Luego que la Justicia declarara como “ilegal” los arrestos de los 17 ex carabineros apresados el fin de semana por el millonario fraude en la institución, el ministro del Interior, Mario Fernández, criticó la labor de la Fiscalía.
Según el Tribunal, durante el proceso se cometieron graves errores como, por ejemplo, que los oficiales no fueron notificados del motivo exacto de su arresto. A esto se sumó que el trámite legal se produjo en una ciudad diferente a donde se había concretado el delito.
Ante ello, Fernández precisó que la responsabilidad es del Ministerio Público. Además, indicó que se formularon delitos en la audiencia que no figuraban en la orden de detención: “Lo que sí es bueno que se sepa es que las ordenes de detención son evacuadas por el Ministero Público a la policía, a Carabineros en ese caso. Esas órdenes deben cumplirse según el texto que tienen las órdenes. No pueden cumplirse por delitos que no figuran en la orden (…) es responsabilidad directa del ministerio público respecto del tema discutido ayer”.
Texto refrendado por el director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien sostuvo que la institución encargada de notificar cumplió las órdenes emanadas de la Fiscalía. Sin embargo, reconoció que como no se estaba viendo el fondo y sólo era un control de detención, esperan que los responsables vayan a la cárcel “como corresponde”.
De inmediato el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, rechazó las acusaciones en contra del Ministerio Público y de su trabajo.
El persecutor subrayó que el procedimiento llevado a cabo cumplió con toda la exigencia legal, pero que la libertad de los acusados se produjo por un mal entendido: “Es una investigación de lavado de activos que se rige por un estatuto especial respecto de las órdenes de detención. Es eso lo que no fue comprendido y no entendemos cómo el Tribunal no compartió”.
El fiscal Campos explicó que pese al revés, “esto no perjudica en lo absoluto la investigación”.
El Fiscal Nacional también le respondió al jefe de Interior. Según Jorge Abbott “el ministro Fernández es un gran constitucionalista, y como decía nuestro fiscal (Campos), pareciera que en materia penal no tiene mucho conocimiento en términos de cómo son las órdenes de detención. En consecuencia, pensamos que su opinión se basa en un error respecto de una materia técnica que no tiene por qué conocer”.
El jefe del Ministerio Público también lamentó la resolución dictada por la jueza: “Pensamos que es un error, puesto que la magistrado no ha tomado en cuenta la legislación que se aplica en este tipo de investigación con ciertos tipos penales especiales como lo es el lavado de dinero que aplica en su parte procesal las normas propias de la ley 20.000, donde es posible controlar la detención en cualquier tribunal y no solamente en el tribunal donde se expidió la orden”.
Luego que la Justicia declarara como “ilegal” los arrestos de los 17 ex carabineros apresados el fin de semana por el millonario fraude en la institución, el ministro del Interior, Mario Fernández, criticó la labor de la Fiscalía.
Según el Tribunal, durante el proceso se cometieron graves errores como, por ejemplo, que los oficiales no fueron notificados del motivo exacto de su arresto. A esto se sumó que el trámite legal se produjo en una ciudad diferente a donde se había concretado el delito.
Ante ello, Fernández precisó que la responsabilidad es del Ministerio Público. Además, indicó que se formularon delitos en la audiencia que no figuraban en la orden de detención: “Lo que sí es bueno que se sepa es que las ordenes de detención son evacuadas por el Ministero Público a la policía, a Carabineros en ese caso. Esas órdenes deben cumplirse según el texto que tienen las órdenes. No pueden cumplirse por delitos que no figuran en la orden (…) es responsabilidad directa del ministerio público respecto del tema discutido ayer”.
Texto refrendado por el director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien sostuvo que la institución encargada de notificar cumplió las órdenes emanadas de la Fiscalía. Sin embargo, reconoció que como no se estaba viendo el fondo y sólo era un control de detención, esperan que los responsables vayan a la cárcel “como corresponde”.
De inmediato el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, rechazó las acusaciones en contra del Ministerio Público y de su trabajo.
El persecutor subrayó que el procedimiento llevado a cabo cumplió con toda la exigencia legal, pero que la libertad de los acusados se produjo por un mal entendido: “Es una investigación de lavado de activos que se rige por un estatuto especial respecto de las órdenes de detención. Es eso lo que no fue comprendido y no entendemos cómo el Tribunal no compartió”.
El fiscal Campos explicó que pese al revés, “esto no perjudica en lo absoluto la investigación”.
El Fiscal Nacional también le respondió al jefe de Interior. Según Jorge Abbott “el ministro Fernández es un gran constitucionalista, y como decía nuestro fiscal (Campos), pareciera que en materia penal no tiene mucho conocimiento en términos de cómo son las órdenes de detención. En consecuencia, pensamos que su opinión se basa en un error respecto de una materia técnica que no tiene por qué conocer”.
El jefe del Ministerio Público también lamentó la resolución dictada por la jueza: “Pensamos que es un error, puesto que la magistrado no ha tomado en cuenta la legislación que se aplica en este tipo de investigación con ciertos tipos penales especiales como lo es el lavado de dinero que aplica en su parte procesal las normas propias de la ley 20.000, donde es posible controlar la detención en cualquier tribunal y no solamente en el tribunal donde se expidió la orden”.
Luego que la Justicia declarara como “ilegal” los arrestos de los 17 ex carabineros apresados el fin de semana por el millonario fraude en la institución, el ministro del Interior, Mario Fernández, criticó la labor de la Fiscalía.
Según el Tribunal, durante el proceso se cometieron graves errores como, por ejemplo, que los oficiales no fueron notificados del motivo exacto de su arresto. A esto se sumó que el trámite legal se produjo en una ciudad diferente a donde se había concretado el delito.
Ante ello, Fernández precisó que la responsabilidad es del Ministerio Público. Además, indicó que se formularon delitos en la audiencia que no figuraban en la orden de detención: “Lo que sí es bueno que se sepa es que las ordenes de detención son evacuadas por el Ministero Público a la policía, a Carabineros en ese caso. Esas órdenes deben cumplirse según el texto que tienen las órdenes. No pueden cumplirse por delitos que no figuran en la orden (…) es responsabilidad directa del ministerio público respecto del tema discutido ayer”.
Texto refrendado por el director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien sostuvo que la institución encargada de notificar cumplió las órdenes emanadas de la Fiscalía. Sin embargo, reconoció que como no se estaba viendo el fondo y sólo era un control de detención, esperan que los responsables vayan a la cárcel “como corresponde”.
De inmediato el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, rechazó las acusaciones en contra del Ministerio Público y de su trabajo.
El persecutor subrayó que el procedimiento llevado a cabo cumplió con toda la exigencia legal, pero que la libertad de los acusados se produjo por un mal entendido: “Es una investigación de lavado de activos que se rige por un estatuto especial respecto de las órdenes de detención. Es eso lo que no fue comprendido y no entendemos cómo el Tribunal no compartió”.
El fiscal Campos explicó que pese al revés, “esto no perjudica en lo absoluto la investigación”.
El Fiscal Nacional también le respondió al jefe de Interior. Según Jorge Abbott “el ministro Fernández es un gran constitucionalista, y como decía nuestro fiscal (Campos), pareciera que en materia penal no tiene mucho conocimiento en términos de cómo son las órdenes de detención. En consecuencia, pensamos que su opinión se basa en un error respecto de una materia técnica que no tiene por qué conocer”.
El jefe del Ministerio Público también lamentó la resolución dictada por la jueza: “Pensamos que es un error, puesto que la magistrado no ha tomado en cuenta la legislación que se aplica en este tipo de investigación con ciertos tipos penales especiales como lo es el lavado de dinero que aplica en su parte procesal las normas propias de la ley 20.000, donde es posible controlar la detención en cualquier tribunal y no solamente en el tribunal donde se expidió la orden”.
