La Ley de Fomento al Reciclaje promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet en mayo de 2016, que será implementada en junio de este año, será un desafío importante para las empresas o importadores, quienes deberán hacerse cargo de los bienes producidos una vez que terminen su vida útil.
La normativa establece que una lista definida como productos “inservibles” -aceites lubricantes, aparatos electrónicos, baterías, pilas, revistas, diarios, envases, embalajes, medicamentos, neumáticos, vehículos y plaguicidas- deberán volver a las industrias donde fueron fabricados o a las bodegas donde comenzó su distribución.
Además de valorar la ley, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, indicó que los precios de estos productos aumentarán, ya que las empresas no asumirán los costos, traspasándolos directamente al consumidor: “Ellos deben presentar un plan de recuperación, puede llevarlo adelante una empresa en particular o, por ejemplo, todas las empresas que importan neumáticos en conjunto pueden hacer un sistema de reciclaje, compañías que van a ponerle un sobrecosto de 300 pesos, mil o dos mil pesos con el objeto de que el mismo consumidor pague lo que significa el reciclaje”, detalló.
Sara Larraín valoró igualmente el rol que tendrán que jugar los actuales recicladores informales, que con la ley deberán ser normalizados y trabajarán en conjunto con los municipios, que a su vez contarán con un fondo económico exclusivo destinado a transporte de productos “inservibles”.
Para la directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, el punto de conflicto será la exportación de residuos por parte de empresas que buscarían de esta forma ahorrarse los costos del proceso. En ese sentido, precisó que el caso más posible será el de las baterías en desuso, donde incluso se podrían violar acuerdos como el Convenio de Basilea: “Tiene que ver con el movimiento trasfronterizo de residuos peligrosos y eso nos puso en alerta, porque nosotros encontramos que este reglamento violaba el Convenio de Basilea, suscrito y ratificado por Chile”, subrayó.
La norma internacional, a la que Chile está adscrito mediante decreto del ministerio de Salud, señala que “se prohíbe el movimiento transfronterizo de baterías de plomo usadas desde Chile a terceros países, en tanto existan en el país instalaciones con capacidad para procesar estos residuos peligrosos”.
Según Raimundo Bordagorry, investigador del Centro de Energía de la Universidad Diego Portales, la implementación de la ley significará un avance, además de un negocio para empresas que se dedicarán exclusivamente a procesar desechos. Sin embargo, puso en duda la capacidad fiscalizadora del Estado para que las compañías cumplan con la tarea que los obliga la normativa: “La parte fiscalizadora es compleja y eso yo lo he visto durante los últimos 20 años en diferentes industrias, donde muchas se arriesgan a que no las revisen o pagan la multa, infracción que con la ley puede incluso incurrir en cierre temporal o definitivo de la empresa, así que es un desafío para las compañías en el país, sobre la base de un problema nacional, ya que no tenemos vertederos adecuados. En Santiago existe un colapso, los niveles de reciclaje de la población son muy bajos. Comparado a países con similar ingreso, estamos muy lejos de tener una solución al tema de los desechos”, sentenció.
Según cifras del ministerio de Medio Ambiente, en nuestro país se recicla menos del diez por ciento de los residuos domiciliarios y se producen cerca de 17 millones de toneladas de residuos cada año, de los cuales cerca de siete millones de toneladas corresponden a residuos domiciliarios. Esto implica que la tasa de generación de residuos es de poco más de un kilo diario por habitante, la que además crece cada año.
La Ley de Fomento al Reciclaje promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet en mayo de 2016, que será implementada en junio de este año, será un desafío importante para las empresas o importadores, quienes deberán hacerse cargo de los bienes producidos una vez que terminen su vida útil.
La normativa establece que una lista definida como productos “inservibles” -aceites lubricantes, aparatos electrónicos, baterías, pilas, revistas, diarios, envases, embalajes, medicamentos, neumáticos, vehículos y plaguicidas- deberán volver a las industrias donde fueron fabricados o a las bodegas donde comenzó su distribución.
Además de valorar la ley, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, indicó que los precios de estos productos aumentarán, ya que las empresas no asumirán los costos, traspasándolos directamente al consumidor: “Ellos deben presentar un plan de recuperación, puede llevarlo adelante una empresa en particular o, por ejemplo, todas las empresas que importan neumáticos en conjunto pueden hacer un sistema de reciclaje, compañías que van a ponerle un sobrecosto de 300 pesos, mil o dos mil pesos con el objeto de que el mismo consumidor pague lo que significa el reciclaje”, detalló.
Sara Larraín valoró igualmente el rol que tendrán que jugar los actuales recicladores informales, que con la ley deberán ser normalizados y trabajarán en conjunto con los municipios, que a su vez contarán con un fondo económico exclusivo destinado a transporte de productos “inservibles”.
Para la directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, el punto de conflicto será la exportación de residuos por parte de empresas que buscarían de esta forma ahorrarse los costos del proceso. En ese sentido, precisó que el caso más posible será el de las baterías en desuso, donde incluso se podrían violar acuerdos como el Convenio de Basilea: “Tiene que ver con el movimiento trasfronterizo de residuos peligrosos y eso nos puso en alerta, porque nosotros encontramos que este reglamento violaba el Convenio de Basilea, suscrito y ratificado por Chile”, subrayó.
La norma internacional, a la que Chile está adscrito mediante decreto del ministerio de Salud, señala que “se prohíbe el movimiento transfronterizo de baterías de plomo usadas desde Chile a terceros países, en tanto existan en el país instalaciones con capacidad para procesar estos residuos peligrosos”.
Según Raimundo Bordagorry, investigador del Centro de Energía de la Universidad Diego Portales, la implementación de la ley significará un avance, además de un negocio para empresas que se dedicarán exclusivamente a procesar desechos. Sin embargo, puso en duda la capacidad fiscalizadora del Estado para que las compañías cumplan con la tarea que los obliga la normativa: “La parte fiscalizadora es compleja y eso yo lo he visto durante los últimos 20 años en diferentes industrias, donde muchas se arriesgan a que no las revisen o pagan la multa, infracción que con la ley puede incluso incurrir en cierre temporal o definitivo de la empresa, así que es un desafío para las compañías en el país, sobre la base de un problema nacional, ya que no tenemos vertederos adecuados. En Santiago existe un colapso, los niveles de reciclaje de la población son muy bajos. Comparado a países con similar ingreso, estamos muy lejos de tener una solución al tema de los desechos”, sentenció.
Según cifras del ministerio de Medio Ambiente, en nuestro país se recicla menos del diez por ciento de los residuos domiciliarios y se producen cerca de 17 millones de toneladas de residuos cada año, de los cuales cerca de siete millones de toneladas corresponden a residuos domiciliarios. Esto implica que la tasa de generación de residuos es de poco más de un kilo diario por habitante, la que además crece cada año.
La Ley de Fomento al Reciclaje promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet en mayo de 2016, que será implementada en junio de este año, será un desafío importante para las empresas o importadores, quienes deberán hacerse cargo de los bienes producidos una vez que terminen su vida útil.
La normativa establece que una lista definida como productos “inservibles” -aceites lubricantes, aparatos electrónicos, baterías, pilas, revistas, diarios, envases, embalajes, medicamentos, neumáticos, vehículos y plaguicidas- deberán volver a las industrias donde fueron fabricados o a las bodegas donde comenzó su distribución.
Además de valorar la ley, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, indicó que los precios de estos productos aumentarán, ya que las empresas no asumirán los costos, traspasándolos directamente al consumidor: “Ellos deben presentar un plan de recuperación, puede llevarlo adelante una empresa en particular o, por ejemplo, todas las empresas que importan neumáticos en conjunto pueden hacer un sistema de reciclaje, compañías que van a ponerle un sobrecosto de 300 pesos, mil o dos mil pesos con el objeto de que el mismo consumidor pague lo que significa el reciclaje”, detalló.
Sara Larraín valoró igualmente el rol que tendrán que jugar los actuales recicladores informales, que con la ley deberán ser normalizados y trabajarán en conjunto con los municipios, que a su vez contarán con un fondo económico exclusivo destinado a transporte de productos “inservibles”.
Para la directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, el punto de conflicto será la exportación de residuos por parte de empresas que buscarían de esta forma ahorrarse los costos del proceso. En ese sentido, precisó que el caso más posible será el de las baterías en desuso, donde incluso se podrían violar acuerdos como el Convenio de Basilea: “Tiene que ver con el movimiento trasfronterizo de residuos peligrosos y eso nos puso en alerta, porque nosotros encontramos que este reglamento violaba el Convenio de Basilea, suscrito y ratificado por Chile”, subrayó.
La norma internacional, a la que Chile está adscrito mediante decreto del ministerio de Salud, señala que “se prohíbe el movimiento transfronterizo de baterías de plomo usadas desde Chile a terceros países, en tanto existan en el país instalaciones con capacidad para procesar estos residuos peligrosos”.
Según Raimundo Bordagorry, investigador del Centro de Energía de la Universidad Diego Portales, la implementación de la ley significará un avance, además de un negocio para empresas que se dedicarán exclusivamente a procesar desechos. Sin embargo, puso en duda la capacidad fiscalizadora del Estado para que las compañías cumplan con la tarea que los obliga la normativa: “La parte fiscalizadora es compleja y eso yo lo he visto durante los últimos 20 años en diferentes industrias, donde muchas se arriesgan a que no las revisen o pagan la multa, infracción que con la ley puede incluso incurrir en cierre temporal o definitivo de la empresa, así que es un desafío para las compañías en el país, sobre la base de un problema nacional, ya que no tenemos vertederos adecuados. En Santiago existe un colapso, los niveles de reciclaje de la población son muy bajos. Comparado a países con similar ingreso, estamos muy lejos de tener una solución al tema de los desechos”, sentenció.
Según cifras del ministerio de Medio Ambiente, en nuestro país se recicla menos del diez por ciento de los residuos domiciliarios y se producen cerca de 17 millones de toneladas de residuos cada año, de los cuales cerca de siete millones de toneladas corresponden a residuos domiciliarios. Esto implica que la tasa de generación de residuos es de poco más de un kilo diario por habitante, la que además crece cada año.
