Alto Maipo: banca internacional podría retirar financiamiento para proyecto hidroléctrico
El BID y el Banco Mundial aportan cerca de 20 por ciento del costo total de la inversión. Las quejas de movimientos ciudadanos fueron acogidas por esas instancias multilaterales, que enviarán expertos para evaluar su impacto ambiental.
Miércoles 22 de marzo 2017 22:04 hrs.
En una jugada estratégica, la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo y la ONG Ecosistema presentaron una queja al mecanismo de control interno del Banco Mundial y el BID, dos entidades que en la actualidad financian cerca del 20 por ciento del megaproyecto que a pesar de la férrea oposición de las comunidades sigue en construcción.
Durante 2015, Marcela Mella, dirigente de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo y Juan Pablo Orrego, director de la ONG Ecosistema, viajaron a Washington donde sostuvieron una reunión con las entidades financistas del megaproyecto.
En dicha instancia los representantes de la banca internacional acogieron la iniciativa y les señalaron todos los procedimientos que debían seguir para presentar una queja en contra de la hidroeléctrica en construcción.
A su regreso a Chile, los representantes de la comunidad afectada comenzaron a elaborar los informes, sistematizaron la información recopilada por casi cuatro años y presentaron un documento de más de 50 carillas donde dieron cuenta de todos los daños que traería la instalación y funcionamiento del proyecto Alto Maipo.
Marcela Mella, quien ha luchado en contra del proyecto desde que se inició, explica que la internacionalización de sus denuncias responden a “las escasas posibilidades que la institucionalidad ambiental de Chile entrega a las comunidades para la defensa de su territorio. Sumado a esto al tráfico de influencias y las posiciones políticas que toman decisiones solo pensando en su beneficio”.
Decisión comunitaria estratégica
Al interiorizarse en las políticas de desarrollo sustentable del BID y el Banco Mundial, inmediatamente saltan a la luz las incompatibilidades que tiene el megaproyecto hidroeléctrico del Río Maipo respecto a sus instituciones financistas.
Dichas entidades internacionales abordaron estrictas políticas sociales, medioambientales y económicas para resguardan su funcionamiento al ejecutar préstamos a privados, ya que desde su origen estos bancos solo financiaban a estados pequeños.
El Diario Electrónico de Radio Universidad de Chile tuvo acceso exclusivo a la carta que se le envío al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID donde se expone: “Este proyecto fue aprobado por las autoridades chilenas en el año 2009, cuando su costo estimado era una cuarta parte del costo actual. Además, el proceso de aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental se llevó a cabo con sustanciales irregularidades e información imprecisa. Por ejemplo, la Empresa señaló que la electricidad producida abastecería a la población en general, sin embargo, gran parte de ésta está destinada a un proyecto minero privado, Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, ubicado a 250 kilómetros al norte del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM). En el contrato suscrito entre las dos empresas, al proyecto Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, se le garantiza el acceso sin restricciones de hasta 110 MW del PHAM, durante 20 años, a cambio de una participación de inversión de propiedad del 40 por ciento en el PHAM”.
Asimismo, dentro de la argumentación de la carta enviada por la comunidad, se argumenta que la política de sustentabilidad de las entidades norteamericanas se contrapone con el desarrollo del proyecto Alto Maipo, ya que”la evaluación, construcción y ejecución del PHAM va en contra de los objetivos de esta Política, y en mayor medida del objetivo que propone “asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en la presente Política”.
Las agrupaciones que promueven la sustentabilidad de la cuenca del Río Maipo sostuvieron que “el PHAM no se sostiene social, ambiental ni económicamente, tanto en su etapa de evaluación (la licencia ambiental fue aprobada con irregularidades) como de construcción. Para ilustrar este punto, hemos elaborado dos documentos, uno que resume los principales impactos sociales y ambientales del PHAM, y un segundo que resume los principales problemas de la evaluación ambiental del proyecto”.
El documento además recalca que a pesar de que el proyecto se presentó como una central de paso (ROR), técnica y legalmente no lo es. Un proyecto con un túnel de 67 kilómetros de largo que trasvasija tres subcuencas y devuelve las aguas al río Maipo 100 kilómetros más abajo, restituyendo las aguas con su calidad y cantidad alterada, y que limita el uso del agua de cuatro ríos a muchos usuarios, no es un genuino proyecto hidroeléctrico de pasada.
Esto entre otros ejes que sistematizaron la Ong Ecosistemas y la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, entre los que se encuentran: Irregularidades en la evaluación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y la entrega de la licencia ambiental del PHAM, No consideración del cambio climático, Falta de participación ciudadana efectiva, Falta de una gestión del desempeño ambiental y social del proyecto, Ineficiencia del PHAM, Condiciones de trabajo inadecuadas y Vulneración de Derechos Humanos
Los montos
En un comienzo, y de acuerdo a la información publicada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el costo estimado del PHAM era de 600 millones de dólares. Luego, en el año 2012, se publicaba en los medios que el proyecto aumentaba la inversión en un 60 por ciento, señalándose un aumento desde mil a mil 600 millones de dólares.
Sin embargo, según información publicada en el sitio web del BID, el proyecto tendría un costo de 2.053 millones de dólares, de los cuales el BID aportaría 200 millones de dólares con su financiamiento.
En julio de 2016, la empresa anunció un aumento que podría superar el 20 por ciento sobre el presupuesto original (que, como se puede observar, nunca ha estado claro) y una nueva demora en su construcción. De acuerdo a información publicada a fines de agosto del 2016, el costo final de la iniciativa fluctuaría entre los 2.225 y 2.427 millones de dólares.
Del total del costo del proyecto la Corporación Financiera Internacional perteneciente al Banco mundial le entregó al proyecto Alto Maipo 150 millones de dólares, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo lo financió con 200 millones de dólares. El resto del monto fue asumido por OPIC de capitales Estadounidenses, tres bancos Chilenos: Banco de Crédito e Inversiones, Banco Estado, CorpBanca/Itaú-Chile, el banco alemán KfW Ipex-Bank Gmbtt y el banco noruego DNB Bank Asa.
En el caso de los bancos chilenos también deberían revisar sus políticas de sustentabilidad para cerciorarse que están en la línea de lo que proponen en sus políticas, puesto que de lo contrario podrían tornarse incoherente sus reportes de sustentabilidad.
Los ejecutivos del CFI del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo aún no estipulan una fecha exacta para su visita en terreno. Una vez realizada la inspección y las reuniones con las comunidades afectadas, los inspectores tendrán que enviar observaciones al directorio de las entidades a las que representan para que frente a esto puedan tomar decisiones.
Según señala Marcela Mella, estas decisiones, de ser favorables para las demandas que han presentado los movimientos sociales, podría significar el retiro de hasta el 20 por ciento del financiamiento del proyecto que serían alrededor de 350 millones de dólares. Sumado a la pérdida total de la reputación internacional de AS Gener como inversionista con todas la falencias descritas.
En una jugada estratégica, la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo y la ONG Ecosistema presentaron una queja al mecanismo de control interno del Banco Mundial y el BID, dos entidades que en la actualidad financian cerca del 20 por ciento del megaproyecto que a pesar de la férrea oposición de las comunidades sigue en construcción.
Durante 2015, Marcela Mella, dirigente de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo y Juan Pablo Orrego, director de la ONG Ecosistema, viajaron a Washington donde sostuvieron una reunión con las entidades financistas del megaproyecto.
En dicha instancia los representantes de la banca internacional acogieron la iniciativa y les señalaron todos los procedimientos que debían seguir para presentar una queja en contra de la hidroeléctrica en construcción.
A su regreso a Chile, los representantes de la comunidad afectada comenzaron a elaborar los informes, sistematizaron la información recopilada por casi cuatro años y presentaron un documento de más de 50 carillas donde dieron cuenta de todos los daños que traería la instalación y funcionamiento del proyecto Alto Maipo.
Marcela Mella, quien ha luchado en contra del proyecto desde que se inició, explica que la internacionalización de sus denuncias responden a “las escasas posibilidades que la institucionalidad ambiental de Chile entrega a las comunidades para la defensa de su territorio. Sumado a esto al tráfico de influencias y las posiciones políticas que toman decisiones solo pensando en su beneficio”.
Decisión comunitaria estratégica
Al interiorizarse en las políticas de desarrollo sustentable del BID y el Banco Mundial, inmediatamente saltan a la luz las incompatibilidades que tiene el megaproyecto hidroeléctrico del Río Maipo respecto a sus instituciones financistas.
Dichas entidades internacionales abordaron estrictas políticas sociales, medioambientales y económicas para resguardan su funcionamiento al ejecutar préstamos a privados, ya que desde su origen estos bancos solo financiaban a estados pequeños.
El Diario Electrónico de Radio Universidad de Chile tuvo acceso exclusivo a la carta que se le envío al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID donde se expone: “Este proyecto fue aprobado por las autoridades chilenas en el año 2009, cuando su costo estimado era una cuarta parte del costo actual. Además, el proceso de aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental se llevó a cabo con sustanciales irregularidades e información imprecisa. Por ejemplo, la Empresa señaló que la electricidad producida abastecería a la población en general, sin embargo, gran parte de ésta está destinada a un proyecto minero privado, Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, ubicado a 250 kilómetros al norte del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM). En el contrato suscrito entre las dos empresas, al proyecto Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, se le garantiza el acceso sin restricciones de hasta 110 MW del PHAM, durante 20 años, a cambio de una participación de inversión de propiedad del 40 por ciento en el PHAM”.
Asimismo, dentro de la argumentación de la carta enviada por la comunidad, se argumenta que la política de sustentabilidad de las entidades norteamericanas se contrapone con el desarrollo del proyecto Alto Maipo, ya que”la evaluación, construcción y ejecución del PHAM va en contra de los objetivos de esta Política, y en mayor medida del objetivo que propone “asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en la presente Política”.
Las agrupaciones que promueven la sustentabilidad de la cuenca del Río Maipo sostuvieron que “el PHAM no se sostiene social, ambiental ni económicamente, tanto en su etapa de evaluación (la licencia ambiental fue aprobada con irregularidades) como de construcción. Para ilustrar este punto, hemos elaborado dos documentos, uno que resume los principales impactos sociales y ambientales del PHAM, y un segundo que resume los principales problemas de la evaluación ambiental del proyecto”.
El documento además recalca que a pesar de que el proyecto se presentó como una central de paso (ROR), técnica y legalmente no lo es. Un proyecto con un túnel de 67 kilómetros de largo que trasvasija tres subcuencas y devuelve las aguas al río Maipo 100 kilómetros más abajo, restituyendo las aguas con su calidad y cantidad alterada, y que limita el uso del agua de cuatro ríos a muchos usuarios, no es un genuino proyecto hidroeléctrico de pasada.
Esto entre otros ejes que sistematizaron la Ong Ecosistemas y la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, entre los que se encuentran: Irregularidades en la evaluación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y la entrega de la licencia ambiental del PHAM, No consideración del cambio climático, Falta de participación ciudadana efectiva, Falta de una gestión del desempeño ambiental y social del proyecto, Ineficiencia del PHAM, Condiciones de trabajo inadecuadas y Vulneración de Derechos Humanos
Los montos
En un comienzo, y de acuerdo a la información publicada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el costo estimado del PHAM era de 600 millones de dólares. Luego, en el año 2012, se publicaba en los medios que el proyecto aumentaba la inversión en un 60 por ciento, señalándose un aumento desde mil a mil 600 millones de dólares.
Sin embargo, según información publicada en el sitio web del BID, el proyecto tendría un costo de 2.053 millones de dólares, de los cuales el BID aportaría 200 millones de dólares con su financiamiento.
En julio de 2016, la empresa anunció un aumento que podría superar el 20 por ciento sobre el presupuesto original (que, como se puede observar, nunca ha estado claro) y una nueva demora en su construcción. De acuerdo a información publicada a fines de agosto del 2016, el costo final de la iniciativa fluctuaría entre los 2.225 y 2.427 millones de dólares.
Del total del costo del proyecto la Corporación Financiera Internacional perteneciente al Banco mundial le entregó al proyecto Alto Maipo 150 millones de dólares, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo lo financió con 200 millones de dólares. El resto del monto fue asumido por OPIC de capitales Estadounidenses, tres bancos Chilenos: Banco de Crédito e Inversiones, Banco Estado, CorpBanca/Itaú-Chile, el banco alemán KfW Ipex-Bank Gmbtt y el banco noruego DNB Bank Asa.
En el caso de los bancos chilenos también deberían revisar sus políticas de sustentabilidad para cerciorarse que están en la línea de lo que proponen en sus políticas, puesto que de lo contrario podrían tornarse incoherente sus reportes de sustentabilidad.
Los ejecutivos del CFI del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo aún no estipulan una fecha exacta para su visita en terreno. Una vez realizada la inspección y las reuniones con las comunidades afectadas, los inspectores tendrán que enviar observaciones al directorio de las entidades a las que representan para que frente a esto puedan tomar decisiones.
Según señala Marcela Mella, estas decisiones, de ser favorables para las demandas que han presentado los movimientos sociales, podría significar el retiro de hasta el 20 por ciento del financiamiento del proyecto que serían alrededor de 350 millones de dólares. Sumado a la pérdida total de la reputación internacional de AS Gener como inversionista con todas la falencias descritas.
En una jugada estratégica, la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo y la ONG Ecosistema presentaron una queja al mecanismo de control interno del Banco Mundial y el BID, dos entidades que en la actualidad financian cerca del 20 por ciento del megaproyecto que a pesar de la férrea oposición de las comunidades sigue en construcción.
Durante 2015, Marcela Mella, dirigente de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo y Juan Pablo Orrego, director de la ONG Ecosistema, viajaron a Washington donde sostuvieron una reunión con las entidades financistas del megaproyecto.
En dicha instancia los representantes de la banca internacional acogieron la iniciativa y les señalaron todos los procedimientos que debían seguir para presentar una queja en contra de la hidroeléctrica en construcción.
A su regreso a Chile, los representantes de la comunidad afectada comenzaron a elaborar los informes, sistematizaron la información recopilada por casi cuatro años y presentaron un documento de más de 50 carillas donde dieron cuenta de todos los daños que traería la instalación y funcionamiento del proyecto Alto Maipo.
Marcela Mella, quien ha luchado en contra del proyecto desde que se inició, explica que la internacionalización de sus denuncias responden a “las escasas posibilidades que la institucionalidad ambiental de Chile entrega a las comunidades para la defensa de su territorio. Sumado a esto al tráfico de influencias y las posiciones políticas que toman decisiones solo pensando en su beneficio”.
Decisión comunitaria estratégica
Al interiorizarse en las políticas de desarrollo sustentable del BID y el Banco Mundial, inmediatamente saltan a la luz las incompatibilidades que tiene el megaproyecto hidroeléctrico del Río Maipo respecto a sus instituciones financistas.
Dichas entidades internacionales abordaron estrictas políticas sociales, medioambientales y económicas para resguardan su funcionamiento al ejecutar préstamos a privados, ya que desde su origen estos bancos solo financiaban a estados pequeños.
El Diario Electrónico de Radio Universidad de Chile tuvo acceso exclusivo a la carta que se le envío al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID donde se expone: “Este proyecto fue aprobado por las autoridades chilenas en el año 2009, cuando su costo estimado era una cuarta parte del costo actual. Además, el proceso de aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental se llevó a cabo con sustanciales irregularidades e información imprecisa. Por ejemplo, la Empresa señaló que la electricidad producida abastecería a la población en general, sin embargo, gran parte de ésta está destinada a un proyecto minero privado, Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, ubicado a 250 kilómetros al norte del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM). En el contrato suscrito entre las dos empresas, al proyecto Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, se le garantiza el acceso sin restricciones de hasta 110 MW del PHAM, durante 20 años, a cambio de una participación de inversión de propiedad del 40 por ciento en el PHAM”.
Asimismo, dentro de la argumentación de la carta enviada por la comunidad, se argumenta que la política de sustentabilidad de las entidades norteamericanas se contrapone con el desarrollo del proyecto Alto Maipo, ya que”la evaluación, construcción y ejecución del PHAM va en contra de los objetivos de esta Política, y en mayor medida del objetivo que propone “asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en la presente Política”.
Las agrupaciones que promueven la sustentabilidad de la cuenca del Río Maipo sostuvieron que “el PHAM no se sostiene social, ambiental ni económicamente, tanto en su etapa de evaluación (la licencia ambiental fue aprobada con irregularidades) como de construcción. Para ilustrar este punto, hemos elaborado dos documentos, uno que resume los principales impactos sociales y ambientales del PHAM, y un segundo que resume los principales problemas de la evaluación ambiental del proyecto”.
El documento además recalca que a pesar de que el proyecto se presentó como una central de paso (ROR), técnica y legalmente no lo es. Un proyecto con un túnel de 67 kilómetros de largo que trasvasija tres subcuencas y devuelve las aguas al río Maipo 100 kilómetros más abajo, restituyendo las aguas con su calidad y cantidad alterada, y que limita el uso del agua de cuatro ríos a muchos usuarios, no es un genuino proyecto hidroeléctrico de pasada.
Esto entre otros ejes que sistematizaron la Ong Ecosistemas y la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, entre los que se encuentran: Irregularidades en la evaluación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y la entrega de la licencia ambiental del PHAM, No consideración del cambio climático, Falta de participación ciudadana efectiva, Falta de una gestión del desempeño ambiental y social del proyecto, Ineficiencia del PHAM, Condiciones de trabajo inadecuadas y Vulneración de Derechos Humanos
Los montos
En un comienzo, y de acuerdo a la información publicada en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el costo estimado del PHAM era de 600 millones de dólares. Luego, en el año 2012, se publicaba en los medios que el proyecto aumentaba la inversión en un 60 por ciento, señalándose un aumento desde mil a mil 600 millones de dólares.
Sin embargo, según información publicada en el sitio web del BID, el proyecto tendría un costo de 2.053 millones de dólares, de los cuales el BID aportaría 200 millones de dólares con su financiamiento.
En julio de 2016, la empresa anunció un aumento que podría superar el 20 por ciento sobre el presupuesto original (que, como se puede observar, nunca ha estado claro) y una nueva demora en su construcción. De acuerdo a información publicada a fines de agosto del 2016, el costo final de la iniciativa fluctuaría entre los 2.225 y 2.427 millones de dólares.
Del total del costo del proyecto la Corporación Financiera Internacional perteneciente al Banco mundial le entregó al proyecto Alto Maipo 150 millones de dólares, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo lo financió con 200 millones de dólares. El resto del monto fue asumido por OPIC de capitales Estadounidenses, tres bancos Chilenos: Banco de Crédito e Inversiones, Banco Estado, CorpBanca/Itaú-Chile, el banco alemán KfW Ipex-Bank Gmbtt y el banco noruego DNB Bank Asa.
En el caso de los bancos chilenos también deberían revisar sus políticas de sustentabilidad para cerciorarse que están en la línea de lo que proponen en sus políticas, puesto que de lo contrario podrían tornarse incoherente sus reportes de sustentabilidad.
Los ejecutivos del CFI del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo aún no estipulan una fecha exacta para su visita en terreno. Una vez realizada la inspección y las reuniones con las comunidades afectadas, los inspectores tendrán que enviar observaciones al directorio de las entidades a las que representan para que frente a esto puedan tomar decisiones.
Según señala Marcela Mella, estas decisiones, de ser favorables para las demandas que han presentado los movimientos sociales, podría significar el retiro de hasta el 20 por ciento del financiamiento del proyecto que serían alrededor de 350 millones de dólares. Sumado a la pérdida total de la reputación internacional de AS Gener como inversionista con todas la falencias descritas.
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