Este miércoles en el marco de las reuniones que sostienen tanto las Universidades del G9 como las del Consorcio de Universidades del Estado (Cuech), los rectores se refirieron a los últimos anuncios sobre la Reforma a la Educación Superior.

Desde las universidades privadas pertenecientes al Consejo de Rectores (Cruch), Claudio Elórtegui, rector de la Universidad Católica de Valparaíso y presidente del G9, considera que las nuevas indicaciones van en una dirección correcta pero muy imprecisa. “A nosotros nos parece bien que a las universidades del Estado se le esté dando certezas. Siempre hemos planteado que nuestra argumentación no es contra estas instituciones, sino en defensa del carácter de nuestras universidades, que está seriamente amenazado en el proyecto de reforma que hoy se discute en el parlamento. Aunque hay algunas señales esperanzadoras, todavía están muy lejos de concretarse”.

Por su parte, Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile y presidente del Cuech, se mostró conforme con el proyecto de una ley para las universidades del Estado ya que permitirá destrabar la discusión y avanzar hacia la implementación de una reforma para el sistema en su conjunto.

En este sentido, enfatizó en la disposición que ha tenido el Ministerio para escuchar los argumentos y propuestas que han presentado los rectores de estas universidades. Además, señaló que el modo en cómo que se ha manejado el tema hasta el momento ha impedido cambios sustantivos dentro del sistema. Así se mostró en acuerdo con al fragmentación de la discusión, pues esto aceleraría el trámite parlamentario.

Los rectores del Cruch se reunirán este jueves para discutir las modificaciones a la Reforma.

La ofensiva de las universidades privadas

Mediante una columna, los rectores de las Universidades Alberto Hurtado y Diego Portales, Eduardo Silva y Carlos Peña respectivamente, amenazaron con no adherir a la gratuidad el 2018 si es que no se hacen cambios sustantivos a la propuesta del Gobierno.

Uno de los principales problemas sería el déficit que les provoca a estas instituciones cubrir la brecha que se produce entre el arancel regulado, que corresponde a un promedio entre lo que el Estado dice que debe costar una carrera y lo que cobra la universidad, y el arancel real. De acuerdo a la legislación, el monto que se entrega por alumno con gratuidad es el del arancel regulado.

Según los rectores, “la reforma a educación superior queda reducida a tres objetivos: favorecer a las universidades estatales, crear una superintendencia y reafirmar la política de gratuidad”.

Además agregaron que desde Estado esperan que el futuro de esta garantía para los estudiantes de las Universidades Privadas no pertenecientes al Cruch, se sostenga sacrificando investigación, vínculos con el medio y actividad editorial, bienes que, según señalaron, les ha costado construir.

A estas palabras se sumó también la Universidad Finis Terrae, que determinó que analizará en noviembre si continúa adscrita al beneficio.

Mientras que Teodoro Rivera, rector de la Universidad Autónoma, mencionó que si bien comparte las apreciaciones de Peña y Silva, se harán todos los esfuerzos por mantener la gratuidad. Desde su perspectiva, el problema es que no existe una política de largo plazo y que la asignación de recursos sigue dependiendo del presupuesto que se fija año a año.“Alrededor del 50 por ciento de los alumnos de la Universidad Autónoma de Chile tienen gratuidad y queremos que lo mantengan. Creemos que tenemos la solvencia para seguir al menos un año más con esto, pero es indudable que se requieren definiciones de largo plazo”.

Ante dichas declaraciones, la Ministra Delpiano señaló que no entendía las palabras de los rectores como una amenaza y que no se volverá atrás con el derecho a gratuidad. Además, comentó que desde este año existe un fondo compensatorio para las universidades que realizan investigación y que durante la discusión de presupuesto se analizará el modo en que ese fondo se incremente para que ninguna institución quede fuera.

Respecto a este tema, Claudio Elórtegui dijo que no se puede permitir que la gratuidad perjudique la calidad de las universidades.

En tanto, el rector de la Universidad de Chile indicó que aunque solidariza con las inquietudes de los rectores de la Universidad Diego Portales y Alberto Hurtado, considera que es importante que se regule la forma en la que se ha manejado el tema del financiamiento. “Lo que yo les diría a esos dos rectores es que debe quedar muy claro que la total irresponsabilidad con la que se ha manejado el tema del financiamiento no es un hecho aislado. La solución para ese problema es que se vuelva a tener una concepción del sistema en su conjunto”, enfatizó Vivaldi, agregando que el Cruch no puede ser un organismo cerrado y que siempre existe la posibilidad que nuevas instituciones se unan a él. Una de las garantías de pertenecer a esta organización es recibir aportes basales del Estado.

Del beneficio de gratuidad participan 12 planteles de educación superior técnica y 38 universidades, entre las que se encuentran 18 estatales, nueve privadas pertenecientes al Cruch y otras cinco privadas fuera de este organismo que son la Universidad Diego Portales, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Católica Silva Henríquez, la Universidad Finis Terrae y la Universidad Autónoma.