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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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Exigen quitar privilegios carcelarios a 33 ex CNI condenados por violación a los DDHH

Según el abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Francisco Jara, los 33 responsables de crímenes de lesa humanidad serán trasladados a Colina 1 en pasillos distintos a la población penal común. En este sentido, el jurista exigió que se debe avanzar en el cierre de "cárceles de lujo".

Natalia Figueroa

  Jueves 23 de marzo 2017 19:25 hrs. 
punta-peuco

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Luego que la Corte Suprema dictara una sentencia contra 33 ex agentes de la CNI por violación a los derechos humanos, se informó que estos condenados cumplirán su sentencia en el centro penitenciario Colina 1.

Sin embargo, la decisión definitiva será tomada por Gendarmería cuando se ejecute la sentencia, porque aún existen recursos pendientes.

Los condenados serán trasladados al recinto dependiendo de los cupos que tengan los penales. Punta Peuco informó que sólo tiene seis cupos disponibles. Por lo mismo, fueron habilitados pabellones en Colina 1 para más de veinte de los ex agentes.

Ante esto, surgen dudas respecto de las condiciones en que estarían y si estarán en un nuevo sector privilegiado al interior de este penal. Esto, considerando que hace meses se inició una ampliación del recinto.

El abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Francisco Jara, señaló que estos condenados no estarían junto a la población penal común, pero de todas maneras se espera que no ocupen un lugar privilegiado como se configuró en Punta Peuco.

Además, el abogado señaló que las autoridades de justicia deben avanzar en el cierre de las “cárceles de lujo” como fue cerrado el penal Cordillera. Esta ha sido la posición manifestada por las distintas organizaciones de derechos humanos que han desestimado todos los beneficios otorgados a asesinos, torturadores y cómplices de los crímenes perpetrados durante la Dictadura.

Sumado a estas condenas la Corte Suprema confirmó las demandas de indemnización presentadas en contra del Estado que ahora deberá pagar 380 millones de pesos a los familiares de las víctimas en estos casos.

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