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Año XI, 17 de septiembre de 2019

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Empresarios piden querella contra la CAM por incendio de camiones

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) reconoció la autoría de la quema de camiones en Temuco. Mientras, otras organizaciones condenaron el calificativo de “enemigo interno” aplicado contra el pueblo mapuche. En tanto, desde el Instituto de Derechos Humanos señalaron que no se trata de dejar este tipo de hechos en la impunidad sino que garantizar el debido proceso judicial para que el Estado no se convierta en un ente terrorista.

Natalia Figueroa

  Miércoles 15 de marzo 2017 20:55 hrs. 
Mapuche

Si bien el ministro del Interior Mario Fernández comprometió su visita a la zona, se trasladaría el viernes a la Región, según lo informado por los camioneros. Con esto se tensionan los plazos otorgados por los gremios que advirtieron la paralización de las faenas, de no obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas que exigen declarar Estado de Excepción en La Araucanía.

Según el presidente de los transportistas, Sergio Pérez, el Gobierno no quiere dar prioridad al tema, pese a que su solicitud es modificar la Ley Antiterrorista y que el Ejevutivo se querelle contra la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) por estos hechos.

Lo anterior, considerando que la mañana de este miércoles, la organización difundió un comunicado, a través del medio el Werken, adjudicándose la autoría de la quema de camiones ocurrida el domingo pasado, en Temuco.

“Reinvindicamos la acción de sabotaje realizado el domingo por la madrugada contra la empresa Trans- Cavalieri (…) Que esta acción fue realizada por pu weichafe ORT CAM, compuesto exclusivamente por mapuche y obedeciendo a los lineamientos de nuestro proyecto político de liberación nacional. Que se enmarca en el justo proceso de lucha por el territorio y la autonomía de nuestro Pueblo Nación”, señalaron en el documento, agregando que “resultan vergonzosas las declaraciones de algunos personeros de gobierno, que como lacayos, salen en defensa de los intereses empresariales, pretendiendo invocar la Ley Antiterrorista del dictador Augusto Pinochet para establecer una nueva dictadura militar en la región, con el objeto de custodiar a usurpadores”.

Respecto a lo ocurrido, la dirigenta de Ad Mapu y ex consejera de la Conadi, Ana Llao, señaló que no se puede criminalizar a todas las comunidades a la luz de estos hechos. Además, explicó que el tema de fondo son los derechos colectivos, los derechos políticos y de territorio ancestral que el Estado y los gobiernos de turno no han sido capaces de asumir.

“El estado no puede convertirse en terrorista para perseguir delitos de esa índole”

Frente a este escenario y a propósito de los dichos del ex director de la Agencia de Inteligencia Nacional (ANI), Gonzalo Yussef, quien aseguró que las acciones anarquistas y mapuche son dos enemigos internos de preocupación nacional, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Instituto de Derechos Humanos (INDH) Branislav Marelic cuestionó estas declaraciones.

A su juicio, seguir utilizando el término “enemigo interno” evoca  la represión sufrida durante la dictadura militar, lo que implica graves consecuencias en materia de derechos humanos.

El abogado señaló que esto apunta a una doctrina de seguridad nacional que es aplicada por organismos de Estado.

Lo complejo, según indicó, es que no se trata de dejar en la impunidad en los hechos sino que garantizar un debido proceso y concluir una investigación antes de inculpar y estigmatizar a todo un sector. “En el marco de un Estado de Derecho, el ente persecutor no se puede convertir en terrorista para perseguir a otros terroristas”, enfatizó.

El director del Instituto se refirió también a las leyes de excepción que pueden invocar los Estados bajo algunos contextos específicos, asegurando que las propias autoridades deben tener claro que una vez aplicado el Estado de Excepción probablemente se dé un paso de no retorno.

Sobre los dichos de Gonzalo Yuseff, la Corporación de Profesionales Mapuche (Enama) evalúa presentar una querella por declaraciones irresponsables que incitan al odio.

En ese sentido, agregaron que es un discurso del siglo pasado que se sigue reproduciendo a través de las autoridades políticas y que perpetúan un sistema discriminatorio.