Fraude en Carabineros: Parlamentarios y expertos acusan falta de fiscalización
Para este viernes la comisión de Seguridad Ciudadana citó en sesión especial al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, para conocer mayores antecedentes sobre el fraude detectado al interior de Carabineros. Desde el Observatorio del Gasto Fiscal afirmaron que se debe avanzar en un control permanente sobre estas instituciones por la magnitud del daño al Estado que, en este caso, ascendería a ocho mil millones de pesos.
Miércoles 8 de marzo 2017 19:20 hrs.
A ocho mil millones de pesos ascendería el fraude detectado al interior de Carabineros que se habría concretado entre 2010 y 2015.
Estos antecedentes serán aclarados este viernes por el general director, Bruno Villalobos, en la sesión especial citada por la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Además, en la ocasión, se solicitará precisar el sistema de control que implementa la institución para diagnosticar sus fallas y el modus operandi utilizado por los presuntos funcionarios involucrados.
Estos hechos se conocieron luego que el banco alertara a la Unidad de Análisis Financiero sobre una trasferencia de 300 millones de pesos por parte de un teniente de Carabineros. Sin embargo, hasta el momento no está claro desde que ítems del presupuesto asignado a la institución provendrían los recursos.
Este caso se suma al fraude en el Ejército, ocurrido entre 2009 y 2014, donde se evidenciaron los precarios sistemas de control implementados en las distintas reparticiones de los organismos de seguridad pública.
El denominado “Milicogate” donde se apropiaron dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre, ahora pública, ascendió a un total de cinco mil 500 millones de pesos. Por lo tanto, este nuevo caso de corrupción en Carabineros es superior términos financieros.
“Al tratarse de irregularidades que se desarrollaron de manera sistemática y no una acción puntual, llama profundamente la atención que nunca saltara una alarma”, cuestionó el diputado de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowsky, apuntando al deficiente sistema de control administrativo de Carabineros.
El parlamentario enfatizó que “si bien es número limitado de funcionarios que incurren en hechos finalmente afecta a toda la institución y por ende al patrimonio del Estado”.
Pilowsky agregó que “lo que corresponde es que la justicia actúe rápidamente con sanciones a los involucrados. También hay que considerar las sanciones al interior de las instituciones donde se aplican una serie de desincentivos para que no se vuelvan a generar, pero más allá de las sanciones administrativas es necesario garantizar que habrá una sanción penal fuerte”.
Un deficiente sistema de control financiero
Por su parte, el diputado de Amplitud Pedro Browne apuntó a la falta de atribuciones de los entes fiscalizadores externos, como el Congreso y la Contraloría:“El estamento del Estado que audita no tiene todas las herramientas para fiscalizar lo que ocurre en las Fuerzas Armadas y en Carabineros. En ese sentido, tenemos que avanzar para que hayan mayores herramientas para controlar y asegurar la transparencia y que los fondos del Estado se están utilizando de nueva manera”,.
En materia de transparencia, el director de Fundación Participa, Daniel Ibáñez, cuestionó que se mantengan sesiones reservadas en las comisiones del Congreso que tramitan materias sobre defensa y seguridad y que tendrán que revisar precisamente este nuevo fraude en Carabineros. “Hay instancias donde no se han pasado los filtros suficientes, por ejemplo, en el Congreso. En las sesiones secretas tienen acceso a una serie de documentos reservados, entonces parece que no están ejerciendo su función de fiscalización si vemos que estos casos se repiten”.
En tanto, desde el Observatorio del Gasto Fiscal afirmaron que se debe avanzar en un control permanente sobre estas instituciones por la magnitud del daño al Estado que representan. Su directora Jeannette van Wolfersdorff señaló que “se deben mejorar los controles externos y, para eso, se requiere levantar la reserva de muchos de los documentos administrativos de Carabineros que no pueden ser analizados por otros organismos independientes”.
“Tenemos que revisar cómo mejorar el control externo de estos fondos y establecer un sistema preventivo, es decir, que se anticipa a los riesgos. No se puede reaccionar cuando el fraude ya fue hecho”, recalcó.
Cabe señalar que al conocer estos antecedentes, el general director de Carabineros Bruno Villalobos dio de baja a ocho funcionarios que estarían involucrados en estas irregularidades, entre ellos un teniente.
Bajo este contexto, la Contraloría instruyó una investigación especial para determinar el alcance de las irregularidades, lo que tomó carácter de “prioridad nacional”. A través de un comunicado, el organismo señaló que “se efectuará una auditoría a la situación patrimonial de las jefaturas de las áreas de finanzas, remuneraciones y compras de todas las entidades públicas que tengan flujo financiero”.
A ocho mil millones de pesos ascendería el fraude detectado al interior de Carabineros que se habría concretado entre 2010 y 2015.
Estos antecedentes serán aclarados este viernes por el general director, Bruno Villalobos, en la sesión especial citada por la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Además, en la ocasión, se solicitará precisar el sistema de control que implementa la institución para diagnosticar sus fallas y el modus operandi utilizado por los presuntos funcionarios involucrados.
Estos hechos se conocieron luego que el banco alertara a la Unidad de Análisis Financiero sobre una trasferencia de 300 millones de pesos por parte de un teniente de Carabineros. Sin embargo, hasta el momento no está claro desde que ítems del presupuesto asignado a la institución provendrían los recursos.
Este caso se suma al fraude en el Ejército, ocurrido entre 2009 y 2014, donde se evidenciaron los precarios sistemas de control implementados en las distintas reparticiones de los organismos de seguridad pública.
El denominado “Milicogate” donde se apropiaron dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre, ahora pública, ascendió a un total de cinco mil 500 millones de pesos. Por lo tanto, este nuevo caso de corrupción en Carabineros es superior términos financieros.
“Al tratarse de irregularidades que se desarrollaron de manera sistemática y no una acción puntual, llama profundamente la atención que nunca saltara una alarma”, cuestionó el diputado de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowsky, apuntando al deficiente sistema de control administrativo de Carabineros.
El parlamentario enfatizó que “si bien es número limitado de funcionarios que incurren en hechos finalmente afecta a toda la institución y por ende al patrimonio del Estado”.
Pilowsky agregó que “lo que corresponde es que la justicia actúe rápidamente con sanciones a los involucrados. También hay que considerar las sanciones al interior de las instituciones donde se aplican una serie de desincentivos para que no se vuelvan a generar, pero más allá de las sanciones administrativas es necesario garantizar que habrá una sanción penal fuerte”.
Un deficiente sistema de control financiero
Por su parte, el diputado de Amplitud Pedro Browne apuntó a la falta de atribuciones de los entes fiscalizadores externos, como el Congreso y la Contraloría:“El estamento del Estado que audita no tiene todas las herramientas para fiscalizar lo que ocurre en las Fuerzas Armadas y en Carabineros. En ese sentido, tenemos que avanzar para que hayan mayores herramientas para controlar y asegurar la transparencia y que los fondos del Estado se están utilizando de nueva manera”,.
En materia de transparencia, el director de Fundación Participa, Daniel Ibáñez, cuestionó que se mantengan sesiones reservadas en las comisiones del Congreso que tramitan materias sobre defensa y seguridad y que tendrán que revisar precisamente este nuevo fraude en Carabineros. “Hay instancias donde no se han pasado los filtros suficientes, por ejemplo, en el Congreso. En las sesiones secretas tienen acceso a una serie de documentos reservados, entonces parece que no están ejerciendo su función de fiscalización si vemos que estos casos se repiten”.
En tanto, desde el Observatorio del Gasto Fiscal afirmaron que se debe avanzar en un control permanente sobre estas instituciones por la magnitud del daño al Estado que representan. Su directora Jeannette van Wolfersdorff señaló que “se deben mejorar los controles externos y, para eso, se requiere levantar la reserva de muchos de los documentos administrativos de Carabineros que no pueden ser analizados por otros organismos independientes”.
“Tenemos que revisar cómo mejorar el control externo de estos fondos y establecer un sistema preventivo, es decir, que se anticipa a los riesgos. No se puede reaccionar cuando el fraude ya fue hecho”, recalcó.
Cabe señalar que al conocer estos antecedentes, el general director de Carabineros Bruno Villalobos dio de baja a ocho funcionarios que estarían involucrados en estas irregularidades, entre ellos un teniente.
Bajo este contexto, la Contraloría instruyó una investigación especial para determinar el alcance de las irregularidades, lo que tomó carácter de “prioridad nacional”. A través de un comunicado, el organismo señaló que “se efectuará una auditoría a la situación patrimonial de las jefaturas de las áreas de finanzas, remuneraciones y compras de todas las entidades públicas que tengan flujo financiero”.
A ocho mil millones de pesos ascendería el fraude detectado al interior de Carabineros que se habría concretado entre 2010 y 2015.
Estos antecedentes serán aclarados este viernes por el general director, Bruno Villalobos, en la sesión especial citada por la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Además, en la ocasión, se solicitará precisar el sistema de control que implementa la institución para diagnosticar sus fallas y el modus operandi utilizado por los presuntos funcionarios involucrados.
Estos hechos se conocieron luego que el banco alertara a la Unidad de Análisis Financiero sobre una trasferencia de 300 millones de pesos por parte de un teniente de Carabineros. Sin embargo, hasta el momento no está claro desde que ítems del presupuesto asignado a la institución provendrían los recursos.
Este caso se suma al fraude en el Ejército, ocurrido entre 2009 y 2014, donde se evidenciaron los precarios sistemas de control implementados en las distintas reparticiones de los organismos de seguridad pública.
El denominado “Milicogate” donde se apropiaron dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre, ahora pública, ascendió a un total de cinco mil 500 millones de pesos. Por lo tanto, este nuevo caso de corrupción en Carabineros es superior términos financieros.
“Al tratarse de irregularidades que se desarrollaron de manera sistemática y no una acción puntual, llama profundamente la atención que nunca saltara una alarma”, cuestionó el diputado de la Democracia Cristiana, Jaime Pilowsky, apuntando al deficiente sistema de control administrativo de Carabineros.
El parlamentario enfatizó que “si bien es número limitado de funcionarios que incurren en hechos finalmente afecta a toda la institución y por ende al patrimonio del Estado”.
Pilowsky agregó que “lo que corresponde es que la justicia actúe rápidamente con sanciones a los involucrados. También hay que considerar las sanciones al interior de las instituciones donde se aplican una serie de desincentivos para que no se vuelvan a generar, pero más allá de las sanciones administrativas es necesario garantizar que habrá una sanción penal fuerte”.
Un deficiente sistema de control financiero
Por su parte, el diputado de Amplitud Pedro Browne apuntó a la falta de atribuciones de los entes fiscalizadores externos, como el Congreso y la Contraloría:“El estamento del Estado que audita no tiene todas las herramientas para fiscalizar lo que ocurre en las Fuerzas Armadas y en Carabineros. En ese sentido, tenemos que avanzar para que hayan mayores herramientas para controlar y asegurar la transparencia y que los fondos del Estado se están utilizando de nueva manera”,.
En materia de transparencia, el director de Fundación Participa, Daniel Ibáñez, cuestionó que se mantengan sesiones reservadas en las comisiones del Congreso que tramitan materias sobre defensa y seguridad y que tendrán que revisar precisamente este nuevo fraude en Carabineros. “Hay instancias donde no se han pasado los filtros suficientes, por ejemplo, en el Congreso. En las sesiones secretas tienen acceso a una serie de documentos reservados, entonces parece que no están ejerciendo su función de fiscalización si vemos que estos casos se repiten”.
En tanto, desde el Observatorio del Gasto Fiscal afirmaron que se debe avanzar en un control permanente sobre estas instituciones por la magnitud del daño al Estado que representan. Su directora Jeannette van Wolfersdorff señaló que “se deben mejorar los controles externos y, para eso, se requiere levantar la reserva de muchos de los documentos administrativos de Carabineros que no pueden ser analizados por otros organismos independientes”.
“Tenemos que revisar cómo mejorar el control externo de estos fondos y establecer un sistema preventivo, es decir, que se anticipa a los riesgos. No se puede reaccionar cuando el fraude ya fue hecho”, recalcó.
Cabe señalar que al conocer estos antecedentes, el general director de Carabineros Bruno Villalobos dio de baja a ocho funcionarios que estarían involucrados en estas irregularidades, entre ellos un teniente.
Bajo este contexto, la Contraloría instruyó una investigación especial para determinar el alcance de las irregularidades, lo que tomó carácter de “prioridad nacional”. A través de un comunicado, el organismo señaló que “se efectuará una auditoría a la situación patrimonial de las jefaturas de las áreas de finanzas, remuneraciones y compras de todas las entidades públicas que tengan flujo financiero”.
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