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Año XII, 15 de agosto de 2020

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Desaparición de personas y prohibición de torturas: los grandes ausentes en la reforma curricular de las FFAA

El ministerio de Defensa anunció una modificación a las mallas curriculares, centrada en los DDHH y perspectiva de género. Desde el INDH enfatizaron que el cambio es a largo plazo teniendo en cuenta que las FF.AA tienen una larga tradición que no se originó bajo estos criterios.

Natalia Figueroa

  Sábado 1 de abril 2017 12:29 hrs. 





Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) enfatizaron que es el cambio en este enfoque es a largo plazo teniendo en cuenta que las FF.AA tienen una larga tradición que no se originó bajo estos criterios, al igual que la mayoría de las instituciones públicas.

Los últimos años han sido claves en el debate sobre la formación de las Fuerzas Armadas. Derechos Humanos y equidad de género son dos de los temas que acusan la necesidad de una actualización en la formación de los futuros militares.

Las denuncias por abuso de fuerza policial en el control de marchas o en La Araucanía, y las de las funcionarias de la Marina en contra de compañeros que las habían fotografiado sin autorización, son ejemplos que pusieron en el tapete la necesidad de reformular la enseñanza inicial de los uniformados.

Así lo confirmó Paulina Vodanovic a La Tercera. La subsecretaria aseguró que es fundamental que todas las ramas de las Fuerzas Armadas mantengan durante toda la formación un enfoque de derechos humanos, que incluya actualizaciones de género e inclusión social.

Para ello se trabaja en aunar criterios en la inclusión de los derechos humanos en la Armada, Ejército y Fuerza Aérea, cambios que serían aplicados desde 2018.

El trabajo ha sido coordinado entre los ministerios de Defensa, Justicia y de la Mujer y la Equidad de Género, reparticiones que desde 2016 avanzan en la nueva malla curricular. Durante el último trimestre de este año se contempla realizar una capacitación en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), actor clave en este proceso.

El coronel Luis Chaparro, jefe del departamento de Educación del Ejército, explicó a Radio y Diario Universidad de Chile que en 2000 se comenzó a analizar la manera de integrar estos contenidos en las mallas curriculares y se inició un proceso transitorio que culminó en 2014. Este programa es aplicado en los distintos niveles de formación, desde los cursos de armas y servicios, hasta el nivel de guerra y politécnica militar. Antes de esa fecha sólo se contaba con charlas o seminarios que les entregaban perspectivas de derechos humanos a los nuevos militares.

Chaparro precisó que desde 2010 se comenzó a revisar la readecuación de los procesos formativos del Ejército, que principalmente se habían enfocado en la enseñanza del derecho internacional humanitario y sobre los conflictos armados. La idea era que todas las escuelas matrices contaran con mallas de contenidos más fortalecidas. “Como Ejército nos adelantamos a lo que planteó el ministerio de Defensa y que anunció la subsecretaría para el 2018: implementar la totalidad de materias que conforman el núcleo básico en esta formación”.

Las materias pendientes: desaparición de personas y la prohibición de la tortura

En 2012, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció como un derecho de la ciudadanía la educación en materia de derechos humanos. En Chile, el proceso general de integración de este enfoque a la educación es nuevo y ha sido muy lento.

Las instituciones subrayan que los programas de DD.HH se han aplicado sistemáticamente en la formación de los funcionarios. Sin embargo, son reiteradas las denuncias que acusan de graves vulneraciones que ejecutan los funcionarios de la seguridad pública a los derechos de la ciudadanía.

Una de las sentencias por este tipo de casos se conoció la semana pasada. El Juzgado de Garantía de Temuco condenó a 40 días de prisión al carabinero en retiro Héctor Venegas Sáez por el delito de apremios ilegítimos cometido en perjuicio del vendedor ambulante Luis Reyes Ruiz. El trabajador declaró que una vez detenido fue llevado a la comisaría donde sufrió agresiones físicas: le lanzaron sustancias químicas, lo amenazaron verbalmente y con armas de fuego, incluso lo obligaron a beber agua del baño de la comisaría.

Por eso se pone énfasis en el cambio cultural que subyace a la modificación de mallas curriculares. Para el jefe de la Unidad de Educación y Promoción del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Enrique Azua, es necesario distinguir las actuaciones de los funcionarios en casos de abusos, del avance que tienen los programas de educación que son a largo plazo.

Azua explicó que cuando hablamos del cambio en la cultura de derechos humanos existen dos mecanismos básicos: el sistema jurídico normativo para evitar que los abusos se produzcan, y querellarse si es necesario; y, lograr que las personas modifiquen sus criterios para que actúen dentro de un determinado marco de derechos.

Así, el diagnóstico del INDH es que si bien se han integrado materias de derechos humanos en la formación de los nuevos militares, todavía es insuficiente.

En esa línea, detalló que no depende de algunas materias que se incorporen en las mallas, sino que asumir un nuevo trato con las comunidades vulnerables – indígenas, migrantes, niños, privados de libertad- y en eso todavía la educación de estas instituciones es débil.

Azúa confirmó que se avanza en materias como derecho humanitario. Sin embargo, hay precariedad en torno a temas como la prohibición de la tortura, la desaparición de personas, las violaciones a los derechos humanos en la historia de Chile, las normas internacionales de DD.HH.

A esto es pertinente agregar que en la experiencia de otros países, Perú y Bolivia, también se ha integrado una perspectiva sobre descolonización y comunidades indígenas, lo que en Chile no está contemplado.

El profesor señaló que el proceso final al que se apunta es complejo y a largo plazo. Lo primero que se debe resolver es que la persona se reconozca a sí mismo como sujeto de derecho para reconocer a los otros en la misma condición. “Los cambios dependen del reconocimiento que tienen de determinadas conductas que se consideran normales. Es un proceso ambicioso, pero va generando sinergia también con los otros procesos sociales”.

La apropiación de valores para que se apliquen en lo cotidiano es el desafío más grande para estas instituciones de seguridad pública y así terminar con los abusos y la violencia en los procedimientos que ejecutan. Por ejemplo, la diversidad sexual, los derechos de mujeres y de la población migrante son realidades que han generado el cuestionamiento a la política institucional, señaló el profesor Azua. Sin embargo, este escenario se extiende: “Tenemos deficiencia en la educación en derechos humanos en Carabineros, pero también lo tenemos en periodistas, en abogados, en jueces y en fiscales”.

En este proceso, indicó, es fundamenta “tener presente que las FF.AA tienen una larga tradición que desde sus orígenes no se configuraron sobre la base de los derechos humanos y eso también se extiende a la mayoría de las instituciones públicas”.

Carabineros por fuera de la reforma

En 2011, durante el gobierno de Sebastián Piñera, Carabineros pasó a depender del Ministerio del Interior después de 36 años de estar bajo la administración de la cartera de Defensa. En esa oportunidad, el entonces ministro Andrés Allamand, destacó un rasgo esencial de la institución que se había conservado inalterable desde su creación: su carácter militar.

Por este traspaso de competencias en la institucionalidad, Carabineros no se acogería a esta modificación en sus currículos. Sin embargo, la teniente general Karina Soza, encargada del departamento de Derechos Humanos de Carabineros, dijo que estaban llanos a recibir cualquier oportunidad de los ministerios competentes a reformar sus programas educativos respecto de temas puntuales como la equidad de género.

En esa línea, explicó que el ramo de DD.HH se transversalizó en las técnicas de defensa personal, arma y tiro y tácticas policiales. Es decir, en las acciones para detentar el monopolio de la fuerza.

En 2013, se estableció que el modelo institucional constaría de cinco niveles de resistencia y cinco niveles de fuerza que son aplicadas en los procedimientos policiales: “El primero es de cooperación, es decir cuando una persona cumple indicaciones y se alcanza un diálogo; el segundo es de resistencia pasiva, es cuando hay una conducta indolente y el funcionario aplica la persuasión; en el tercer nivel, hay una oposición absoluta a la fiscalización y aquí la fuerza es activa y se permite el control físico; el cuarto nivel es cuando se intenta lesionar al carabinero, pero no se pone en su vida y ya se puede comenzar a aplicar los carros lanza guas y gases lacrimógenos con tácticas defensivas; por último, cuando se ataca al personal con armas o se ve en riesgo su vida, estamos autorizados para hacer uso de las armas de fuego”.

Así, la funcionaria enfatizó que “estas indicaciones están absolutamente asumidas por Carabineros” y que el énfasis de la educación está en promover la defensa de un tercero, pero primando la propia vida.

“Si alguna acción vulnera los estatutos, entonces tenemos sistemas de reclamos y se procede a investigaciones”, señaló refiriéndose al cuestionamiento permanente a los protocolos de Carabineros y las permanentes denuncias exceso de violencia ejercida contra la ciudadanía.