que traten la atención de menores de forma multidimensional.
Lunes 27 de febrero 2017 23:51 hrs.
El Ministerio de Justicia fijó entre sus prioridades de este año iniciar en marzo el debate acerca del proyecto de ley que dividirá el Servicio Nacional de Menores en dos: un área destinada a niños, niñas y jóvenes infractores de ley y otra, para los que requieren de protección del Estado.
No obstante, trabajadores del Sename advierten que dicha reformulación de la institución no resolverá los graves problemas que hoy se evidencian, puesto que a su juicio, se requiere solucionar asuntos previamente, como la participación del Ministerio de Salud en el cuidado de los menores y lo que sucederá con aquellos que no están privados de libertad por ser menores de 14 años, pero que cometen delitos.
“Nosotros creemos que no se ha puesto el mismo énfasis en resolver la Ley de Protección de Garantías de Derechos que todavía está en el Parlamento y que no ha abordado materias que son claves. Por ejemplo, la desjudicialización de la internación y del trato de los menores en protección, este es un tema fundamental para decidir lo que hará este nuevo servicio”, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores, Walter Arancibia,
La directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas y vocera del bloque por la infancia, Francis Valverde, coincidió en que la división del Sename tendrá un costo mayor por la instalación de nuevos servicios y advirtió que el cambio no asegurará que no se cometan vulneraciones de derechos.
En ese sentido, apuntó a que se focalicen los esfuerzos en políticas de infancia que permitan al Estado generar recomprensiones sobre temáticas como la diversidad cultural.
Respecto a la relación entre el servicio y los pueblos originarios, la necesidad de una visión intercultural y la comprensión de la cosmovisión indígena se hace una necesidad para mejorar las condiciones de trato con los niños que se atienden en Sename, por lo mismo Valverde dice que “existe el Convenio 169 que establece la forma en que hay que vincularse con los pueblos originarios y por lo tanto, cualquier organización del Estado que se vincule con estos niños debe reconocer y respetar los derechos ahí reconocidos. Esto implica entre otras cosas, la consulta de los pueblos originarios con respecto a los temas que afectan su forma de vida”.
En tanto, en centros del Sename, actualmente continúan dándose episodios de descontrol y falta de capacitación de funcionarios. Los trabajadores del organismo están evaluando realizar una próxima movilización para protestar por sus condiciones laborales y la incapacidad de reacción ante las agresiones que dicen recibir de los internos.
El Ministerio de Justicia fijó entre sus prioridades de este año iniciar en marzo el debate acerca del proyecto de ley que dividirá el Servicio Nacional de Menores en dos: un área destinada a niños, niñas y jóvenes infractores de ley y otra, para los que requieren de protección del Estado.
No obstante, trabajadores del Sename advierten que dicha reformulación de la institución no resolverá los graves problemas que hoy se evidencian, puesto que a su juicio, se requiere solucionar asuntos previamente, como la participación del Ministerio de Salud en el cuidado de los menores y lo que sucederá con aquellos que no están privados de libertad por ser menores de 14 años, pero que cometen delitos.
“Nosotros creemos que no se ha puesto el mismo énfasis en resolver la Ley de Protección de Garantías de Derechos que todavía está en el Parlamento y que no ha abordado materias que son claves. Por ejemplo, la desjudicialización de la internación y del trato de los menores en protección, este es un tema fundamental para decidir lo que hará este nuevo servicio”, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores, Walter Arancibia,
La directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas y vocera del bloque por la infancia, Francis Valverde, coincidió en que la división del Sename tendrá un costo mayor por la instalación de nuevos servicios y advirtió que el cambio no asegurará que no se cometan vulneraciones de derechos.
En ese sentido, apuntó a que se focalicen los esfuerzos en políticas de infancia que permitan al Estado generar recomprensiones sobre temáticas como la diversidad cultural.
Respecto a la relación entre el servicio y los pueblos originarios, la necesidad de una visión intercultural y la comprensión de la cosmovisión indígena se hace una necesidad para mejorar las condiciones de trato con los niños que se atienden en Sename, por lo mismo Valverde dice que “existe el Convenio 169 que establece la forma en que hay que vincularse con los pueblos originarios y por lo tanto, cualquier organización del Estado que se vincule con estos niños debe reconocer y respetar los derechos ahí reconocidos. Esto implica entre otras cosas, la consulta de los pueblos originarios con respecto a los temas que afectan su forma de vida”.
En tanto, en centros del Sename, actualmente continúan dándose episodios de descontrol y falta de capacitación de funcionarios. Los trabajadores del organismo están evaluando realizar una próxima movilización para protestar por sus condiciones laborales y la incapacidad de reacción ante las agresiones que dicen recibir de los internos.
El Ministerio de Justicia fijó entre sus prioridades de este año iniciar en marzo el debate acerca del proyecto de ley que dividirá el Servicio Nacional de Menores en dos: un área destinada a niños, niñas y jóvenes infractores de ley y otra, para los que requieren de protección del Estado.
No obstante, trabajadores del Sename advierten que dicha reformulación de la institución no resolverá los graves problemas que hoy se evidencian, puesto que a su juicio, se requiere solucionar asuntos previamente, como la participación del Ministerio de Salud en el cuidado de los menores y lo que sucederá con aquellos que no están privados de libertad por ser menores de 14 años, pero que cometen delitos.
“Nosotros creemos que no se ha puesto el mismo énfasis en resolver la Ley de Protección de Garantías de Derechos que todavía está en el Parlamento y que no ha abordado materias que son claves. Por ejemplo, la desjudicialización de la internación y del trato de los menores en protección, este es un tema fundamental para decidir lo que hará este nuevo servicio”, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores, Walter Arancibia,
La directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas y vocera del bloque por la infancia, Francis Valverde, coincidió en que la división del Sename tendrá un costo mayor por la instalación de nuevos servicios y advirtió que el cambio no asegurará que no se cometan vulneraciones de derechos.
En ese sentido, apuntó a que se focalicen los esfuerzos en políticas de infancia que permitan al Estado generar recomprensiones sobre temáticas como la diversidad cultural.
Respecto a la relación entre el servicio y los pueblos originarios, la necesidad de una visión intercultural y la comprensión de la cosmovisión indígena se hace una necesidad para mejorar las condiciones de trato con los niños que se atienden en Sename, por lo mismo Valverde dice que “existe el Convenio 169 que establece la forma en que hay que vincularse con los pueblos originarios y por lo tanto, cualquier organización del Estado que se vincule con estos niños debe reconocer y respetar los derechos ahí reconocidos. Esto implica entre otras cosas, la consulta de los pueblos originarios con respecto a los temas que afectan su forma de vida”.
En tanto, en centros del Sename, actualmente continúan dándose episodios de descontrol y falta de capacitación de funcionarios. Los trabajadores del organismo están evaluando realizar una próxima movilización para protestar por sus condiciones laborales y la incapacidad de reacción ante las agresiones que dicen recibir de los internos.
