Este martes se desarrolló el comité de emergencia convocado por el directorio de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), en Temuco, región de La Araucanía.

El objetivo del gremio es analizar las acciones y posibles movilizaciones que iniciarían a raíz de la quema de camiones registrado el domingo pasado.

Este lunes los transportistas emplazaron al ministro del Interior, Mario Fernández, a viajar a la región y participar de este comité. El secretario de Estado comprometió su visita para este miércoles.

El presidente del gremio Sergio Pérez dijo que el estado de excepción se había aplicado mientras se registraron incendios forestales en la región y cuando se levanta ocurren estos hechos. Por lo mismo, solicitó al Gobierno que ingrese modificaciones a la Ley Antiterrorista porque “es muy laxa y los jueces están dejando a los delincuentes en libertad”.

Pérez recalcó que se encuentran en “estado de alarma” ante las decisiones que tome el Gobierno.

En tanto, los gremios productivos  entregaron una carta en la Intendencia de La Araucanía destinada a la presidenta Michelle Bachelet, pidiendo que también se declare ilegal a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Además, emplazaron al ministro a visitar la región como plazo límite este miércoles, de lo contrario se sumarían a las movilizaciones anunciadas por los camioneros.

Los hechos ocurridos el domingo pasado, entre Temuco y Lautaro, donde resultaron 19 camiones y acoplados quemados, están siendo investigados por la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía. Según informó el fiscal vocero Roberto Garrido, se calificó como un delito común porque para invocar la Ley Antiterrorista es necesario probar la afectación a la integridad física o a la salud de las personas, lo que no ocurrió en este caso. Pese a lo legal, el Intendente, Miguel Hernández, dijo que aún no estaba definido si se invocaría este cuerpo legislativo.

Según las diligencias posteriores que realizó la PDI en el lugar de los hechos, se encontró armamento de guerra y un lienzo donde se adjudicaba la autoría del atentado la CAM. Sin embargo, esta organización no ha publicado un comunicado confirmando su participación en los hechos ni tampoco se ha concluido una indagatoria de la Fiscalía.

“Más allá de un estado de excepción hay una negociación de beneficios económicos”

Ante la solicitud de los camioneros, multigremiales y parlamentarios de declarar “estado de excepción” en La Araucanía, varias organizaciones mapuche han criticado la petición.

Para el abogado y secretario Ejecutivo de la Corporación de Profesionales Mapuche (Enama) Richard Caifal, sorprende la campaña del terror que se ha venido acrecentando y que se traduce en un juicio de valor que establece responsabilidades de comuneros mapuche previo a cualquier investigación.

“Se ha hecho un mal diagnóstico y se ha aplicado una pésima solución. Es como si a un resfrío le aplicaran una quimioterapia”, expresó Caifal para referirse a una materia carente de solución política por parte del Gobierno.

“Ese juicio de valor anticipado obviamente es una estigmatización, una criminalización de la reinvindicación mapuche porque no se ha probado nada si los hechos ocurrieron recién el fin de semana. No podemos imputar responsabilidades de esta envergadura en un estado de derecho. Me parece una canallada hacia el pueblo mapuche”, sentenció.

Además, enfatizó en que decretar la plurinacionalidad en Chile, uno de los aspectos más relevantes para lograr una solución a este conflicto, fue eliminada en la última etapa de la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía. “Un documento que no tiene la legitimidad ni el sentido de transparencia muy poco puede aportar a un diálogo real que cambie los paradigmas de esta sociedad”.

A propósito de estos hechos, en entrevista con El Austral de Temuco, el ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yussef, afirmó que en Chile hay dos enemigos de preocupación interna: la acción violenta anarquista y la acción mapuche.

El historiador Sergio Caniuqueo dijo que sobre la base de este tipo de declaraciones se ha configurado un sistema que criminaliza la demanda histórica, se perfila un contexto donde no funcionaría el estado de derecho y, por lo tanto, se solicita mayor resguardo policial.

Además, enfatizó que más allá de un estado de excepción aquí también se negocian beneficios políticos y económicos para los sectores multigremiales a través de fondos públicos destinados a subvencionar y reparar este tipo de daños. “En el fondo esto funciona como una moneda de cambio”,.

Caniuqueo también se refirió al discurso recurrente de los secretarios de estado respecto de esta materia. “Los ministros han jugado con el discurso de la delincuencia, pero que también es bastante ambiguo porque hacen una ligazón con el terrorismo pero de muy bajo perfil. Ellos buscan contrariar el discurso de la multigremial ni el de los parlamentarios de derecho y ahí vemos una complicidad. Entonces, ahí entendemos que ante la imagen pública se establece un juicio a priori sobre los mapuche, es decir, independiente de quienes hayan cometido estos actos ya se piensa que fueron ellos”.