Suprema acoge recurso y ordena consulta por proyecto minero en Isla Riesco
El máximo tribunal acogió el recurso de protección presentado por organizaciones ciudadanas y ordenó la realización de una consulta ciudadana sobre el proyecto de extracción de carbón de la mina Invierno, ubicada en la Isla Riesco, Región de Magallanes.
Viernes 17 de marzo 2017 12:32 hrs.
En fallo dividido, la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que rechazó el recurso presentado en contra de dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental que no consideró el proceso de participación ciudadana en el proyecto minero.
La resolución del máximo tribunal establece la arbitrariedad en que incurrió la autoridad administrativa al no abrir un proceso de participación ciudadana en el proyecto.
El fallo sostiene que “tratándose de un proyecto sometido a una DIA, que versa sobre la forma de extracción de un mineral, es una actividad sometida al SEIA que generará, en mayor o menor medida, un beneficio o utilidad social, suficiente para cumplir con la exigencia del artículo 30 bis de la Ley N°19.300, por lo que debió darse lugar al proceso de participación ciudadana, por cuanto concurren las demás exigencias que ha establecido el legislador”.
La resolución agrega que “el proyecto de autos no debió quedar excluido del proceso de participación ciudadana y que el recurso de protección deberá ser acogido, enmendando desde luego un aspecto que afecta negativamente un procedimiento en desarrollo, el que, de no efectuarse esta corrección, se verá cuestionado en su legalidad posteriormente”.
El texto añade que “por lo anteriormente expuesto, debe otorgarse a los recurrentes la cautela requerida, en razón que, para la aprobación del proyecto, es necesario se contemple un procedimiento de participación ciudadana, que deberá ajustarse además a los términos contemplados en la Ley N°19.300”.
En fallo dividido, la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que rechazó el recurso presentado en contra de dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental que no consideró el proceso de participación ciudadana en el proyecto minero.
La resolución del máximo tribunal establece la arbitrariedad en que incurrió la autoridad administrativa al no abrir un proceso de participación ciudadana en el proyecto.
El fallo sostiene que “tratándose de un proyecto sometido a una DIA, que versa sobre la forma de extracción de un mineral, es una actividad sometida al SEIA que generará, en mayor o menor medida, un beneficio o utilidad social, suficiente para cumplir con la exigencia del artículo 30 bis de la Ley N°19.300, por lo que debió darse lugar al proceso de participación ciudadana, por cuanto concurren las demás exigencias que ha establecido el legislador”.
La resolución agrega que “el proyecto de autos no debió quedar excluido del proceso de participación ciudadana y que el recurso de protección deberá ser acogido, enmendando desde luego un aspecto que afecta negativamente un procedimiento en desarrollo, el que, de no efectuarse esta corrección, se verá cuestionado en su legalidad posteriormente”.
El texto añade que “por lo anteriormente expuesto, debe otorgarse a los recurrentes la cautela requerida, en razón que, para la aprobación del proyecto, es necesario se contemple un procedimiento de participación ciudadana, que deberá ajustarse además a los términos contemplados en la Ley N°19.300”.
En fallo dividido, la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que rechazó el recurso presentado en contra de dirección regional del Servicio de Evaluación Ambiental que no consideró el proceso de participación ciudadana en el proyecto minero.
La resolución del máximo tribunal establece la arbitrariedad en que incurrió la autoridad administrativa al no abrir un proceso de participación ciudadana en el proyecto.
El fallo sostiene que “tratándose de un proyecto sometido a una DIA, que versa sobre la forma de extracción de un mineral, es una actividad sometida al SEIA que generará, en mayor o menor medida, un beneficio o utilidad social, suficiente para cumplir con la exigencia del artículo 30 bis de la Ley N°19.300, por lo que debió darse lugar al proceso de participación ciudadana, por cuanto concurren las demás exigencias que ha establecido el legislador”.
La resolución agrega que “el proyecto de autos no debió quedar excluido del proceso de participación ciudadana y que el recurso de protección deberá ser acogido, enmendando desde luego un aspecto que afecta negativamente un procedimiento en desarrollo, el que, de no efectuarse esta corrección, se verá cuestionado en su legalidad posteriormente”.
El texto añade que “por lo anteriormente expuesto, debe otorgarse a los recurrentes la cautela requerida, en razón que, para la aprobación del proyecto, es necesario se contemple un procedimiento de participación ciudadana, que deberá ajustarse además a los términos contemplados en la Ley N°19.300”.
